Opinión. Tiempos de ajuste, tiempos de bronca, tiempos de resistencia

Hace más de 150 años, Karl Marx escribió que “el capital no pregunta por el límite de vida de la fuerza de trabajo. Lo que a él le interesa es, única y exclusivamente, el máximo de fuerza de trabajo que pueda movilizarse y ponerse en acción durante una jornada. Y para conseguir este rendimiento máximo, no tiene inconveniente en abreviar la vida de la fuerza de trabajo” [1].

En nuestro país, Gonzalo Molina, Fernando Jara y Víctor Herrera aparecen como los últimos nombres de una extensísima lista de vidas obreras extinguidas por esa búsqueda incesante de ganancia. Víctimas de una explosión e incendio que sacudió una refinería en Plaza Huincul, habitaban diariamente una verdadera trampa mortal. Ya a mediados de julio, hace más de dos meses, el Gobierno provincial había consignado múltiples irregularidades en la planta de New American Oil.

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En ese desprecio por la vida obrera se entrecruzan los intereses de las grandes patronales y los de la casta política que les sirve. El control sobre las condiciones en las plantas cabe tanto a las provincias como a la nación, en particular a la Secretaria de Energía de la Nación, dirigida mucho tiempo por el kirchnerismo y donde Federico Bernal hoy ocupa la subsecretaria de Hidrocarburos.

El llamado “consenso extractivista” -compartido por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio- guía gran parte de la política oficial. Es lo que empuja a darles carta blanca a las grandes petroleras, además de notorios beneficios económicos. El “milagro de Vaca Muerta” se nutre de las energías, la salud y las vidas de la clase trabajadora. Es, también, lo que motoriza el viaje que este lunes emprenderá el ministro Wado de Pedro hacia EE.UU., junto a diez gobernadores, llevando bajo el brazo la promesa de ganancias y el ruego por inversiones en el área del litio.

El flagelo de las muertes obreras no golpea solo al sector petrolero. En rubros como la construcción la voracidad capitalista destruye familias y futuros. En ese marco, a medida que nos alejamos de la pandemia, las cifras parecen escalar. Un relevamiento de hace algunos meses consignaba que, solo en Córdoba y en el primer trimestre del año, los fallecimientos por “accidentes” laborales eran un 66 % mayores al mismo período en 2021.

El control sobre las condiciones que generan esta situación recae formalmente en la órbita de Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El ente reporta al Ministerio de Trabajo de la Nación, encabezado por Claudio Moroni. Demostrando nulo compromiso con los intereses de la clase trabajadora, las autoridades de esa cartera acaban de denunciar al secretario general del Sutna, Alejandro Crespo. ¿La razón? La ocupación de una sala en el cuarto piso de uno de los edificios del ministerio, en el marco del reclamo que llevan adelante hace más de tres meses. La decisión reconfirma el evidente alineamiento de esa cartera con los intereses de las patronales de Fate, Bridgestone y Pirelli.

Extrañamente, en este caso pareciera no haber acusaciones contras la casta judicial o el peligro de lawfare. El doble discurso abunda en filas del oficialismo.

Añadamos una cuestión; el sector del neumático es un ejemplo patente de cómo la explotación patronal erosiona la salud obrera, es el neumático. El lenguaje de fábrica define a los obreros con problemas en brazos, espalda y articulaciones como “los rotos”. Una definición que, casi por sí misma, alcanza para despertar el odio contra la explotación capitalista.

En esta durísima pelea se juega más que la agenda salarial. Las grandes patronales apuestan a imponer una derrota ejemplificadora al colectivo obrero; a crear una nueva relación de fuerzas favorables a mayores intentos de precarizar las condiciones laborales. Precisamente por esto es una lucha testigo: un avance del capital es un avance contra el conjunto de la clase trabajadora. Es necesario y urgente rodear con la más amplia solidaridad la pelea de los trabajadores del neumático.

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De mundos des-encontrados

Este viernes Cristina Kirchner tomó la palabra, una vez más, en el juicio por la llamada Causa Vialidad. Combinando argumentos jurídicos con otros políticos, volvió a marcar su carácter sesgado y persecutorio. Sin embargo, la vicepresidenta no puede ni intenta desmentir la corrupción que existió en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Simplemente expone que no es la oligárquica casta judicial quien puede investigar y poner justicia en ese árido tema.

El discurso enfocó cañones a la casta judicial. Entre otras cosas, recordó la impunidad que ésta le otorgó al fallecido presidente Fernando de la Rúa. La decisión puede ser leída como una elipsis para no hablar de otro mandatario amigo de Comodoro Py: Mauricio Macri. Como un intento de seguir tendiendo puentes para un eventual “diálogo”. La respuesta a ese llamado tiene, hasta el momento, el tono del rechazo.

Las denuncias contra el Poder Judicial empalman con los combates que se libran en el terreno parlamentario. También este jueves, el Senado dio media sanción a la eventual reforma de la Corte Suprema, presentada por el oficialismo. En defensa de los jueces y sus privilegios, Juntos por el Cambio ejerció el derecho a réplica, apelando a un desgastado “republicanismo” que solo entronca con su base social más dura. Lo que ocurra en Diputados está, aún, en el terreno de la pura especulación.

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Si solo atendemos a la institucionalidad de la democracia burguesa, el proyecto votado no conduce a nada parecido a democratizar -aunque sea parcialmente- el Poder Judicial. Para el Frente de Todos se trata, en lo esencial, de lograr una mayor injerencia del poder político sobre la casta judicial. Los privilegios materiales de los que gozan los cortesanos y el conjunto del aparato judicial quedan fuera de todo cuestionamiento.

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A decenas de galaxias, las preocupaciones de las grandes mayorías populares transitan los caminos de la economía, la inflación y la pobreza. El país asiste, cada vez más furioso, a las consecuencias de un ajuste ordenado por el FMI que cae sobre la vida cotidiana de millones. El único “derrame” realmente existente es el de las consecuencias de la crisis.

Aunque se expresa con potencia, la bronca no solo emerge en la llamada “antipolítica”. También encuentra canales en las calles. Las movilizaciones que este jueves poblaron la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta de ese malestar profundo, que no se generaliza solo por la despreciable traición de la dirigencia sindical burocrática.

La demagogia del ajuste

Desempolvando relatos, el kirchnerismo ensaya el discurso del engaño. El objetivo es tratar de ocultar el persistente apoyo al ajuste en curso. Un apoyo que, sin embargo, el mismo establishment -nacional e internacional- se encarga de reconocer. Las “felicitaciones” que bajan desde el FMI y EE.UU. son, también, aplausos para ese espacio.

Sin embargo, en la embarrada política local, el oficialismo tiene a su favor la extrema brutalidad de la derecha vernácula. Este viernes el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos pidió la “la remoción por inhabilidad moral” del diputado derechista Espert. Sus repudiables declaraciones pidiendo “cárcel o bala” contra los trabajadores del neumático oficiaron de fundamento.

La frase fascistoide del ex socio de Milei merece el mayor de los rechazos. “Más que libertad, quieren esclavitud a punta de pistola”, contestó el diputado nacional Nicolás del Caño. La definición ilustra el programa de Espert en estado químicamente puro.

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Sin embargo, el pedido de los diputados oficialistas tiene cierto aroma a demagogia. Los discursos reaccionarios y represivos surcan todo el espectro de las fuerzas políticas patronales. ¿O acaso puede olvidarse a Sergio Berni celebrando los “150 delincuentes abatidos en enfrentamientos” como una suerte de “éxito” de su gestión?

El relato también se presentó en el discurso de Cristina Kirchner. Sin dudarlo siquiera, la vicepresidenta afirmó que “nunca un gobierno peronista reprimió al pueblo”. Esa reconstrucción de la historia prescinde, entre muchas otras cosas, de los asesinados y asesinadas por la Triple A. También de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. La construcción discursiva olvida, también, represiones más recientes. Como la llevada a cabo contra familias pobres en Guernica. Allí, en otra de las paradojas discursivas oficialistas, Berni y Kicillof se ampararon en las “decisiones” del Poder Judicial para arrasar con topadoras las humildes casillas construidas a pulmón.

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Los relatos, sin embargo, tienen un sabor demasiado insípido para el paladar de millones de familias pobres y trabajadoras. Allí donde el pan o el aceite se tornan productos inalcanzables, poco asidero pueden tener los discursos vacíos del pasado. Allí, las batallas retóricas contra la casta judicial tienen la marca de lo ajeno, de lo distante. El mayor o menor control sobre la Corte poco importa si la inflación sigue galopando desaforada.

La antipolítica y los múltiples odios se alimentan de esa situación. Se nutren de esta distancia sideral entre representantes y representados. Montando ese malestar, la derecha político-mediática y judicial intenta canalizar todo a posiciones reaccionarias; a discursos de barbarie funcionales a una mayor dominación del gran capital. Detrás de cada grito exaltado de Milei están los intereses sociales de un Rocca o un Galperin.

Frente a este escenario no puede caber el escepticismo o la desesperanza, eternos compañeros de ruta del malmenorismo. Las grandes crisis son, también, grandes oportunidades. Empezar a aprovechar la actual implica que la clase trabajadora dé pasos en construir su propia fuerza política. Una fuerza que, levantando una salida socialista a la crisis en curso, permita dejar atrás la decadencia a la que nos condenan los partidos y las coaliciones que hablan en nombre de capitalismo.