Chubut. ¿Todo por el bien común?

El chantaje como política

El jueves 18 de enero, 18 intendentes y 7 jefes comunales de la provincia de Chubut, reunidos con el gobernador Arcioni firmaron un documento de apoyo al Pacto Fiscal suscripto porla provincia con el ejecutivo nacional y el proyecto de Ley de Emergencia Económica en la provincia. Este último fue condicionado en cuanto a su alcance por la legislatura provincial en la sesión del pasado 9 de enero, a la vez que rechazó suscribir el Pacto fiscal, ante una multitudinaria movilización en contra.
No es que la oposición legislativa este ponderando los intereses de los trabajadores, se trata de la coyuntura abierta con las masivas marchas contra la reforma previsional el pasado diciembre, a partir de la cual nadie quiere pagar el costo político del ajuste.

El pasado 12 de diciembre, el ejecutivo provincial saco el decreto “modernización del Estado provincial” que congela salarios y paritarias por un año, cancela contratos y achica el Estado provincial privatizando áreas en nombre de la eficiencia y la productividad. Como se denunció en las asambleas y cortes de ruta de diciembre se trata del modelo de ajuste aplicado a modo de laboratorio por Gerardo Morales en Jujuy. Al mismo tiempo presentaba su proyecto de Ley de emergencia económica en la legislatura, por la cual pretende “solucionar” el despilfarro del endeudamiento crónico del Estado provincial a costa de los trabajadores.

Ahora, como lo hiciera el 7 de agosto con el pedido de más gendarmes para “proteger a la comarca del RAM”, o con los ocho intendentes que piden la megaminería en la meseta en nombre del trabajo y el progreso, el Ejecutivo provincial apela a presionar a través de los intendentes para aprobar su ajuste doméstico en la legislatura de cara a la sesión de febrero próximo.

Del mismo modo que Macri utilizó a los gobernadores para aprobar el pacto fiscal y la nefasta reforma previsional que robó a 17 millones de personas en el congreso nacional, Arcioni utiliza a los intendentes con el chantaje de los 1300 millones de pesos de coparticipación federal que no llegarían de no adherir al mismo. Y el chantaje como método se extiende al conjunto de los trabajadores del Estado provincial con el “censo” a los empleados estatales que de no completarlo no cobrarían el sueldo de Marzo, llegando incluso al despido como sanción.

Como en aquel momento, Arcioni, lejos de denunciar esta extorsión a través de los fondos de coparticipación, establece cierta “cadena de mandos”, utilizando el mismo método que Macri, pero en la provincia. Así la casta política corre detrás del supuesto aporte al “bien común” en cada medida que pretende aprobar. No extraña que intendentes “leales”, como Ibarra (LagoPuelo) u Ongarato (Esquel) lo acompañen, pero que lo hagan intendentes tenidos por “díscolos” como Reato (Epuyen) habla las claras de la magnitud del apriete económico que significaría para las pequeñas localidades.

Más aún cuando en el marco del acto oficial del 28º Encuentro de Artesanos de Epuyen, el propio Reato (FPV) fue quien llamó a silencio a quienes protestaban desde el publico contra los proyectos megamineros y la represión a las comunidades mapuches. Con una sonrisa socarrona Arcioni veía con evidente beneplácito como Reato se inmolaba políticamente para defender el ajuste, llegando al ridículo de decir que quienes protestábamos eramos de afuera del pueblo, que “ensanchan la grieta” y terminar con “ahora me bajo y lo arreglamos".

Resulta contradictorio que este llamado al “bien común”, el trabajo, el progreso, etc. Venga de la mano de un proyecto que fundamentalmente ajusta la administración pública y despide trabajadores del Estado provincial. Es que el bien común que detentan es de las patronales petroleras, de los intereses mineros, de los terratenientes como Benetton y las patronales industriales que exigen ajuste y bajos salarios. El bien común de la liga de explotadores

Unir las luchas, enlazar los reclamos para triunfar: ajuste, represión y megaminería

Y fue este tema el que estuvo ausente en el repudio a la presencia de Arcioni en la localidad cordillerana, porque estuvieron ausentes las organizaciones de trabajadores haciendo oír su reclamo. Así, el justo reclamo contra los proyectos mineros y la represión a las comunidades mapuches, no se enlazó con el marco político y económico en el que se produce.

De un lado, la represión al pueblo mapuche se inserta en el contexto de defensa de los intereses terratenientes extranjeros, pero también en una escalada represiva a nivel nacional que busca amedrentar la combatividad popular judicializando y reprimiendo la protesta. Esta escalada represiva, hoy por hoy, luego de las jornadas de diciembre, resulta evidentemente dirigida a los sectores obreros y populares que se pusieron en pie de lucha contra el ajuste y los despidos en buena parte del país. Por ello la unidad de la lucha contra la represión es central para lograr los objetivos tanto de las comunidades mapuches como de los trabajadores movilizados contra la ley de emergencia económica en la provincia y los despidos que esta conllevaría. Los intendentes le van en zaga al gobernador, ajustando las plantillas municipales y echando mano a la precarización estructural para despedir trabajadores.

Nada casualmente, otro firmante de la carta de apoyo al ajuste del pasado 18 de enero, es Currilen, intendente de El Maiten, localidad que depende de los impuestos de Benetton para pagar salarios, y quiénmás enconadamente se ha declarado contra la recuperación dela Lof en Resistencia Cushamen, utilizando el fantasma de la RAM (Si, CURRILEN!!!), es quien encabeza la lista de intendentes ajustadores, despidiendo personal del municipio y del hospital zonal.

Al mismo tiempo, el flamante secretario de seguridad de la provincia asume con un llamado a implementar una “política de shock” con más controles para “saber quién está en la calle”(sic).

Por otro lado, la histórica lucha contra los proyectos megamineros en la provincia, se topa con el llamado a generar “fuentes de trabajo” en la meseta y el ahogo financiero provincial que se “resolvería” con estos proyectos, la pregunta es ¿cómo sin retenciones de ningún tipo y que están detrás de la estrategia gubernamental de ajuste?. Del mismo modo que ajuste y represión van de la mano, ahogo financiero y megaminería se enlazan en un combo contaminante que tiene por excusa sacar del abandono en el que han sumergido a buena parte de la provincia las sucesivas administraciones, y por ello es necesario enfrentarlos de conjunto con la unidad de los trabajadores y el pueblo.

Por eso los grandes ausentes fueron las organizaciones de trabajadores, impulsando el reclamo contra esta maniobra chantajista del gobernador Arcioni, rompiendo el letargo en que se encuentran las direcciones provinciales de ATE y las CTA a la espera del nuevo debate legislativo de la Ley, y poniendo en pie ya un plan de lucha contra el ajuste abierto y encubierto contra los trabajadores.

Ya se conocen despidos encubiertos en los hospitales de Puelo y El Maiten con la famosa figura del contrato a término, pero también en otras áreas como en controles médicos que ha sido privatizada de un plumazo.

De hecho, Salud es el sector más golpeado con 50 % de trabajadores precarizados, y la gravedad de esta situación hace que, por ejemplo, como denuncian los mismos trabajadores en un comunicado (http://www.ateargentina.org.ar/nota.asp?id=11628) de cara al paro del pasado 25 de enero, “el Hospital Subzonal de El Maitén es la única maternidad y centro de atención integral de la mujer que actualmente no está garantizando la continuidad del servicio por precarización laboral de la única ginecóloga de la comarca Dra. Campos Cecilia y la ausencia de un segundo profesional toco-ginecólogo y anestesista para que el servicio cubra los 30 días de atención.” Cabe aclarar que este Hospital Subzonal cubre Lago Puelo, El Hoyo, Epuyen, Cholila y parajes rurales intermedios.

Como con el ataque que sufren los trabajadores del Posadas, detrás de estos despidos “se está instalando de forma silenciosa por parte del Estado Nacional la Cobertura Universal de Salud -CUS, refrendado por Estado Provincial. Esto significa que como usuarios de los Hospitales y Centros de Salud se pagaran prestaciones que eran gratuitas desde 1946, entre ellos estudios de imágenes, laboratorios, medicación etc. No cubrirá los tratamientos de alto costo como los oncológicos, reumatológicos, de hepatitis etc. Deja por fuera el trabajo comunitario y preventivo de lostrabajadorescomunitarios de salud en terreno. Se otorgara una credencial con una canasta básica y limitada de prestaciones, el exceso lo pagara el usuario.”

¡Unidad de los trabajadores!

Por ello es necesario salir de la fragmentación de los reclamos apostando a una extendida unidad contra el ajuste, los despidos y las falsas salidas patronales a la crisis económica que el parasitismo clientelar corrupto del aparato del Estado provincial ha generado mientras ha hecho crecer exponencialmente las ganancias patronales nuestra costa.

Es imperativo impulsar la unidad de las luchas poniendo en pie un plan de lucha unitario contra el saqueo. ¡Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias!
Cuando ellos hablan de un “Estado eficiente” es en función de sus propios intereses, un Estado “barato” y represor. Porque quienes vamos a “estar en la calle” somos quienes nos oponemos a que este ajuste lo paguen los trabajadores y el pueblo.

Denunciar la reforma laboral de hecho de las patronales y en cada lugar de trabajo imponer un plan de lucha a las direcciones sindicales, recuperando los sindicatos como herramientas de lucha para los trabajadores, es poner en pie un movimiento que paralizando la provincia le diga no a este saqueo.Porque este ajuste viene de la mano de la reforma laboral PRO-patronal. Como en Azul con los despedidos de FANAZUL, como en Jujuy con los trabajadores del ingenio La Esperanza, desde Rio turbio a Libertador General San Martin ¡pongamos en pie la solidaridad y la lucha de los trabajadores!