El presidente abrió la mañanera recordando la visita que el Youtuber y activista Daniel Robles realizó a su conferencia un día antes para solicitarle una propiedad a razón de instalar un taller de creación de sillas de ruedas y dar atención a niñxs y jóvenes con discapacidad.
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Viernes 20 de octubre de 2023
En ese contexto, aprovechó para agradecer a la figura de Fernando Landeros, presidente de Teletón, quien estuvo presente junto a la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, así como con la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, además de con el activista mencionado, para firmar un convenio de colaboración con el gobierno.
En dicho convenio se estableció, entre otras cosas, la donación de un inmueble en la Ciudad de México para la finalidad propuesta por Daniel Robles.
Con este gesto el gobierno de la 4T pretende lavarse la cara frente a la precarización abismal que está imponiendo en el sector salud, donde la ampliación del Seguro Social, sin un aumento contundente al presupuesto en la materia y sin garantizar estabilidad laboral para trabajadores de Salud, lo que provocará es una superexplotación laboral y un servicio deficiente para la población.
Si el gobierno de AMLO, en lugar de aumentar el presupuesto a las fuerzas armadas, destinara ese dinero al sector salud, no necesitaría firmar convenios con personajes como Fernando Landeros y organizaciones como el Teletón ─de Televisa, empresa de telecomunicaciones sobradamente conocida por el daño que ha hecho a la vida pública del país durante décadas- para dar atención a personas con discapacidad y producir los insumos de apoyo para ellas.
Luego de ello, el presidente señaló que las movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial son “de pena ajena”. Durante los últimos días ha habido distintas manifestaciones y de hecho hoy se encuentran en paro nacional.
Hay que señalar que trabajadores administrativos de los niveles más bajos del sistema escalafonario de dichas dependencias, los cuales no tienen nada que ver con los excesos y la corrupción de ministros y altos funcionarios de dicho poder, temen despidos masivos, así como el cercenamiento de sus derechos laborales tras el anuncio del gobierno federal de la extinción de fideicomisos.
El miedo de los trabajadores no es en balde: siempre que el gobierno federal ha anunciado que recortará recursos en nombre de la austeridad republicana y de la lucha contra la corrupción, lo que termina sucediendo son embestidas contra los niveles mencionados a través de oleadas de despidos, recortes de derechos laborales y desaparición de plazas con estabilidad laboral para dar paso a formas de simulación contractual.
La experiencia durante todo el sexenio de la "austeridad republicana" rige solo para las y los trabajadores de base (sindicalizados y no sindicalizados). De votarse la desaparición de los fideicomisos (lo cual es altamente probable), ministros y jueces tienen maneras de mantener muchos de sus privilegios y dejarán caer el ajuste sobre los trabajadores de las bases.
Es importante señalar que trabajadores de base de las dependencias judiciales no son lo mismo que los ministros y jueces. Estos últimos son el verdadero Poder Judicial, el cual no protege al pueblo; ministros y jueces son designados de manera totalmente antidemocrática y su actuar siempre se orienta desde posiciones reaccionarias, lo cual se evidencia en la protección que comúnmente estos dan a altos funcionarios responsables de corrupción, colusión con el crimen organizado y violación de derechos humanos.
Así mismo, otros elementos en donde verdaderamente reside el Poder Judicial es en la corporación policiaca ministerial la cual se ha encontrado envuelta en colusión con el crimen organizado y desaparición de personas.
Ejemplo tristemente célebre de esto último es el difunto Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, alias “Chuy Toño”, jefe de la policía ministerial de Sinaloa durante el sexenio de Malova, el cual es señalado de poner a la corporación a las ordenes del personajes que lideran la estructura conocida como Cartel de Sinaloa, provocando miles de desapariciones forzadas a lo largo y ancho de la entidad. El tipo se fue impune de este mundo gracias a la protección de jueces y ministros. Ello solo por mencionar un ejemplo.
No obstante, hay que mencionarlo de nuevo: los trabajadores de base del sistema judicial, sindicalizados y no sindicalizados deben tener derechos laborales plenos. Ellos no son el Poder Judicial que atenta contra el pueblo, como sí lo son ministros, jueces y las reaccionarias policías ministeriales, los cuales no protegen al pueblo, sino que se dedican a proteger a los poderosos del país.
Finalmente, AMLO lamentó el fallecimiento del cacique sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, personaje que de 1993 a 2019 fue Secretario General del sindicato petrolero, el cual dominó con puño de hierro a través de violencia y corrupción. Controlando al Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, Deschamps se enriqueció obscenamente y fungió como operador de políticos poderosos en turno.
Este personaje, por ejemplo, fue uno de quienes maniobraron el PemexGate; una operación de desvío de recursos multimillonarios provenientes del Sindicato de Pemex hacia la campaña a la presidencia de la república del priista Francisco Labastida Ochoa en el proceso electoral del año 2000.
Según reveló una investigación, en ese año el presidente Ernesto Zedillo ordenó que Rogelio Montemayor, entonces director de Pemex, que hiciera un convenio con el secretario general y el tesorero del sindicato para que éstos entregaran en varias exhibiciones hasta 1,100 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas priista.
El gobierno de AMLO jamás buscó hacer justicia por este robo a los trabajadores petroleros, así como a más agravios que Deschamps hizo a este sector. Se fue impune. El sindicalismo sigue fragmentado durante este gobierno en el país y los ataques patronales aumentan con el beneplácito de la 4T.
