BOLETÍN NUESTRA CLASE. Termina la segunda semana de la Convención y la represión es el camino que marca la pauta del Gobierno.

Hace más de una semana (nueve días), diversos sectores salieron a celebrar la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional, quien ganó por amplia mayoría (con 96 votos de respaldo) en segunda vuelta. Si bien este hecho generó aún más expectativas en la instancia, lo cierto es que Loncón (que fue apoyada por el PS y el FA), quien representa un sector moderado, del pueblo mapuche, más proclive a las salidas de acuerdos con la ex concertación, por esto por ejemplo Natividad Llanquileo, convencional Mapuche decidió votar nulo en su elección con por ese argumento. que por ejemplo, en lugar de la exigencia del derecho a la autodeterminación del Pueblo Mapuche como exigen muchas comunidades mapuche, levantan la petición del Estado Plurinacional, que es un reconocimiento formal del pueblo mapuche, cuestión que asegura la recuperación de sus tierras ancestrales en manos de los negocios forestales.

Por eso no sorprende que comenzará a tener sus primeros traspiés y a mostrar su real trasfondo: suspendieron la primera sesión por falta de wifi, salas y condiciones sanitarias, mostrando su total dependencia a las reglas y a las decisiones del gobierno luego, en vez de ampliar sus atribuciones, se autolimitaron al declarar la necesidad de 30 firmas para cualquier moción; y como muestra de máxima subordinación a las trabas con que se amarró la instancia, no decretaron la libertad de los presos políticos como exigieron las calles desde que fueron apresados, y por el contrario hicieron una tibia petición al régimen, en la que además limitan su propia soberanía al plantear no querer transgredir la institucionalidad existente.

Terminó la semana con una brutal represión a la movilización que se levantó por el asesinato del joven luchador mapuche Pablo Marchant, en medio de terjiversaciones y mentiras, demostrando la vigencia de la política criminal del gobierno, que mantiene la militarización del Wallmapu, los montajes y asesinatos en la zona, y la ocupación y robo de las tierras mapuche en favor de las grandes forestales y empresas. A pesar de tener una presidenta Mapuche, la Convención y sus constituyentes, se conformaron con elaborar una declaración en lugar de llamar a movilizaciones ante estos sistemáticos crímenes a sangre fría contra el pueblo Mapuche, y mucho menos exigir la desmilitarización de la zona (la que permite el desarrollo impune de estos actos atroces), o el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de estos hechos.

Esta ha sido la tónica del gobierno de Piñera, que durante su gestión ha encarcelado, asesinado y mutilado a través de las fuerzas policiales y militares. Ha sido también criminal su tónica en el manejo de la pandemia, arrojando a miles al desempleo, al contagio y finalmente a la muerte.

Otro aspecto que a marcado este gobierno en la última semana es su continua exigencia de la vuelta a clases con el nuevo plan paso a paso, inclusive en comunas con cuarentena, pese a la entrada a escena de una nueva cepa (más agresiva que las anteriores y que además llegó a Chile luego de que en pleno brote se rebajaron las medidas sanitarias), siguiendo su propio ritmo al no asegurar ninguna condición de seguridad real para este cambio, exponiendo nuevamente a miles al contagio. Las y los profesores, las familias, ven la necesidad urgente de volver a clases, pero no a costa de poner en riesgo la vida de sus hijos, y la ocupación de camas hospitalarias sigue siendo una señal que expresa que aún estas condiciones no están dadas.

Y sobre el agobio que han experimentado los y las profesoras en pandemia, las persecuciones y represión por parte de las autoridades, las transgresiones a la libertad de cátedra, ahora suman clases “híbridas”. No han podido dar salida real a la crisis, y han dejado caer su peso una y otra vez sobre los hombros de los trabajadores.

Por eso, las y los trabajadores de la educación agrupados en Nuestra Clase, planteamos que ante la represión del gobierno criminal: los convencionales deben romper ya su subordinación a Piñera y su Pacto, y exigir la libertad inmediata de los presos políticos, sin pactar con los carceleros y poniendo todas sus tribunas y fuerzas para levantar una gran movilización, en la que exijamos además juicio y castigo a todos los asesinos y violadores de los DDHH, la desmilitarización del Wallmapu y la derogación de la ley antiterrorista. Esta movilización debe levantarse desde cada lugar de estudio y trabajo, por eso exigimos a los organismos, dirigidos por algunos de los partidos representados en la Convención, como la CUT(PS), la CTC (PC), la CONFUSAM (PC) o el Colegio de Profesores (PH) que llamen a asambleas en todos lugares, para levantar un plan de lucha que permita defender las demandas que sacaron a miles a la calle en Octubre.