Tras una audiencia que se tomó toda la jornada de ayer, las tesis de Carabineros de "enfrentamiento" y "no uso de cámaras" fueron desestimadas. Ante la mentira de Carabineros el gobierno de Piñera se ve obligado a decir que no se van a “tolerar ninguna actuación de carabineros fuera de la ley”.
Sábado 1ro de diciembre de 2018
Ayer viernes, 30 de noviembre de 2018 el juzgado de Garantía de Collipulli decretó la prisión preventiva de los cuatro funcionarios dados de baja de Carabineros formalizados por el asesinato de comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre pasado.
Su libertad representa un peligro para la sociedad, por lo que la jueza Sandra Nahuelcura decretó la máxima cautelar contra el sargento segundo Raúl Ávila Morales (quien destruyó la tarjeta de memoria de su cámara), el sargento primero Carlos Alarcón Molina, el cabo primero Braulio Valenzuela Aránguiz y el suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz. Ávila Morales y Alarcón Molina fueron imputados por homicidio simple consumado de Catrillanca y homicidio frustrado del menor de 15 años que acompañaba a Camilo, mientras que todos fueron formalizados por obstrucción a la investigación.
El juzgado determinó que hubo dolo homicida, pues quienes dispararon tuvieron la intención de causar la muerte, contrario a las declaraciones del ministro del Interior y seguridad quien ratificó que se trataba de una muerte producto de un enfrentamiento. Se desestimó que haya habido fuego cruzado, a pesar de las declaraciones del abogado defensor de carabineros.
Por su parte, la defensa del menor denunciante recalcó que nunca hubo una voz de “alto” por parte de los carabineros, “apenas nos vieron, dispararon”. Se ratifica además la obstaculización de los esclarecimientos por parte de la policía, además de desecharse la tesis de un “rebote de bala” puesto que el joven Catrillanca murió producto de un disparo directo. Se decretaron dos meses de plazo para la investigación.
La crisis que el gobierno busca cerrar vía judicial
La crisis desatada por la muerte del comunero mapuche ha sido la principal piedra en el zapato durante este 2018 para el gobierno de los empresarios. Primero por las tardías declaraciones ante el asesinato, y sobre todo por la fehaciente defensa a carabineros ante el ataque del comando jungla, llegando incluso a mentir, declarando que el tal “comando jungla” no existía.
Ayer Piñera se vio en la obligación de cambiar el discurso. Desde Argentina, en la reunión del G20, aseguró que el gobierno va a colaborar para que la investigación llegue a fondo, y que no tolerarán ninguna actuación de carabineros fuera de la ley. Este cambio no es sólo producto de la investigación -que evidencia la inconsistencia de la posición del gobierno adoptada-, sino por sobre todo la intención de cerrar vía judicial la importante crisis que se le abrió al gobierno producto del asesinato de Estado, y desviar los cuestionamientos a la responsabilidad política que tiene el gobierno, y en especial el ministro del Interior, Andrés Chadwick. En este sentido, Piñera ve la necesidad de terminar cuanto ante con la ola de movilizaciones, protestas y paros de universidades que se han llevado a cabo exigiendo justicia y castigo a los responsables.
