En pocas horas comienza el tratamiento de Ley Bases y Paquete Fiscal en el Senado. Dos leyes corruptas, que incluyen compra de votos y prebendas. Mientras siguen detenidas 5 personas que sufrieron el operativo de provocaciones y represión de Patricia Bullrich. Libertad a Daniel Sica, Cristian Valiente, Facundo Gómez, Roberto de la Cruz Gomez y Daniela Calarco, presos políticos. Sus familiares y organismos de DDHH además piden solidaridad.
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Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Martes 25 de junio de 2024 19:37
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Foto. Silvana Safenreiter
La corrupta Ley Bases sigue teniendo presos y presas políticas. El viernes 14 la jueza federal María Servini liberó a 17 de ellos y el martes 18 excarceló otros 11 detenidos. Les dictó la falta de mérito, aunque la causa puede continuar. Al mismo tiempo procesó con prisión preventiva a los 5 restantes. En el sector Ingresos A del Penal de Ezeiza están David Sica, Cristian Fernando Valiente, Facundo Ezequiel Gómez; en el Pabellón D alojan a Roberto María de la Cruz Gómez y en el penal de Mujeres a Patricia Daniela Calarco Arredondo.
El impresentable fiscal Carlos Stornelli había pedido que sean investigadas por delitos gravísimos: daños simples y agravados; incendio y estrago; delitos contra la seguridad pública; instigación a cometer delitos; intimidación pública; incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones; la organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor, entre otros. Además pidió su prisión preventiva.
El 18 de junio Servini se expidió sobre la situación procesal de los 33 imputados. Junto a la “falta de mérito” de los liberados, dictó el procesamiento con prisión preventiva de 5 de ellos, que siguen detenidos una semana después en penales federales. Si bien no tomó las figuras penales propuestas por Stornelli, los mantiene presos acusados de distintos delitos, como intimidación pública (pena de 2 a 6 años de prisión), atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión) y daño agravado (3 meses a 4 años), entre otros delitos.
Sus familias vienen denunciando lo mismo que todas. La madre de Facundo Gómez contó en la radio que comienza como un caso de “averiguación de antecedentes”, a la que se suma la acusación de haber “saltado una valla”, cosa que además no ocurrió. “No hay pruebas. Leímos el expediente y no hay pruebas. La única prueba que presentan es la declaración de un efectivo de policías que lo detiene que dice haber visto estos hechos. Pero nada más. Es palabra contra palabra. Pruebas no hay. Fotos no hay. Videos no hay”, cuenta y pide imágenes a quienes puedan ayudarla.
Emilia, la compañera de Daniela, le contó a La Vaca que “es difícil caminar con tranquilidad cuando te disparan y encima tiran gases, incluso desde edificios en Avenida de Mayo como se vio en algunas imágenes. Hasta le hice de lazarillo a Dani, porque ella no podía ver. Doblamos por 9 de Julio e intentamos resguardarnos en el McDonalds. Fueron menos de dos minutos. Salimos y un personal de civil la manotea y la detiene, casi un secuestro. Era un masculino, tenía polar, buzo negro, jean y zapatillas de treking. No estaba identificado. Entre treinta y cuarenta minutos tardó en hacerse presente el personal femenino”. En las fotos puede verse la persecución y detención, lejos del Congreso.
Las acusaciones solo pueden ser entendidas como parte de un plan político autoritario, orquestado en los cerebros de Patricia Bullrich y su amigo Carlos Stornelli. Pero aún así son delirantes en relación a los hechos que se les acusan: saltar una valla, discutir con un policía o arrojar una piedra.
Lo que estamos viviendo es un curso concentrado de justicia de clase. Nos gobiernan ministros acusados de una de las estafas más grandes de la historia argentina como el acuerdo con el FMI, como Nicolás Caputo. Hay empresarios corruptos como Calcaterra y toda la patria contratista que pasean en libertad. Otros que apoyaron el genocidio como Paolo Rocca ponen funcionarios en el Gobierno. Funcionarias que hacen negociados y dejan pudrir los alimentos de los comedores populares se ríen. Y están por aprobar una ley antipopular comprando votos. Y acusan de atentar contra las instituciones republicanas a un grupo de personas que protestó contra una medida que los hundía más en la pobreza, mientras persiguen a organizaciones piqueteras para ocultar los reclamos contra el hambre.
El bloque del Frente de Izquierda, con Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Plá este martes denunció la persecución política, exigió la libertad de las presas y presos y aseguró que "si la compra de votos a cambio de cargos personales no hubiesen aprobado la Ley Bases. Vamos a plantear la nulidad de esta ley".
El gobierno apela a los métodos típicos de la casta: ley corrupta, presos políticos con causas truchas.
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El plan del gobierno sufrió un golpe pero insiste
La jueza Servini tuvo que tomar nota, como todo el Poder Judicial, de la inmensa campaña democrática que había surgido la misma noche de la represión. Un petitorio de más de 70 mil firmas, con ex presidentes latinoamericanos, directores internacionales, figuras de la cultura, parlamentarios del peronismo, la izquierda y hasta la UCR, miles de trabajadores y estudiantes. Además, las impresionantes denuncias primero de las familiares y luego de los detenidos, sobre los vejámenes que habían sufrido, estaban convirtiendo a la causa en un escándalo. Con esa enorme solidaridad el intento de imponer un régimen de disciplinamiento policial y desmovilización social sufría un golpe. Pero la necesidad del gobierno derechista de imponer el ajuste mantiene las amenazas represivas y a 5 compañeras y compañeros presos.
Como siguen los ataques, sigue la campaña. La libertad de los 5 presos políticos de la Ley Bases es parte de cada actividad de lucha en cada punto del país. Los sectores combativos, las organizaciones sociales y asambleas barriales los han tomado como bandera. Sus familias llevan adelante una lucha incansable, que une a madres y hermanos de quienes han sido liberados con quienes están en la cárcel. Cuenta Alan, hermano de Camila Juárez (liberada), “muchos familiares de los detenidos seguimos coordinándonos por la liberación de los cinco que faltan, se están juntando cosas en la Mutual Sentimiento en Chacarita, en Ate y otros puntos de acopio. Están juntando de dinero también, e impulsando la campaña. El 2 de julio hay una nueva reunión, está convocada una nueva reunión de las organizaciones y familias que estamos en esta pelea”.
Hay que reforzar la campaña por la libertad de todos y todas. Está en juego el derecho a la protesta, a enfrentar la opresión y los pactos contra el pueblo como el que están cocinando en el Congreso. Gritemos con fuerza: ¡libertad a David, Cristian, Facundo, Roberto y Daniela! ¡Abajo las causas contra todos los detenidos!
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Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.