Tres organizaciones iniciaron acciones legales para proteger el patrimonio ambiental y cultural. La causa fue iniciada por “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos”.
Martes 17 de septiembre de 2019 16:18
Foto: Abel Sberna
La “Ruta Provincial N° 30 Corredor Beagle” es un proyecto del gobierno de Tierra del Fuego ideado para unir a la ciudad de Ushuaia con el Cabo San Pío, el punto extremo más austral de la isla, mediante una ruta que se extendería por toda la costa del Canal Beagle. Recorrería aproximadamente 130 km.
El proyecto se divide en tres tramos. El segundo implica mejorar la ruta existente, pero los otros dos requieren de la apertura de una nueva traza, talando bosques nativos de guindo, lenga, canelo, maitén y notro. Mediante una declaración de utilidad pública emitida por la Legislatura Provincial, se deforestaron ya unos 4 kilómetros de bosques.
El pasado 22 de agosto, unas 500 personas se manifestaron en contra de este proyecto.
En rojo los bosques categoría 1 que serían afectados por la apertura del tramo de la nueva ruta.
El Gobierno presentó la ruta como una obra “fundamental para el desarrollo de la región”, particularmente la industria turística. Sin embargo, según expresa un considerable sector de la comunidad de Ushuaia, “a pesar de estos dichos, no existen o no se han dado a conocer, proyectos de desarrollo turístico u de otra índole acompañando a esta ruta, lo cual genera mucha preocupación, ya que se teme especulación inmobiliaria, emprendimientos turísticos de alta gama, explotación intensiva de recursos naturales (como turba o madera) y el desarrollo de las salmoneras en el Canal Beagle”.
Consultado por La Izquierda Diario con respecto a la promoción de rutas en detrimento de los senderos de trekking, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, el Sr Luis Castelli, informó que “haber pasado la ruta por otro lugar hubiera implicado más desmonte de bosque. Por eso se optó pasarla por los lugares ya impactados. Y senderos se van a seguir abriendo”.
María Laura Borla, guía de turismo en Ushuaia, confirmó a este medio que el Gobierno fueguino no hizo lugar a una instancia de participación de la comunidad ni comunicó sobre las obras, antes de comenzar con las mismas. Si bien los funcionarios hablan de un proyecto de desarrollo turístico, no hay una planificación del mismo o no se lo ha consultado con la comunidad implicada.
Además, en dos oportunidades, los trabajos fueron interrumpidos ya que los operarios talaron árboles y trabajaron sin la cartelería correspondiente e incluso invadieron propiedad privada, por lo que recibieron denuncias y tuvieron que frenar las tareas.
Sobre la sospecha de la instalación de salmoneras en el canal, el secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio climático, Mauro Toscani, en diálogo con La Izquierda Diario aseguró que los estudios para su instalación fueron desestimados, al menos para el tiempo que le queda a esta gobernación. Resaltó, además, que el corredor del Beagle es importante para comunicar a la ciudad con el área de Península Mitre, un área de más de 300 mil hectáreas que se busca proteger y donde el gobierno quiere desarrollar infraestructura de conservación y aumentar el desarrollo turístico de la provincia.
Este plan de desarrollar el área de Península Mitre para el turismo también genera preocupación por parte de la comunidad, debido al impacto que la infraestructura y el aumento de visitantes pueden generar en un área de gran importancia para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio arqueológico de la isla.
Una ruta turbulenta
Este ecosistema es único en todo el país, ya que es el punto donde el bosque se encuentra con el mar. La franja costera afectada por el tramo 1 de la ruta es la única que se conserva de todo el Canal Beagle sin intervención antrópica significativa. Es hábitat de especies características como el pájaro carpintero gigante y del huillín, una especie de nutria en peligro de extinción que habita los bosques de la región.
Por otro lado, la construcción de este primer tramo implica la destrucción de un sendero de trekking muy apreciado por la población local y los visitantes. Se trata del conocido sendero “Túnel” que se extiende por 6 kilómetros desde Punta Escarpados hasta la desembocadura de Río Encajonado.
El tramo 3 también es cuestionado ya que implica avanzar por alrededor de 20 kilómetros en una región de humedales compuesta principalmente por turberas de astelia, de características únicas, que albergan alta biodiversidad y cumplen un rol fundamental en la regulación climática. En estos momentos, las obras en este tramo están suspendidas, según informó Toscani a LID, ya que la Dirección General de Recursos Hídricos hizo una serie de recomendaciones y solicitudes a la empresa para que aclare cuál es la metodología constructiva que utilizarán en ese tramo. Una vez que la empresa responda y concuerde técnicamente con las recomendaciones, se avanzará con las obras.
“Cuando presentaron este proyecto dijeron que sería una ruta paisajística de bajo impacto, con un ancho de no más de 8 o 9 metros. La realidad es esta bestialidad con un ancho superior a los 15 metros”, denunciaron los vecinos y vecinas que se oponen al proyecto y aportaron imágenes que dan cuenta de la pérdida de árboles añosos y de la magnitud de la obra.
El patrimonio arqueológico también se vería afectado, ya que el trazado pasa por zonas de alta densidad de yacimientos que albergan información sobre el pueblo Yagan, habitantes originarios de las costas del Canal Beagle.
Este es uno de los puntos más cuestionados del proyecto que incluso provocó el despido del arqueólogo del Conicet, Lucas Turnes, quien fuera convocado por la Secretaría de Cultura para asesorar en el proceso de estudio de impacto ambiental. Turnes fue despedido cuando informó a los secretarios de Obras Públicas y Cultura que los estudios no estaban bien realizados, la metodología utilizada por la empresa Arqueoambiental era incorrecta y, por ende, su evaluación sobre los mismos era negativa. Según Turnes, los relevamientos que se hicieron no fueron los suficientes y en el tramo 3, directamente, ni se hicieron donde correspondía. La Asociación Manekenk coincidió con estas apreciaciones
El único verde que queda en pie es el dólar
En diciembre de 2018 el Gobierno realizó una audiencia pública para dar a conocer el estudio de impacto ambiental de la obra. El trabajo fue entonces duramente cuestionado por investigadores de instituciones como el CADIC-CONICET y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Los exponentes consideraron que el estudio carece de información acabada sobre los diversos impactos, ambientales y sociales que generará y resulta “insuficiente” como herramienta adecuada para la toma de decisiones, recomendando que sea desestimado.
La Dra. Andrea Coronato, investigadora independiente del Conicet y vicedirectora de CADIC incluso afirmó a una radio local que la calidad del estudio de impacto ambiental tiene el nivel de “la monografía de un estudiante”, que desconoce aspectos geológicos y geomorfológicos, las condiciones y características de los ecosistemas y la biodiversidad del área, especialmente sobre las turberas y que “la falencia más importante es por el lado cultural e histórico, no se incluyó la evaluación arqueológica, argumentándose que pasaba por otro informe distinto que no tuvo evaluación, audiencia pública ni control social”.
El costo estimado de la obra, otorgada a la empresa “Felipe Gancedo S.A”, en abril de 2018 -momento de su adjudicación- ascendía a $1.720.644.084,11 pero actualmente es un misterio saber cuánto costará debido a la inflación y el aumento del valor del dólar. La obra es financiada con un empréstito en dólares tomado por la provincia.
Tres organizaciones civiles de la provincia (Asociación Manekenk, Asociación Profesionales de Turismo y Asociación Bahía Encerrada) iniciaron acciones legales por intereses difusos, para proteger el patrimonio ambiental y cultural. La causa se encuentra en curso en la justicia fueguina y fue iniciada por “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos”.
Consultadas por estas acciones, informaron a La Izquierda Diario que su objetivo es lograr detener el avance de las obras, ya que el daño que se hizo hasta ahora aún es reversible, pero de continuar con la construcción de la ruta entonces el ecosistema sí se verá definitivamente afectado.
