Este jueves 17 terminaron las audiencias en Bahía Blanca. Ahora los jueces del Tribunal Oral N°3 tienen que definir si condenan a los jóvenes como si fueran narcos (en una causa basada en una denuncia falsa, introducida por la Bonaerense con maniobras y aprietes), o anula el proceso como exigen las defensas, lo que dejaría en evidencia la campaña criminalizante de Sergio Berni y el fiscal Mauricio Del Cero. El próximo viernes 25 emitirán la resolución.
Viernes 18 de noviembre de 2022 15:54
Foto: Prensa Fiscalía
Se realizó en el Tribunal Oral N°3 la última audiencia del juicio oral a cargo de lxs jueces Daniela Castaño, Julián Saldías y Eduardo D’Empaire. Este jueves17 alegaron el Fiscal Mauricio Del Cero (también conocido como "el cogollero gris" por su pasión por perseguir consumidores y cultivadores de cannabis) y los tres abogados defensores. A esta instancia llegaron tres de los quince jóvenes procesados en la causa. El resto de los jóvenes, mediante la amenaza de posibles penas más duras, y luego de dos años de estar detenidos, aceptaron el extorsivo mecanismo del juicio abreviado que los obliga a aceptar la culpabilidad. Pero la resolución de este juicio oral aún puede afectar el desarrollo de los suyos.
En la audiencia anterior, como ya contamos en este medio, el Fiscal había llamado a varios testigos policiales que seguían dando cuenta de la denuncia sobre la que se monta la causa, según ellos realizada por un joven trabajador municipal, Kevin Torres. Este joven, desenmascarando el accionar de la Bonaerense y la Fiscalía, acudió a la misma audiencia llamado por la defensa para decir lo que ya denunció judicialmente el año pasado: él nunca realizó esa declaración.
Supone que se la hicieron firmar sin leer, mezclada con multas de tránsito (tarea que en Puan usualmente lleva adelante la Bonarense). Kevin, que es acompañado por la Comisión Provincial por la Memoria, también denunció en la Fiscalía hostigamientos y amenazas de efectivos policiales (uno de ellos el que supuestamente le tomó la "denuncia").
Pero a Del Cero todo esto no le interesa. Nunca le dio la protección que solicitaba Kevin ante el hostigamiento policial. Durante la audiencia terminó blanqueando que si se aceptara la falsedad de esta denuncia, gracias a la nefasta Ley de drogas, se puede sostener la causa sobre una denuncia anónima (realizada más de un año después de iniciada la "investigación" con la denuncia falsa, y fuentes cercanas a la causa señalaron que está calcada del informe de un policía de civil que también consta en la misma).
La vetusta y represiva ley N° 23.737, que los gobiernos "progresistas" nunca tocaron, pone al mismo nivel justamente a los grandes narcos con los consumidores. Habilita también mecanismos brutalmente antidemocráticos como los de las denuncias anónimas, que abren de par en par la puerta a causas armadas como esta, y llenan las cárceles de pibes y pibas de familias trabajadoras.
En aquella primera audiencia el propio personal policial que llevó adelante el (rebuscado) análisis de las conversaciones telefónicas (única "prueba" de los actos de "comercialización de estupefacientes" que les imputa Del Cero a los jóvenes) aclaraba que ninguno de los procesados vivía de esa actividad: "todos tenían trabajo o changas". Eran todos trabajadores, la mayor parte precarizados.
Del Cero, que pidió penas de 6 y 7 años para los tres detenidos, en su alegato final, contradictoriamente, reconoce que no se trata de grandes narcos, y sin ruborizarse lo llama "microtráfico". No decía lo mismo el spot que publicitó Sergio Berni apenas ocurrieron los allanamientos, con imágenes del operativo con 150 efectivos destruyendo las puertas de las casas del pueblo de Puan, y el rimbombante anuncio de haber "desbaratado" una "peligrosa banda narco". En los allanamientos apenas encontraron pequeñas dosis y plantines de 20 o 25 centímetros.
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Las audiencias siempre fueron abundantes en personal policial armado, a tono con la narrativa estatal de que se trata de "peligrosos criminales" que ameritan largas prisiones preventivas. Pero tambien estuvieron presentes la CPM, la cátedra de Educacion y DDHH de la UNS, y quienes integramos las Secretarías de DDHH de Suteba y del Centro de Estudiantes de Humanidades, acompañando a los jovenes y sus familias.
En la audiencia final, la defensa remarcó que los mensajes de wassap -a los que Del Cero y el personal policial someten a una elaboradísima interpretación para tipificar las acusaciones como "comercialización de estupefacientes"- como mucho pueden hablar de intentos de compra para consumo. Uno de los acusados explicó que justamente plantó para no comprar y para poder elaborar aceite de uso medicinal para una condición de salud que sufre.
Los defensores coincidieron en solicitar la nulidad de todo el proceso, y sugirieron que debería investigarse el accionar policial en el inicio de la "investigación". Incluso el defensor oficial, Jorge Luis Sayago, no dudó en calificar el accionar de la Fiscalía como un "escándalo jurídico" en su alegato.
Si se les otorgara la -más que justificada- nulidad, los procesos de los 12 jóvenes que aceptaron el juicio abreviado, parte de la misma causa armada, también deberían anularse, y todos deberían ser puestos finalmente en libertad. Pero los abogados también plantearon que si no se hiciera lugar a ese pedido, como mínimo debía modificarse la tipificación a "tenencia para consumo", que es lo máximo que según ellos Del Cero podría probar, y que en la Ley de drogas es un cargo con penas más bajas.
Es decir, contemplaron la posibilidad de que los jueces no quieran dar ese golpe al Ministro de Seguridad de Kicillof (que hizo campaña política usando este caso), a su fuerza policial subordinada que se aprovechó de un joven al que hostigan hace 8 años para armar la causa, y al Fiscal especialista en encarcelar cultivadores y consumidores.
Y tienen sus motivos para no tener tantas expectativas: uno de los tres jueces, D’Empaire, es tristemente célebre por el fallo que condenó a Rosalía Reyes a 8 años de prisión por ser mujer y pobre.. Pero justamente este tipo de personajes es a quienes los gobiernos suelen premiar con más poder, tiempo atrás denunciábamos que se encontraba propuesto para integrar la Cámara Federal de justicia.
En definitiva, esta maquinaria policial y judicial es parte de todo un aparato de disciplinamiento sobre los de abajo, la juventud, las y los trabajadores, quienes cada vez tienen menos que perder ante crisis sociales como la que estamos viviendo. Por eso los gobiernos la necesitan y la sustentan: ningún ajuste pasa sin políticas represivas. Y sabemos también que las libertades democráticas, como el derecho al autocultivo o al consumo personal, se pueden pelear hasta el final en los tribunales, pero las conquistaremos como siempre: en las calles, colectivamente, con la movilización y la lucha.
