El gobierno de Sebastián Piñera, pareciera hacer uso de todo su arsenal legislativo para llevar acabo la agenda de retroceso de la derecha. Por su parte la oposición dividida y debilitada, busca rearticularse ante un Frente Amplio que comienza a dar sus primeros pasos en falso.
E.E. Vergara Valparaíso, Chile
Miércoles 4 de abril de 2018
El régimen político se caldea, y aquella suave briza de luna de miel entre el gobierno y la oposición, se ha vuelto un denso aire que se puede cortar con cuchilla.
Y es que varias cosas están en juego, no sólo en un tema práctico sobre tal o cual ley se decide en la cocina parlamentaria, sino cual será la ubicación de los diversos sectores de la política nacional, frente a un gobierno que viene mostrando que no le tiembla la mano, cuando se trata de hacer retroceder una serie de conquistas por parte de los movimientos sociales.
Lo vimos con la modificación del protocolo de aborto y “la objeción de conciencia”, con la reinstalación del lucro en la educación y el retiro de la ley que regula el Crédito con Aval del Estado (CAE). Sin embargo es importante preguntarse ¿Cómo un gobierno que no tiene la mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras para impulsar y ganar sus propuestas, es capaz de asestar tantos golpes en un periodo tan corto de tiempo? Y la respuesta es clara: con una oposición dividida y debilitada.
Sin embargo ya no es solo la clásica oposición perteneciente a la Nueva Mayoría la que comienza a alterarse, sino también los nuevos fenómenos por izquierda. Es así como el Frente Amplio (FA), como una nueva coalición que irrumpe en la superestructura política, con el importante número de 20 diputados y 1 senador, comienza a “pisar el palito” del gobierno de Sebastián Piñera, haciendo los primeros ensayos de lo que será su orientación política a través del parlamento.
Esto se expresa por medio de la participación del FA, a través de los diputados Gabriel Boric y Natalia Castillo, en la comisión de infancia levantada por la derecha, la cual trajo reacciones rechazo incluso de sectores de la Nueva Mayoría, como también claro está, al interior de su propia coalición. No por nada la periodista y diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles salió a tratar de incautos a sus compañeros de colectividad ante la decisión de participar de la comisión.
Ahora, la deuda que mantiene el Frente Amplio con los importantes franjas de la población que le dieron su voto durante las últimas elecciones del 2017, comienza sentirse, primero por su rápida convergencia hacia sectores de la Nueva Mayoría, y segundo por la defensa de los derechos sociales en las calles, que hasta el momento no termina de retumbar en el discurso, y sin generar un plan de movilizaciones concreto que se proponga defender las conquistas del pueblo trabajador, en lugares de trabajo, universidades, poblaciones, primando así la parlamentarizción de las demandas, por encima de la lucha en las calles. Es decir el Congreso como “la cocina” de los acuerdos entre cuatro paredes, sigue intacta.
Y aunque la diputada RD Natalia Castillo señale “evaluamos la invitación y participaremos de buena fe para escuchar la propuesta de la mesa, pero no perdemos de vista que los acuerdos se toman de cara a la sociedad. No estamos dispuestos a validar ninguna forma de ‘cocina’. Exigiremos transparencia total de las conversaciones, así como la incorporación efectiva de la ciudadanía y las organizaciones sociales”. O El diputado autonomista Gabriel Boric se refiera a “hemos decidido participar porque tenemos la convicción de que este tema no permite mezquindades y que hay que buscar por todos los caminos llegar al acuerdo más transversal posible”, vale la pena preguntarse ¿A qué hay que sentarse a conversar con un gobierno que ha mostrado en los hechos su clara intención de socavar las conquistas parciales llevadas adelante por los movimientos sociales, y perpetuar la herencia de la dictadura de Pinochet?
