Tras el anuncio de construcción de 5 nuevas prisiones de máxima seguridad la semana pasada, el Ministerio de Justicia informó que autorizará el envío de ayuda federal a los estados que experimentan "crisis en el sector penintenciario".
Francisco Marques Estudiante de Filosofía UFMG, Minas Gerais
Miércoles 11 de enero de 2017
El gobierno Temer sigue una receta punitivista y represora. Ni una palabra sobre la prevención de la violencia, los derechos sociales y humanos.
Los estados que recibirán esta "ayuda" hasta el momento serían Amazonas, Rondônia y Mato Grosso. El ministro de Seguridad, Alexandre Moraes, aún está en conversaciones con otros gobiernos estaduales y se espera que anuncie una mayor cooperación. Aún no se ha anunciado la ubicación de las nuevas prisiones a ser construidas.
Después de las masares en Amazonas y Roraima que dejaron un saldo de 99 muertos en los primeros días del año, otros estados están en alerta ante el riesgo de enfrentamientos entre facciones que ocupan las cárceles. Al estado de Amazonas será enviado personal del Departamento Penitenciario Nacional (Depen). La idea es que el equipo se sume a una fuerza de actuación integrada que auxiliará en la gestión del sistema penitenciario. El ministerio informó que también están previstas inversiones para modernizar y equipar los centros penitenciarios de Rondônia y Mato Grosso, equipos de vigilancia y seguridad.
Solución oficial: nuevas cárceles y represión
El gobierno de Temer intenta mostrar iniciativa, ofreciendo su receta para enfrentar la violencia carcelaria con más represión, sin afectar las causas principales de la violencia: por un lado, la desigualdad social, el desempleo y la precariedad en las condiciones de vida y los derechos sociales como la educación y la guerra a las drogas, la sobrepoblación y el encarcelamiento en masa, por otro.
Brasil cuenta en la actualidad con la 4º mayor población carcelaria del mundo, con 668.182 presos, y esta cifra crece año tras año. La capacidad del sistema carcelario está calculada para poco menos de 400.000 vacantes, generando un déficit de 273.300. Esto significa que existen más de 1,5 presos para cada vacante, según los datos del Ministerio de Justicia y de los estados. Una realidad penosa para los que pasan años en ellas. Como agravante, el 37% de los presos brasileros aun no fueron juzgados, casi 250.000 personas, según los datos del sitio G1.
No causa sorpresa que para el gobierno golpista de Temer la solución sean más cárceles y represión. El gobierno que nació de un golpe de la elite política y económica del país para atacar derechos y las condiciones de vida de la mayoría trabajadora, aumentando y profundizando la desigualdad, presupone también una gran dosis de represión social.
La guerra a las drogas y la “mano dura” de Temer tienen un objetivo claro: la población negra, pobre y sin oportunidades. Los negros representan el 67% de la población carcelaria; el 53% de los presos no terminaron la educaron fundamental y el 38% están presos por crímenes ligados al tráfico de drogas, según un informe del Ministerio de Justicia de 2015.
Mientras el gobierno con una mano aprueba reformas laborales y otras que recortan gastos sociales, con otra prepara la represión para los que sin perspectivas inicien una “carrera” en el crimen. Mantiene la arbitraria prohibición de las drogas y deja intacta las redes del “gran crimen”, que son las redes del tráfico controladas por los grandes políticos y empresarios, que incluso cuando tienen en su propiedad un helicóptero con 450 kg de cocaína, no son investigados.
