Santa Fe. Termina el juicio por el Triple Crimen: narcotráfico, muertes y encubrimiento estatal

En plena presentación de losalegatos por el triple crimen de militantes del Frente Popular Darío Santillán en Rosario, la Justicia Provincial ordenó queel asesinato de Franco Casco sea investigado como una desaparición forzada, en la Justicia Federal. La trata de personas crece y con ella, la impunidad que la rodea.

Ni Argentina ni Santa Fe vive aun una “situación mexicana”, como plantean algunas visiones livianas, comparable a las asquerosidades que supura a diario el país azteca. Allí, donde la defensa estatal y paraestatal del negocio narco produjo la friolera de 70 mil muertos o desaparecidos en los últimos años, resonando por su brutalidad y elocuencia el secuestro de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Sin embargo se ven muchas, por llamarlo así, “escenas mexicanas” en nuestra provincia, en nuestra ciudad. El Triple Crimen de Villa Moreno es sin duda una de ellas.

Como venimos siguiendo desde La Izquierda Diario, apenas amanecía el primer día de 2012, una banda pertrechada con armas de guerra irrumpió en la canchita de fútbol en el corazón de la Villa Moreno, disparando a mansalva. Esa noche, a las 4 y 15 de la mañana, fueron heridos de muerte Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez. Jere, Mono y Patóm, desde esa noche, pasaron a ser parte de la iconografía de la impunidad local, que llena las paredes con las imágenes de los asesinados por la los milicos de la dictadura, por la Policía de la “democracia”, o por un hijo legítimo de ambos: las bandas narcotraficantes.

Pocho Lepratti y los caídos en diciembre de 2001, la militante social asesinada Mecha Delgado, Sandra Cabrera, Norma Bustos, el rapero fusilado Ariel Avila, Analía Rivero de Capitán Bermúdez, mezclan sus siluetas con las fotos de los desaparecidos, que rodean las audiencias de cada juicio, sostenidas por la militancia de familiares y ex detenidos. La impunidad de ayer y la de hoy se entretejen.

No son excepciones: las ejecuciones son un modus operandi

Hay un intento adrede de tratar el asesinato de estos tres militantes como una anomalía, como algo desagradable e inesperado. Pero no es así: la cantidad de casos refuta que se trata de excepciones. El fusilamiento de estos jóvenes compañeros, que rechazaron convertirse en “soldaditos” narcos o en empleados de la Policía para luchar por otra sociedad, es una expresión más de la fisonomía que adquiere el Estado represivo en Santa Fe. Los jóvenes de los barrios populares, y esos barrios en general, son los “enemigos a derrotar”. La Policía reprime; la Gendarmería complementa ocupando las barriadas; las bandas narcos formadas y protegidas por la Policía, tercerizan el negocio y las ejecuciones; y el Gobierno de Antonio Bonfatti encubre todo esto de manera profesional. Así se “construye Santa Fe”.

El Caso Casco: la silueta del Estado cómplice

Los avatares del caso judicial que sucedió al asesinato cruel de Franco Casco es incriminatorio del “socialismo de la impunidad” de Bonfatti y Hermes Binner. La Justicia, responsable inicial del encubrimiento de los asesinos policiales, finalmente dio la razón a la familia del joven y objetivamente desmintió la confusión que intentó instalar con total premeditación el gobierno provincial. Ahora la muerte de Franco será investigada por la Justicia Federal, lo cual es un triunfo de la movilización popular, de la lucha de los familiares de Franco y de las organizaciones que acompañamos este reclamo.

Todos los poderes del Estado se complotaron para que la muerte de Franco Casco quede impune, o se convierta en el caso de un joven borracho que se cayó al río. La Policía mató y borró las pruebas; el Fiscal dilató la investigación y apuntó lejos de la Comisaría Séptima; el Gobierno atacó a las organizaciones que pedíamos Justicia, difundió versiones que indicaban que Franco estaba vivo y cerró los ojos frente a SUS fuerzas de seguridad. Aquí se vio como se teje la impunidad en cada uno de estos casos. Yo te cubro a ti, y tú me encubres a mí.

Así, los acusados por el Triple Crimen serían (deberían ser) los primeros encarcelados de una serie de casos impunes. Pero quedan muchos, muchos responsables de decenas de muertes más, que están libres. Esta es apenas la punta de uno de los muchos ovillos de criminalidad estatal.

Trata de personas: la esclavitud de mujeres, otro negocio (para)estatal

Otro hecho de envergadura mafiosa vivimos estas semanas. Un día en que las sedes de la Universidad Nacional de Rosario permanecían cerradas, ocurrió un robo tan sospechoso como con fines muy evidentes. De uno de las islas de edición de la Universidad, fueron robados los registros de un documental sobre la trata de personas Se buscó amedrentar, borrar pruebas, sembrar miedo para cosechar silencio.

El silencio oficial, la impresionante mudez gubernamental sobre este hecho, ya sabemos, hay que tomarla como prueba irrefutable de que hay allí algo que huele mal. El gobierno de Bonfatti parece haber de decir que eran “víctimas” de la impunidad de las bandas narco, a asumir como apotegma la frase célebre: si no puedes con ellos, úneteles. De allí el encubrimiento como ley de gobierno, como forma general de hacer política.

Como el narcotráfico, la trata de personas (y de mujeres y niñas en particular) es un negocio capitalista que no se desarrolla en los márgenes del Estado, sino a la sombra del mismo. Nuevamente es la Policía provincial la que ha hecho que el cordón que va desde Rosario hasta San Lorenzo sea uno de los más importantes centros de tránsito para la trata. El puerto y el negocio sojero alimentan este negocio de la esclavitud sexual. El amparo estatal lo facilita.

Legalización de las drogas y enfrentar la impunidad policial

La receta que nos ofrecen desde el Estado frente al crecimiento del narcotráfico es fortalecer las fuerzas represivas. Esta salida olvida, oh casualidad, que es propio Estado el que se beneficia con este régimen y el que garantiza este negocio. Desde sectores de la izquierda o la centroizquierda, por su lado, se ilusionan por pelear por una Policía democrática, “saneada” de elementos desclasados o corruptos. Pero cierran los ojos y omiten mirar que es la fuerza policial de conjunto, y no un puñado de miembros desviados, los que sostienen este statu quo.

Por el contrario, todos los que enarbolan estas visiones reformistas de la Policía, se niegan a discutir una de las medidas que atacaría al corazón del narcotráfico como gran negocio mafioso: la legalización, y no solo la despenalización, de todas las drogas. Esta medida, acompañada de la movilización popular y masiva ante cada caso de brutalidad policial, de Gatillo Fácil o de connivencia estatal con el narco, como en el Triple Crimen, son dos formas concretas de enfrentar al narcotráfico y a su corazón organizados: las bandas armadas del Estado.