Cristián Labbé es procesado y acusado por torturas en la dictadura quedando con libertad bajo fianza y firma mensual, mientras la Sala Penal de la Corte Suprema le da libertad condicional a otro preso de Punta Peuco más.
Sábado 13 de octubre de 2018
Durante la semana se conocieron dos noticias sobre Derecho Humanos que implicaron a Cristián Labbé, ex alcalde de Providencia y ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quién es investigado desde el 2003 por casos de tortura y violaciones a los DDHH. La primera, el ministro en visita de la corte de apelaciones, Álvaro Mesa, acusó al coronel en retiro del ejército, Labbé como autor del delito de “aplicación de tormentos” contra Harry Cohen (estudiante de electrónica). Luego, el pasado jueves, procesa a Cristián Labbé por aplicación de tormentos contra un oficial de la Marina Mercante en 1973 en el centro Tejas Verdes. Entre las distintas torturas se mencionan la descargas eléctricas, golpes, simulacros de fusilamiento y “submarinos de excrementos” (inmersión en un tambor con heces). Dentro de este contexto es que el torturador Labbé mantendrá la libertad condicional que obtuvo por otra causa, además de la firma mensual.
Y por si fuera poco, ayer viernes, la sala penal de la corte Suprema otorgó libertad condicional a otro reo de Punta Peuco, el teniente coronel en retiro del ejército, Lander Uriarte Buroto. Con votos de Hugo Dolmetsch, Carlos Kunsemuller y Manuel Valderrama, ministros que fueron acusados constitucionalmente, por otorgarle libertad a los violadores de DDHH. Uriarte cuplía condena desde 2015 en Punta Peuco tras ser condenado como autor del secuestro calificado de ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschunck Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquiers en septiembre de 1973. Uno de los principales argumentos esgrimidos para la libertad condicional es que el sujeto cumplía con todos los requisitos que confiere la ley (la que no discrimina por agravio de la pena, es decir, por ser autor de un crimen de lesa humanidad).
Con esto queda demostrado que la justicia sigue siendo una herencia que mantiene la impunidad y el poder de quienes impusieron el golpe de estado y torturaron y asesinaron, como Uriarte, que tiene libertad condicional sin siquiera haber reconocido el delito y el agravio por el cual es condenado. Una burla para la memoria y la justicia de los miles de familiares de detenidos desaparecidos que le han sido negados, hasta el día de hoy, toda la información que tienen los militares sobre sus familiares.
Una impunidad que lejos de acabarse, puede volverse extenderse aún más con el resto de gobierno de la Derecha que queda. Es por esto que se hace necesario luchar contra el gobierno de Piñera, para evitar que más torturadores salgan libres a sus casas, por cárcel común para todos los genocidas, verdad y apertura de todos los documentos clasificados, y para que de una vez por todas se derribe toda la herencia de la dictadura.
