Sucedió el pasado 11 de marzo cuando la empresa junto con decenas de policías arremetieron sin consentimiento en los sembradíos de una familia y de la comunidad El Angosto de El Perchel para realizar una obra de infraestructura.
Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Jueves 21 de marzo de 2019 22:17
Así lo comentaron hoy en la Legislatura de Jujuy Natividad Besacho y Liliana Canchi, quienes fueron detenidas varias horas en la comisaría de Tilcara, junto a Graciela Cruz. Las tres mujeres son autoridades de la comunidad indígena de “El Angosto el Perchel” y el día 11 de marzo cuestionaron que la empresa Telecom haya ingresado a sus terrenos sin consentimiento alguno avalados por un despliegue de unos 60 policías.
Las y los pobladores de la comunidad denuncian que la empresa Telecom se entrometió y usurpó ilegalmente su territorio. “...a los efectos de enterrar caños para la traza de fibra óptica, mediante operarios y maquinaria correspondiente el día 11 de marzo de horas tempranas y hasta la tarde...” Las mujeres comentaron que sin consentimiento alguno arrasaron sus árboles (molles, churquis) y fauna autóctona. También destruyeron parte de un canal ancestral de riego, y almácigos de cebolla y lechuga. Aplastaron un caño maestro de agua para consumo que atraviesa la comunidad, lo cual puede cortar la provisión de agua para consumo en la comunidad y otras localidades.
Natividad, una mujer de unos cincuenta años comenta que el operativo de la policía provincial fue desmesurado y totalmente violento contra tres mujeres, agricultoras, que estaban con sus hijos y que sólo preguntaron por qué destrozaban sus terrenos y sembradíos. La policía las detuvo sin orden judicial y cuando fueron llevadas en un patrullero, fueron separadas de sus niños de corta edad que quedaron solos en la comunidad. Los integrantes de la comunidad además de denunciar el operativo violento de la policía de Gerardo Morales, denuncian a la ayudante de fiscal Dra. Di Pietro, por “avalar el operativo policial, abuso del poder y la falta a sus deberes como funcionaria pública, entre otros delitos...” También afirmaron que en ningún momento se garantizó la consulta y planificación de obra donde la comunidad pueda opinar, participar y dar su consentimiento.
Mientras Gerardo Morales ayer en el discurso que dió ante el inicio de sesiones en la Legislatura de Jujuy afirmó que el gobierno respeta el derecho de los pueblos originarios a la consulta, previa, libre e informada, este hecho se suma a las constantes denuncias de distintas comunidades que viven el atropello de empresarios, terratenientes, multinacionales mineras, de telefonía, etc, que cuentan con el respaldo del estado provincial y nacional, y de la justicia. Recientemente fueron más de 20 comunidades de la puna en Salinas Grandes y Guayatayoc que realizaron medidas de lucha y cortes de ruta ante el avance de las multinacionales mineras socias del estado provincial sin consulta ni consentimiento, o el caso de la comunidad de Coranzulí, de Cueva del Inca en Tilcara, o del pueblo Ocloya en los valles, como dar algunos ejemplos.
Hoy las mujeres y demás integrantes de la comunidad del Angosto y de El Perchel volvieron a vivir el amedrentamiento policial en la Legislatura de Jujuy, quien recibió a seis integrantes de la comunidad con las puertas cerradas, como suele suceder con los trabajadores y sectores populares, y todo aquel que cuestione las políticas antiderechos, de criminalización de la protesta y de ajuste que lleva adelante Morales y los intendentes en la provincia muy a tono con la política nacional. Desde las bancas Frente de Izquierda y el PTS expresamos hoy nuestro apoyo y acompañamiento en cada pelea que las comunidades en defensa de sus derechos ancestrales, actualmente reconocidos por el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), la Ley 26.160 y Declaraciones internacionales de Derechos Indígenas.
