Miles de familias dejan sus hogares para encontrar trabajo en las chacras del Alto Valle rionegrino. Las empresas exportan miles de toneladas de fruta y son constantemente denunciadas por trata de personas.
Domingo 3 de febrero de 2019
Frente al desempleo y la pobreza en los que se encuentran en sus lugares de origen, llegan por temporada al Alto Valle más de 16 mil familias en busca de un trabajo en la cosecha de peras y manzanas. Para este año se espera la llegada de 20 mil, la mayoría son de las provincias del norte del país, salteños, jujeños a través de convenios con las provincias que se encargan del traslado como los de Tucumán, incluso llegan de países limítrofes. Se trata de una migración habitual por parte de los jornaleros procedentes de las zonas más pobres de Argentina, a quienes se conoce como “trabajadores golondrinas”.
Durante la temporada se registran cientos de denuncias por las condiciones inhumanas en las que tienen que vivir y trabajar para volver dentro de tres meses con un poco de dinero a sus hogares. Tienen entre 14 y 60 años, cerca de 1500 llegaron sin ningún contrato previo, según declaraciones de UATRE, casi al azar recorren las chacras, duermen y comen donde, y como pueden, como se dio a conocer recientemente con los casos de los tucumanos que dormían frente a la terminal de Cipolletti y eran asistidos por vecinos, postal que se repite en todo el Alto Valle como los últimos casos denunciados en Villa Regina, Centenario, Lamarque, etc. Mientras que en las chacras, conviven hacinados, sin los servicios básicos, con jornadas laborales que van desde las 10 horas a 16 horas, 7 de cada 10 están en negro según base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) elaborada en 2017, con salarios que no se acercan a la mínima de la canasta básica ni a los acuerdos salariales que prometen los gremios al comienzo de temporada.
El caso Solano desnudó una trama de estafas, trata de personas y trabajo esclavo sostenido con la complicidad estatal y la policía como “brazo armado” de las empresas y cooperativas para silenciar a quienes denunciaban estos delitos. Daniel Solano al momento de su desaparición trabajaba para la empresas Agrocosecha terciarizada de Expofrut hoy Greenyard, que tenía como director a Fernando Oris de Roa, uno de los denunciados por la familia como cómplice de planificar el crimen para encubrir el fraude laboral que llevaban a delante junto a Agro cosecha. El empresario hoy es embajador nombrado por Cambiemos en Estados Unidos y Daniel, sigue desaparecido.
Pero Oris de Roa no es el único empresario vinculado con la trata de personas para explotación laboral que ha sido premiado por Macri. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, está denunciado por explotar a trabajadores en Entre Ríos, (https://www.pagina12.com.ar/72969-causas-de-trabajo-esclavo-y-evasion) y el actual embajador en España, Ramón Puerta, estuvo imputado por trata de personas y explotación infantil en sus plantaciones de mate en Misiones. La denuncia contra Puerta se inició en enero de 2014 y fue realizada por la Procuraduría contra la Trata de Personas y la Explotación Laboral (Protex), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, quien afirmó qué: “la ejecución de los delitos de trata y explotación representó un paso más de una decisión empresarial elaborada en el seno de Yerbatera Misiones SRL, con el objetivo de producir la yerba mate al menor costo posible y así incrementar el rinde económico de sus titulares”.
“Las empresas agro exportadoras se llenan de plata en una Provincia que cuenta con grandes recursos. Éstos podrían estar destinados a mejorar la calidad de vida para las familias del valle, sin embrago vemos todo lo contrario. Cada día hay más pobreza y precarización laboral y de vida. Unas pocas familias de empresarios y políticos se benefician con los recursos, pueden disfrutar de comodidades, privilegios y un buen pasar mientras las mayorías, locales e inmigrantes, padecen de la pobreza, falta de viviendas y de salud, mientras muchos son explotados en las chacras y empresas exportadoras. Para terminar con el flagelo de la pobreza y la explotación esclavista de los señores feudales valletanos hay que exigir una jornada laboral de 6 horas 5 días a la semana, salario igual a la canasta familiar, expropiar a los grandes terratenientes sin indemnización y estatizar la cadena de producción bajo control de sus trabajadores. Para evitar que unos pocos se lleven las ganancias que le pertenecen a miles de trabajadores que dejan su cuerpo y su vida en las chacras de la Patagonia, esa es la única salida realista”. Ésto Expuso la referente del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Laura “Xiwe” Santillán.
Gobiernos cómplices y responsables del saqueo y la explotación laboral
Cuando en el 2011 el gobierno de Cristina Fernández, aprobó la Nueva Ley de trabajo Agrario, eliminando la anterior de la dictadura militar, generó muchas expectativas entre los trabajadores, sin embargo hasta el momento no ha podido combatir la informalidad y dotar de derechos a los trabajadores rurales pero si ha asegurado el enriquecimiento de un sector frutícola por la exención de impuestos nacionales y provinciales, reducción de aportes patronales y el trabajo a destajo que no es más que la legitimar el trabajo esclavo, acentuando la precarización y flexibilización laboral que recorrió todo el “gobierno nacional y popular”.
En la misma sintonía, el gobierno de Cambiemos, en 2016 disolvió ReNaTEA Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios y restableció el viejo Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), para que esté vuelva a funcionar en manos de UATRE, para quien “no existe el trabajo esclavo” y quienes denuncian “mienten en forma descarada y malintencionada” según declararon para el diario Río Negro en 2016, argumentos que implementan hasta el día de hoy desoyendo y mirando sus bolsillos cuando aparecen en los medios alguna denuncia por maltrato laboral o cuando algún trabajador puede escaparse y contar lo que viven dentro de las chacras.
Los empresarios de la fruta, han logrado monopolizar del sistema de producción, comercialización y exportación de frutas en muy pocas manos. En Argentina hay unas 300 empresas que exportan frutas. En las manzanas y peras Patagonian Fruit Trade y Productores Argentinos Integrados exportan entre las dos un 25-30% del total de las exportaciones. (https://www.federcitrus.org/anuario-2017-18-quien-es-quien-en-la-fruticultura-argetinaa). Según las estadísticas del Senasa en el 2018 las exportaciones frutícolas crecieron en 62 millones de kilos, ingresando al país divisas adicionales cercanas a los 90 millones. Los embarques de manzana al exterior totalizaron al cierre de agosto las 80.000 toneladas. Los de pera, algo más de 272.000. Esas ganancias fueron obtenidas a costa una mano de obra barata y esclava de miles de migrantes.
Después 10 años de los sucesos trágicos de la Patagonia, el negocio agroexportador se sigue manteniendo con ayuda de los gobiernos, mediante el otorgamiento de subsidios, exenciones de impuestos, gestiones comerciales leyes e instituciones y cargos públicos. Todo un engranaje que garantizan el trabajo esclavo y que cuenta con la complicidad estrecha del sindicato para sostener una economía regional cada vez más desigual. Es necesario que los trabajadores y el pueblo pobre tomen es sus manos la organización desde abajo, que rompa con las cadenas que le imponen las burocracias sindicales y que la producción de los recursos pase a manos de su propia gestión y administración.
