Denuncian que la Agencia de Desarrollo Sostenible del gobierno es responsable del desmonte por quemas en el área natural protegida de los diques, los desmontes vienen siendo su práctica recurrente violando todo derecho ambiental y de protección de los bosques en pos del negociado inmobiliario de unos pocos.
Miércoles 7 de octubre de 2020 17:44
El desmonte, esta vez con quema intencionada en un área de Reserva Natural de los diques, fue denunciado a fines de Septiembre por la Organización Campesina de los Perilagos MNCI Jujuy, quienes vienen defendiendo esta zona natural protegida, frente al avance de las maquinas topadoras de funcionarios de la Agencia de Desarrollo Sostenible del gobierno de Morales, que buscan avanzar a como dé lugar en arrasar la zona, esta vez con fuego para continuar así con el proyecto de venta y negociado de terrenos.
A pesar que desde el 1 de septiembre la organización campesina consiguió una medida cautelar que freno la licitación de ventas y desmontes de los terrenos, el gobierno provincial, esta infligiendo directamente esta medida conseguida, al continuar abriendo caminos con topadoras y desmontando el terreno con quemas irresponsables de grave peligro propagatorio en temporada seca.
Las quemas intencionadas dentro de un área de monte nativo representan un grave riesgo por la propagación que pueden desatar las mismas, tal como sucede ya en catorce provincias testigos de incendios forestales descontrolados en el país, y que consumieron más de 270 hectáreas dentro de otra zona de selva pedemontana contigua al Parque Nacional Calilegua.
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Las comunidades también denunciaron que, ni el intendente Alejandro Torres, ni concejales de la localidad de El Carmen, se han encargado de hacer valer el derecho a la protección ambiental de los bosques, siendo así cómplices de los intereses del gobierno.
La continuación del gobierno provincial en la destrucción de los montes nativos pertenecientes a áreas de reserva natural que están protegidas por la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Bosques y tratados ambientales a nivel internacional, significa también la perdida en biodiversidad de flora y fauna de los territorios arrasados, también el ataque a las formas de vida de las familias campesinas que por generaciones habitan el territorio, a las que se les niega toda consulta y derechos básicos como acceso a agua potable.
El desmonte viene siendo además práctica habitual en todo la geografía del país, gracias a los gobiernos provinciales y nacionales que dan vía libre a los empresarios que arrasan enormidad de bosques nativos, territorios campesinos e indígenas por sobre toda ley, para suplantarlos por avances de negocios inmobiliarios o expansión de sus fronteras agropecuarias con el único fin del lucro de un sector y de una clase privilegiada.
