Continúan revelándose las irregularidades por parte del Estado, sobradas denuncias de delitos cometidos por los funcionarios, incluyendo la tortura en contra de los detenidos, lo acreditan como el principal sospechoso de la desaparición de los normalistas.
Sábado 3 de octubre de 2015
La tortura y fabricación de culpables y de delitos por parte de las autoridades a cargo de procurar la justicia en México es una práctica común. El caso de Ayotzinapa no es excepción, la manipulación de la información en poder del Estado lo coloca como el principal sospechoso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Ya aquí mencionábamos, que por las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reveló que los cuatro detenidos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en realidad no habían rendido las declaraciones que se les atribuían: haber triturado los restos de los estudiantes después de haber sido calcinados en el basurero de Cocula y luego haber metido sus cenizas en bolsas que lanzaron al río San Juan, que corre cerca del mismo basurero.
Como aquí mencionábamos, el origen de los restos supuestamente obtenidos del río es sospechoso desde el momento en que son presentados por la PGR como pruebas contundentes, sin que haya habido testigos independientes de las instituciones del gobierno.
Pruebas de tortura contra los detenidos
Cuatro de los detenidos –Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado, quienes se dedican a la albañilería– presentaron golpes al momento de rendir su declaración, lo que hace pensar que pudieron haber sido coaccionados a través de la tortura para que declararan la “verdad histórica de los hechos” de la PGR.
Según información de Proceso, el examen médico practicado por la misma PGR a Rodríguez Salgado, revela que había sido torturado. Además, los testimonios de familiares de tres de los consignados acusan que sus respectivos parientes presentaban señas de tortura.
Respaldándonos en las investigaciones realizadas por Animal Político, un dictamen realizado por la PGR corroboró que las lesiones físicas de uno de los detenidos, muy probablemente Patricio Reyes Landa, correspondían con maltratos crueles e inhumanos. Reyes Landa declaró, además, haber sufrido amenazas de muerte contra él y su familia sino declaraba que los golpes que tenía habían sido provocados por una caída.
El expediente también revela que la PGR tardó casi un mes en autorizarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una revisión médica y psicológica a otro detenido, clave en las declaraciones, que denunció tortura, Jonathan Orozco alias “el Jona”.
El Pato, el Jona y otras cuatro personas, cuyas declaraciones le sirvieron a la PGR para sustentar su ‘verdad histórica’ sobre lo ocurrido a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estuvieron arraigados casi 80 días antes de ser consignados.
“El Pato” fue consignado ante un juzgado federal en Tamaulipas el 9 de enero acusado de delincuencia organizada, después de haber declarado que había sido víctima de tortura, sin recibir respuesta a su caso.
Responsabilidad por omisión del Estado
Existen declaraciones ministeriales del entonces funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (hoy Fiscalía General del Estado), Iñaki Blanco Cabrera, que revelan que ya a nivel federal se sabía lo que ocurría la noche del 26-27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Iñaki Blanco fue quien llevó el control de la investigación y, con un grupo de apoyo, dirigieron la excavación de fosas clandestinas halladas en el Cerro del Coyote. Posiblemente se trataba de algunas de las tantas fosas descubiertas por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Comité de Búsqueda de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada “Los otros desaparecidos de Iguala”. Uno de los líderes de este comité, Miguel Ángel Jiménez Blanco, quien fuera vocero de la UPOEG, fue asesinado el pasado 9 de agosto (ver enlace).
Fueron los mismos peritos de la hoy Fiscalía General, quienes declararon que el gobierno experredista, a cargo de Ángel Aguirre Rivero, entonces alcalde de Iguala, no investigó el ataque de los estudiantes, la orden que los peritos recibieron fue la de no hacer nada; dejando todo en manos de Blanco Cabrera.
El pasado 5 de enero, según revela el expediente del caso Ayotzinapa, uno de los jueces federales (de la PGR) que en ese entonces estaba a cargo de los procesos penales, perteneciente al Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, advirtió a la SEIDO que las anomalías e incluso ilegalidades que estaba cometiendo en las consignaciones, podrían justificar la liberación de varios de los inculpados.
El juzgado detectó la “práctica reiterada” de agentes de la SEIDO para omitir a cuántos juzgados distintos se habían hecho ya consignaciones por el mismo caso y qué resultado se obtuvo de las órdenes pedidas. La exclusión de estos datos impide la legalidad en la autorización de las órdenes de aprehensión por parte del juzgado, ya que si éste llegara a proceder en contra de las mismas personas por el mismo delito, incurriría en la violación de sus derechos humanos.
Mientras tanto, de los 111 detenidos por el caso, y aun cuando a ninguno se le adjudica el delito de desaparición forzada, por el que deberían estar siendo juzgados, Ángel Aguirre rindió declaraciones ante la SEIDO sobre el caso Ayotzinapa, desde el pasado 27 de agosto y sin embargo, continúa impune.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el Gobierno de Ángel Aguirre es responsable de no haber ordenado a la Policía Estatal que se evitaran los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Nada bueno puede venir de las investigaciones realizadas por el Estado, responsable de la desaparición de los normalistas. Harán cualquier cosa para mantener la impunidad de los responsables políticos de la masacre de Iguala y de las desapariciones forzadas.
Ante esto urge la conformación de una comisión investigadora independiente, integrada por los padres de los 43, investigadores, personalidades, sindicatos, organizaciones políticas, sociales y de DD.HH., nacionales e internacionales. Sólo con la movilización masiva de la clase trabajadora y el pueblo, sin ninguna confianza en las instituciones de este régimen asesino, consiga plenos poderes para lograr la apertura de los cuarteles y de los archivos de inteligencia del Estado que seguramente arrojarán luz sobre el caso y que desarrolle las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, así sea el inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto.
Con información de Proceso, Animal Político y SDP Noticias.
