La precarización laboral es la regla en todas las intuiciones de educación superior del país. El recientemente fundado Instituto Rosario Castellano, creado por Claudia Sheinbaum, no es la excepción. La negación de derechos laborales ha llegado a un grado tal que, las autoridades, sin el mínimo pudor, declaran por escrito que los trabajadores no son protegidos por las leyes laborales. Reproducimos un testimonio anónimo al respecto.
Sábado 22 de mayo de 2021
A propósito del segundo aniversario de la fundación del Instituto Rosario Castellanos (IRC), es necesario dar a conocer las condiciones de contratación de los profesores y profesoras de la institución. En días pasados se realizó la firma de contratos del Instituto. Se firmaron contratos en su mayoría de meses pasados, incluso de semestres anteriores. Los contratos ahora se encuentran adecuados a la nueva ley que regula el outsourcing en la que sólo se le cambió el nombre a la subcontratación por la de “prestación de servicios profesionales”.
Ante el panorama de desempleo actual y la crisis que se agudizó con la pandemia, se vuelve fundamental además de la denuncia, la organización política y en las calles de las y los docentes junto con resto de la clase trabajdora. En esos contratos se encuentran varias cláusulas que vale la pena mencionar en esta nota; el primero de ellos es que existe un párrafo en el que se enuncia que los prestadores de servicios (cada profesor contratado por el IRC) no podrá apegarse al artículo 123 constitucional ni a la Ley Federal del Trabajo porque no existe relación laboral alguna entre el instituto y el docente.
En numerosas ocasiones se menciona que se trata de un contrato civil y de ninguna otra naturaleza. Aunado a lo anterior, otros párrafos del contrato van minando aún más los derechos laborales de quienes imparten clases ahí. En otro párrafo se menciona que “en todo momento el prestador de servicios (servicios docentes) está obligado a cumplir con un horario, emitir reportes de labores y reportar a sus supervisores”. Sin decirlo, el IRC enuncia y reconoce las características que configuran la relación laboral según la LFT. Recordemos que según la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los derechos laborales son irrenunciables, incluso si el trabajador firma un contrato en el que “manifiesta” su acuerdo con renunciar a ellos.
Además de esto, otro párrafo señala que “todo el material, descubrimiento, etc. que el prestador de servicios haga, resulta propiedad del IRC”. Esto último, además, privatiza todo material que el docente elabore para facilitar sus clases, lo cual resulta abusivo no solamente porque el profesor, sin ninguna prestación ni derecho reconocido, debe ocupar sus propios recursos para la elaboración de esos materiales (licencias de software, equipo de cómputo, diseño pedagógico, conocimientos, tiempo, pago de luz, internet, etc.).
Como docente y jefa de familia, me vi en la necesidad de firmar el contrato por cuestiones de necesidades económicas, pero no puedo dejar de denunciar lo abusivo que resulta. Los derechos son irrenunciables, pero ante las reformas actuales, se han acotado a niveles mínimos las posibilidades legales de defensa para los trabajadores y trabajadoras.
Debo señalar que mi testimonio es anónimo por la misma razón que se firman los contratos sin importar los abusos que quedan plasmados en papel: porque necesitamos el trabajo.
Si antes la ley no resolvía los problemas estructurales y en la mayoría de los casos permitía la impunidad, ahora permite que aquello que antes era ilegal, se convierta en legal, incluso la renuncia de derechos.
Ante esta grave situación considero un asunto de vital importancia, el agrupamiento y la unidad de todas y todos los trabajadores del sector educativo para enfrentar la embestida contra nuestros derechos y contra la educación pública.
Necesitamos construir un movimiento independiente de los partidos del régimen y de los empresarios, que levante demandas básicas como son: la reinstalación de todos los despedidos por luchar o por los recortes en nombre de la “austeridad republicana”, la basificación inmediata de todo el personal docente, administrativo y manual, el no pago de la deuda externa y la guardia nacional para aumentar el presupuesto educativo, un regreso a clases presenciales seguro, es decir, con toda la comunidad vacunada y garantizando condiciones dignas en las escuelas (reparaciones, agua, drenaje, material didáctico, internet, etc.).
Para logar esto, necesitamos que los grandes sindicatos educativos que se autonombran democráticos, como el STUNAM y la CNTE, rompan la tregua con el gobierno y se movilicen en las calles, retomando como propia la causa de las y los docentes precarizados desde el nivel básico hasta el superior en los sectores público y privado.
