Anuncio Oficial. Tarifazo “gradual”: mísero tope de 400 % a las facturas del gas

El Gobierno anunció ayer lunes un tope de aumento de 400 % de la tarifa del gas respecto de la factura de igual bimestre de un año atrás. Además afirmó que convocará a una audiencia pública en octubre y que hoy presentará un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara Federal de La Plata ante la Corte Suprema de Justicia. Las empresas tendrán que refacturar los consumos, retroactivos al 1º de abril.

El jefe de Gabinete Marcos Peña, en la conferencia de prensa convocada en la Casa de Gobierno, junto a los ministros de Energía, Juan José Aranguren y de Justicia, Germán Garavano, afirmó que "queremos anunciar luego de escuchar y dialogar una resolución con un tope de 400 % de aumento en la factura de gas retroactivo al 1º de abril". El funcionario pretendió mostrar que luego de escuchar a los usuarios, desde el oficialismo decidieron conceder un aumento “gradual” de las tarifas.
Aranguren explicó que el tope regirá para el servicio de gas y no abarca a los de electricidad y agua. El Ministro de Energía, a modo de ejemplo, señaló que "una persona que pagó el año pasado 300 pesos, este año abonará el 400 % más sobre ese valor, de manera que a esos 300 pesos deberá agregarle 1.200 pesos más, con lo cual este bimestre no abonará más que 1.500 pesos". En concreto, el ex CEO de Shell está diciendo que luego de “analizar” la situación y “escuchar” los reclamos, ahora “sólo” habrá que tomar la factura de los bimestres del año pasado y multiplicarlas por cinco. Resultaría cómico si no fuera un golpe tan brutal al bolsillo popular.

En sintonía con las declaraciones del presidente, que ayer había afirmado que "si están en sus casas en remera y en patas, están consumiendo energía de más", Peña sostuvo que "esto ayudará a pasar esta primera etapa de transición, mientras vamos tomando consciencia que tenemos un problema y tenemos que ir cambiando los hábitos para generar un camino de sustentabilidad".

Las afirmaciones de los funcionarios de Cambiemos apuntaron contra el consumo de la población, como si el problema fuese que todos están consumiendo en exceso gas y ahora hay que ajustar vía precio, es decir vía aumento de tarifas. Los funcionarios nacionales también apuntaron contra el clima. Las bajas temperaturas en esta época del año causaron que el consumo se dispare. Como no podía ser de otra manera, la pesada “herencia” del kirchnerismo también se mencionó como argumento de la actual situación.

¿El Gobierno oyó los reclamos y otorga una concesión?

Peña destacó el diálogo, las conversaciones y mostró una concesión a los usuarios poniéndole un tope a las tarifas de gas.

En la conferencia de prensa volvieron a destacar el problema fiscal que tiene el país y la necesidad de “corregir” las tarifas. Aranguren explicó que la “concesión” o las medidas anunciadas en materia de topes para las facturas bimestrales de gas natural por redes fueron calculadas por el Ministerio de Energía en 11.800 millones de pesos.

Sin embargo, no se habló de sacrificio ni de esfuerzo fiscal para otorgarle a las patronales agrarias la quita y la reducción de las retenciones o las grandes mineras. Al contrario, el sector agrario embolsó 120 mil millones de pesos durante el primer período de la gestión de Cambiemos gracias a esta medida, y de la devaluación del peso respecto del dólar que también anunció el macrismo.

Tampoco hubo “ahorro” para pagarle a los fondos buitres o a los bancos internacionales. Más de 230 mil millones de pesos se emitieron de deuda en el mercado internacional para pagar a los buitres.

Quizás haya que recordarle a Marcos Peña que los bancos ganaron 43 mil millones de pesos por la diferencia entre las tasas que pagan por las colaciones de dinero en plazos fijos que reciben, y lo que cobran del Banco Central (BCRA) por las altas tasas que tenían las LEBACS. O destacar el pago de 70 mil millones de pesos por los contratos de dólar futuro pactados por Alejandro Vanoli en el segundo semestre de 2015, cuando estaba al frente de la entidad. Denunciaron al kirchnerismo por esta operación pero a los bancos le pagaron peso por peso. En estos casos, no hay “esfuerzo fiscal” cuando de las entidades bancarias y los buitres se trata.
Las verdaderas concesiones durante este Gobierno fueron sólo para los empresarios, las patronales agrarias y los bancos.

La real herencia kirchnerista

Uno de los argumentos del Gobierno este lunes –el primero- fue el deterioro que dejó el kirchnerismo del sistema energético. Aunque el macrismo lo use para justificar al tarifazo, no faltan elementos reales en ese diagnóstico.
Durante la década pasada las tarifas estuvieron congeladas, se otorgaron millonarias sumas a las empresas en forma de subsidios. Éstas no invirtieron y el servicio fue empeorando año a año.

En los últimos diez años se deterioró toda la matriz de producción de energía y combustibles, agravando la herencia de las privatizaciones. Los problemas se observaron con los recurrentes cortes de suministro eléctrico y de gas que desnudaban un sistema saturado que no llegaba a responder a la demanda a pesar de las compras extranjeras de gas y fuel oil. Esta situación fue producto de haber preservado todo el andamiaje de las privatizaciones de los servicios públicos y la energía, acompañándolo de algunas restricciones.

No terminar con las concesiones tuvo sus consecuencias. Las petroleras y gasíferas hicieron lo que ya estaban haciendo desde el desguace de YPF: aumentaron la extracción minimizando la inversión en exploración y el mantenimiento de pozos. La consecuencia de este esquema fue la caída de la producción y de la exportación. El Estado, durante un ciclo importante, gastó anualmente entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para beneficiar la exportación pero el costo fue la baja de la producción y el incremento de la importación de combustible, mientras se garantizaba con fondos públicos la rentabilidad de las empresas.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP), las partidas de gasto del Presupuesto Nacional destinadas a financiar los subsidios al consumo de energía, de energía eléctrica y gas natural registraron un crecimiento explosivo durante los últimos diez años. Los subsidios energéticos en la última década se multiplicaron 110 veces entre 2004 y 2014 (de $ 1.157 millones a $ 128.000 millones).

Otro punto fue la “nacionalización” en 2012 del 51 % de las acciones de YPF, que estaba en manos de la española Repsol. Luego de años de falta de inversión, el Gobierno anterior los premió con la entrega de bonos por más de 5.000 millones de dólares como indemnización, una suma que en 2014 (fecha de pago) significaba tres veces lo que se utilizaba por año para otorgar todas las asignaciones universales por hijo.

¿Este era el único camino posible?

Durante la conferencia de prensa Marcos Peña afirmó que fue doloroso aumentar las tarifas pero que era “el único camino posible”. Los funcionarios advirtieron de la situación crítica del sector energético y de la herencia kirchnerista. Sin embargo, ante eso, la respuesta es aumentar las tarifas para que las empresas sigan ganando. ¿Por qué no se cuestionó dónde fueron los subsidios, o en qué lo gastaron las empresas?

Una política alternativa fue planteada por el Frente de Izquierda. La diputada nacional Myriam Bregman presentó un proyecto de ley para que se suspendan en forma inmediata los tarifazos en todos los servicios públicos y el transporte que aplicaron los Gobiernos nacional, provinciales y municipales hasta que se lleve adelante una investigación sobre el uso de los recursos que el Estado les otorgó a las empresas prestatarias durante la última década y que no fueron para la inversión, dejando los servicios en un estado crítico.

El macrismo presenta ahora como un gran anuncio el tope de las tarifas. Pero pagar por cinco las facturas de gas no es ningún alivio al bolsillo del pueblo trabajador. Los tarifazos siguen siendo una pesada carga en los gastos mensuales. Los aumentos de salarios, a pesar de las paritarias, no llegan a compensar el deterioro del poder adquisitivo ocasionado por los otros tarifazos que no están contemplados en este anuncio como la luz, el agua, el transporte o la fuerte suba de los alimentos.

Por eso es necesario impulsar una gran campaña por un gran paro nacional activo contra el tarifazo que golpea a los trabajadores y el pueblo pobre. Los sindicatos, las centrales sindicales, centros y federaciones estudiantiles tienen terminar con la tregua y el inmovilismo y llamar a un gran paro nacional con movilizaciones en todas las localidades y provincias para derrotar el tarifazo.