Mientras desde el Ejecutivo, Chadwick chilla al poder Judicial por la delincuencia, la Asociación de Magistrados de Chile se defiende y descarga al poder legislativo.
Ricardo Rebolledo La Izquierda Diario
Jueves 31 de mayo de 2018
Un fuerte cruce de declaraciones se ha sucedido estos días entre La Moneda y Tribunales, por el fuego abierto por el ministro del Interior Andres Chadwick, que interpelando al Poder Judicial declaraba ante los últimos hechos delictuales en el sector oriente de Santiago: “No queremos más excusas de los tribunales y esto lo pide Chile entero. No es un problema del Gobierno.”
Empapado del clásico discurso securitario de la derecha, y apelando al populismo penal, o sea utilizar instrumental y superficialmente el sufrimiento de las víctimas y de la opinión pública; Chadwick, le enrostraba a tribunales que estos no estaban haciendo su trabajo, y que permitían, por ejemplo que el victimario de una mujer asesinada en un asalto hace unos días, hecho que abrió la discusión, tuviera ya un largo prontuario.
La Asociación de Magistrados de Chile no demoró en responder al ministro, y declaró a través de su presidente Álvaro Flores que “nosotros intervenimos cuando el delito ya se produjo (…) y la responsabilidad en materia de seguridad pública está en el Ministerio del Interior, el Ejecutivo y la policía” y agregó, “hemos explicado a la ciudadanía que las cuestiones de seguridad pública no son responsabilidad del Poder Judicial”.
Pero Flores fue más allá, y disparó contra el poder legislativo: “el problema no está en tribunales, está en la legislación. De nuevo volvemos a quiénes son los encargados de hacer la legislación”.
Así, los cuestionamientos entre ambos poderes se tironeaban por quién era el responsable de las cifras de delicuencia, si de los que hacen la ley, los que la imponen o lo que las sancionan.
El tiro por la culata
No son casualidad estas discusiones dentro del Estado, cuando existen altos niveles de deslegitimación y desconfianza de las diversas instituciones que las componen. No está de más recordar la misma crisis de Carabineros, el rol de los tribunales en los distintos casos de corrupción, como el del Fiscal Nacional Jorge Abbott, que cerró y terminó en salidas rápidas la mayoría de los últimos casos más controversiales de los últimos tiempos en términos de relación política-dinero.
El desvió de la agenda, o de controlar la agenda (absorbida hoy por el movimiento de mujeres) que buscó impulsar la derecha con el discurso securitario o de la “mano dura”, esta vez le salió por la culata. Porque otras instituciones, igual de cuestionadas, también se salieron a defender y a lavarse las manos. Quedando en un juego de suma cero.
Hegemonía débil
Entre otra discusión, más profunda sobre el Estado, en la misma tensión y ruido que se siente desde adentro, no es más que la misma reverberación que produce el cuestionamiento que desde afuera proviene desde los distintos sectores y/o movimientos que ya no confían al igual que antes en el Estado. Y que logran avizorar, aunque débilmente y por momentos, el real carácter del Estado y los intereses que defienden. Intereses muy por lejos de la mayoría del pueblo trabajador.
Es quizá acá donde se sustenta el populismo penal, en tanto dar más herramientas al aparato represivo del Estado, cuando este ya no puede hegemonizar pacíficamente, y que busca fortalecerse a través de más facultades represivas.
Ya lo decía el jurista bolchevique Evgeni Pashukanis, “la jurisdicción penal no es solamente una encarnación de la forma jurídica abstracta, sino también una arma inmediata en la lucha de clases”.
