Alto comisionado para los derechos humanos de la ONU ha criticado que en el caso no existan imputados. Mientras las autoridades de Atención a Víctimas planean entregar a sobrevivientes 5 millones de pesos en concepto de reparación del daño.
Lunes 23 de mayo de 2016
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha declarado que después de que 22 civiles fueran asesinados presuntamente a manos de militares en una bodega del municipio de Tlatlaya y que las autoridades mexicanas no tengan ninguna imputación en el caso a dos años de los hechos es una cuestión “inaceptable”.
Le siguen también los hechos de 2014 sobre la desaparición de los 43 normalistas de Igual, Guerrero, de Tierra Blanca, así como las masacres de San Fernando contra migrantes centroamericanos.
La crisis de Derechos Humanos y de justicia en México parece no tener fondo. Como en los casos antes mencionados, la matanza de Tlatlaya sólo ha logrado sumirse aún más en la incertidumbre y la impunidad, esto luego de la reciente absolución de los cuatro militares implicados en la “ejecución extrajudicial”, donde el principal argumento fue que existen contradicciones en las declaraciones de tres testigos de los hechos.
La salida fácil de las autoridades
A pesar de la exigencia de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, junto al llamado de la ONU sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha decidido entregar 5 millones de pesos a las dos primeras sobrevivientes.
El presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, ha declarado que es un elemento a destacar como parte del proceso de reparación del daño a víctimas de la matanza. El organismo aprobó este recurso monetario a las víctimas desde el pasado jueves bajo el concepto de reparación integral a dos sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya, así como a sus respectivos núcleos familiares.
Dicha comisión también ha señalado que continuará revisando el expediente en el que aún queda pendiente la reparación de siete familias más de personas identificadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como víctimas de ejecuciones extrajudiciales por militares; así como uno o dos más sobrevivientes de los hechos.
Cabe destacar que la aportación de dinero se obtiene siempre y cuando exista una resolución unánime por parte de la autoridad judicial o de un organismo público de derechos humanos. Sin embargo, las mismas autoridades señalaron también -y muy al pasar- que tienen en su registro a uno de los militares, quien asegura que fue víctima de violación a sus derechos humanos, por lo que ha solicitado la intervención de la comisión y la reparación del daño.
Sobre esto se explicó que desde la perspectiva de la comisión no se puede distinguir entre víctima o victimario, ya que el objetivo central es la atención y reparación del daño a quien se le violaron sus derechos fundamentales sin importar su condición. El despropósito de este hecho pone en igualdad de condiciones a quien porta un arma, sea un militar o policía, frente a un civil desarmado en fuego cruzado.
A la sombra del Ejército mexicano, están las autoridades y la línea política de la CEAV para ayudar a tapar el caso con una impunidad mayor. Pues es el mismo Ejército que ha demostrado una y otra vez ser el brazo armado que actúan en asociación con los grupos criminales y garantiza los intereses de los partidos que gobiernan al servicio del imperialismo estadounidense y sus planes en el país.
