En el marco de una cumbre de negocios del G-20 en París, Miguel Acevedo, el presidente de la Unión Industrial Argentina, defendió a FMI y sostuvo que el gobierno debe avanzar en el ajuste y una flexibilización laboral.
Martes 29 de mayo de 2018 07:18
Los empresarios tienen un plan para la economía. No obstante las diferencias que surjan entre sus distintas alas, comparten un objetivo común: acelerar el ajuste sobre los trabajadores.
Uno de sus exponentes más tradicionales y representativos en el país es la Unión Industrial Argentina. Su actual titular, Miguel Acevedo, no se guardó ningún detalle respecto a sus aspiraciones para los tiempos venideros en una entrevista realizada ayer al diario Clarín. Allí remarcó su apoyo a la gestión de Cambiemos y Mauricio Macri, admitió los beneficios al capital que opera localmente por la devaluación, defendió el accionar del Fondo Monetario Internacional (FMI) y planteó, en honor al "trabajo formal", la necesidad de avanzar con más flexibilización laboral.
Conseguida la devaluación (aunque buscarán que suba aún más en los próximos meses), la apuesta del capital es aprovechar el "viento de cola" de la llegada del FMI para presionar por la reforma laboral flexibilizadora. "Yo estoy seguro que la flexibilidad va a dar trabajo. Hoy muchas empresas que están trabajando con gente y trabajando más tiempo con horas extras, prefieren pagar horas extras que tomar gente, por este tipo de inflexibilidades. Por eso hay que tener mucha valentía, sentarse entre las dos partes y buscar, defendiendo al trabajador, cómo hacer para tener más trabajadores formales", afirmó Acevedo en dicha entrevista.
"Nosotros no podemos estar con una ley del siglo pasado, cuando hasta la mujer no votaba en los ’50. Y hoy hay una libertad, hay cosas que hoy no se condicen con lo que se estaba hablando en esa época. (...) Tenemos que ser más los que trabajan en el sector formal de la economía. Y para eso si no hay un trabajo permanente, poder buscar los trabajos por tiempos o part time, no toda la semana o en su casa. Yo creo que siempre va a haber gente que prefiere trabajar de esa manera que trabajar de la manera tradicional o que no trabajar".
La alusión a una "defensa del trabajador" y de las supuestas buenas intenciones de la flexibilización para favorecer el empleo formal (incluso refiriéndose a conquistas de las mujeres o supuestos beneficios del "trabajo en el hogar") no son ninguna novedad en nuestro país. Los empresarios intentan posicionarse ante la sociedad como los "dadores" de trabajo, la clase que debe favorecerse para que el conjunto de la sociedad se favorezca. Así proponen que la baja de impuestos para ellos, la reducción de las contribuciones a la seguridad social y especialmente una mayor flexibilización de las condiciones laboral son un requisito para poder "blanquear" trabajadores.
Sin embargo, esta receta se ha probado ya en otras oportunidades, y así como en las reformas de los años ´90 y su continuidad durante la gestión kirchnerista, ningún beneficio ha brindado a los trabajadores más que una degradación de sus condiciones de trabajo y de vida. Uno de cada tres trabajadores hoy está en la informalidad, tiene un trabajo "en negro".
Para Acevedo, "el ajuste lo vamos a tener que pagar todos, incluidos los empresarios". "El tema es que si hay algún tipo de ajuste, que por lo menos sea exitoso. Porque si no lo que siempre ha pasado es que vivimos con unos ajustes que terminan no haciéndose y seguimos en la misma".
Otro engaño de los capitalistas y el gobierno. Ni en los ciclos de alza de la actividad económica los beneficios son "para todos", ni en los momentos de ajuste los costos son repartidos. Son los trabajadores quienes han debido cargar con las consecuencias del ajuste, que por definición su "éxito" consiste en atacar el salario real y las conquistas laborales.
El gobierno comparte el discurso de la reforma laboral como una política de "formalización laboral" y afirma que permitirá blanquear 300.000 trabajadores. Esta forma de presentar la ley intenta embellecer medidas que se proponen reducir el costo de las indemnizaciones por despidos y avanzar con regímenes de pasantías, entre otras medidas antiobreras.
"La expectativa es que haya entre 200.000 y 300.000 beneficiarios de esta medida. Esperamos que sea en el primer año, así estaríamos incorporando a casi el 5% de los asalariados no registrados", afirmó en estos días el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Los propios empresarios y abogados defensores más acérrimos de las patronales, como Julián de Diego, admiten que hay "perdones de todo tipo" para los empresarios, es decir, condonaciones de deuda por evasiones, elusión e ilegalidades graves como la no registración de trabajadores.
El proyecto oficial condona deudas por aportes y contribuciones patronales, multas por infracciones y la extinción de acciones penales para los empleadores que regularicen la situación de los trabajadores dentro del primer año (360 días) desde la vigencia de la reglamentación de la ley.
La exención pasará a ser del 100% si el traspaso se realiza en los primeros seis meses (180 días).
Asimismo se fija un límite de hasta cinco años de aportes hacia atrás que el Estado le reconocerá al trabajador sobre la base del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy es de $9.500 y en julio será de $10.000. Si el trabajador estuvo más de 5 años en la informalidad, no se le reconocerán esos años de trabajo, ni tampoco aportes mayores al salario mínimo.
No sólo los años no declarados no computarán para el cálculo de la jubilación ni de la indemnización, sino que para ser "blanqueado" el trabajador deberá renunciar a efectuar reclamos judiciales por los años sin aporte. A su vez, las indemnizaciones por falta de registración o registración irregular no beneficiarán al trabajador sino que buscan aumentar la recaudación del Estado.
En el marco de la preparación de un mayor ajuste por parte del gobierno, junto con la deuda en negociación con el FMI que implica mayores condicionamientos del organismo, esta ley permitirá abaratar los despidos a las patronales. Otra muestra de que el intento es descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores, una crisis generada por los propios capitalistas.
