Redes de trata. Tlaxcala, el infierno de mujeres y niñas

Tenancingo –municipio de Tlaxcala- es conocido mundialmente como la capital de la trata de personas, ya que se estima que tan sólo ahí el 10% de la población se dedica al reclutamiento, explotación y venta de mujeres; desde ahí se trafica a las mujeres hacia la Ciudad de México e incluso a otros países.

Es por eso que el 8 de agosto de 2016, la organización Todos para Todos A.C. presentó la solicitud formal ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para que se emitiera la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 13 de los 60 municipios de Tlaxcala, entre los que se encuentran: Apizaco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Chiautempan, Papalotla de Xicoténcatl, Tenancingo y Zacatelco.

En noviembre del año pasado se hicieron recomendaciones al gobierno del estado y se le dio un plazo de seis meses en los que el grupo de trabajo determinaría si las recomendaciones se llevaron a cabo y eran eficientes; el exgobernador le dejó a Marco Mena Rodríguez la pre-Alerta y las tareas para inhibir la aplicación de la AVG.

El grupo de trabajo formado finalmente determinó por unanimidad que "el gobierno de Tlaxcala está realizando acciones suficientes para revertir las condiciones de violencia contra las mujeres".

Después estas medidas la Secretaría de Gobernación dio sus resolutivos, entre los cuales está:

“SEGUNDO. No se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Tlaxcala. No obstante, es preciso que el gobierno de la entidad continúe fortaleciendo las capacidades institucionales para atender esta problemática, particularmente, aquélla que se suscita en materia de trata de personas.”

Para el Estado, la vida de las mujeres no vale nada

Esto, como parte de la colusión entre el gobierno Federal y el Estatal por no visibilizar las cifras reales y esconder la situación que viven las mujeres no sólo en Tlaxcala sino en todo el país, para que no se revelen los hilos negros que llevan hasta funcionarios y políticos importantes.

Pero no es de extrañarse que el Estado y sus instituciones consideren que “no existen razones suficientes” para tomar más medidas en contra de la violencia hacia las mujeres, ya que se ha comprobado los nexos de autoridades locales y ‘peces gordos’ en las redes de trata, por esto no quieren que el fenómeno salga a la luz y no sólo sea un “secreto a voces”.

Sin embargo las cifras oficiales de la PGJE durante el gobierno de Mariano González Zarur (2011 a 2016) reportan un total de 57 denuncias abiertas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y el promedio de edad de las mujeres es de 23 años.

La naturalización que hace el gobierno de la violencia hacia las mujeres y la colusión al interior de las redes provoca que la población de Tlaxcala tenga miedo de denunciar y claramente desconfíe de las autoridades.

El Centro Fray Julián Garcés que recopila los datos de trata en el estado, expresó que las acciones tomadas por el estado “no tienen la contundencia necesaria para enfrentar el delito” y que es una política de simulación.

El centro Fray Julián Garcés (religioso) que sigue los datos de trata en el estado manifestó que las acciones tomadas por el estado “no tienen la contundencia necesaria para enfrentar el delito” y que es una política simulación. Aseguran que en 2014, el gobierno de Tlaxcala simuló la investigación y persecución de lugares de explotación, pues expuso que el gobierno estatal públicamente había clausurado 264 establecimientos dedicados a la trata de personas, pero en la revisión de campo no existió un solo lugar en el que se aplicara la Ley de Extinción de dominio.

¿Cómo enfrentar la trata y explotación sexual?

La Alerta de Violencia de Género (AVG) está contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y está definida como un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

Dentro de la Alerta de Género también se contempla una intervención activa del Ejército, otorgándole facultades excepcionales y permitiendo que pueda declararse un estado de queda para la población, lo cual sigue la misma lógica de militarización del país en la supuesta guerra contra el narco; lejos de erradicar la violencia feminicida, es una salida completamente reaccionaria y afín a los intereses de los empresarios y partidos tradicionales.

Para enfrentar las redes de trata y el feminicidio no podemos confiar de las mismas instituciones que esconden cifras, perpetúan y legitiman la violencia. Es necesario un gran movimiento de mujeres en las calles que repudie la violencia contra las mujeres y sea independiente de las instituciones que lo mantienen ya sea por acción u omisión; un movimiento de mujeres que de la mano de los familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos integren comisiones investigadores que actúen por fuera del Estado y apuesten por confiar en sus propias fuerzas: las de las mujeres, la juventud y el conjunto de los trabajadores explotados del país.