La inmensa miseria social y los encarcelamientos sin juicio o condena siguen fuera de la mesa. Tampoco se ha discutido el fin de la ley antidrogas.
Miércoles 18 de enero de 2017
Los gobiernos de las tres provincias en las que ocurrieron masacres en cárceles pidieron una acción más amplia del gobierno nacional para controlar la situación. La principal reivindicación es la liberación de la Fuerza Nacional para actuar directamente dentro de las cárceles, no solo del lado de afuera, como se viene haciendo.
El gobierno de Amazonas envió un pedido al ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, en el que dice que la ayuda federal será puesta a disposición, pero para actuar del lado de afuera de las unidades. El gobierno provincial evalúa que esta acción es insuficiente para retomar “el orden” de la situación. Ya el gobierno de Roraima también considera que hay que actuar dentro de los presidios.
El gobierno de Rio Grande do Norte pidió que se amplíe la cantidad de efectivos que están desde 2016 en el Estado, y la liberación de un batallón de respuesta rápida para actuar dentro del presidio en el que ocurrió la matanza.
El Ministerio de Justicia afirma que las solicitudes de los gobierno provinciales están siendo analizadas.
Además, según UOL, el presidente de Brasil, Michel Temer, quiere impulsar un fuerte cambio en la forma en que venía manejando la crisis carcelaria. Su intención es que la Unión coordine un cerco a las finanzas de las principales organizaciones criminales del país.
Como primera medida, el presidente convocó para este martes una reunión con representantes de los organismos que integran el Sistema Brasilero de Inteligencia. Los convocados son el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, la Agencia Brasilera de Inteligencia, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, la dirección de Inteligencia de la Policía Federal, el Consejo de Control de Actividades Financieras, además de los centros de inteligencia del Ejército, la Marina y la Aeronáutica.
La idea de Temer es movilizar este sistema de inteligencia para terminar las actividades “empresariales de las organizaciones criminales”. Este martes, el ministro Alexandre de Moraes conversó con los secretarios provinciales sobre la implementación del Plan Nacional de Seguridad. El plan prevé, por ejemplo, la creación de 27 centros de inteligencia.
Para el gobierno federal, la crisis carcelaria se combate con más represión por medio del Estado y sus órganos represivos. Michel Temer, junto con los gobernadores, no tienen ningún interés en combatir la crisis carcelaria a través del combate a la inmensa miseria social, que hace que miles de personas opten por seguir los carriles del crimen, mucho menos hace esfuerzos para revertir la situación del 40% de presos sin juicio y tampoco discute ninguna medida para terminar con la ley antidrogas.
Estas medidas represivas ni se acercarán al objetivo de que dejen de existir esas facciones. Es de público conocimiento que tras bastidores del narcotráfico y las facciones existe jueces, grandes empresarios y políticos de alto escalafón. Temer es incapaz de tomar alguna medida efectiva sobre esta dramática situación porque muchos políticos de alto escalafón, jueces y grandes empresarios están por detrás de estas facciones, que son parte del amplio arco de aliados que posee el gobierno.
Detrás del falso combate al crimen organizado, en realidad estas medidas del gobierno tienen la intención de profundizar la persecución a quienes luchan contra las medidas impopulares impuestas a los trabajadores y demás sectores populares de la sociedad y mostrar a la sociedad que están haciendo algo para resolver la crisis del sistema carcelario.
