Libertades Democráticas. Torturas y abusos en comisaría de La Tablada: la fiscalía pidió elevar la causa a juicio

Un caso de violencia policial vivida por 28 mujeres y trans en la comisaría tercera de La Tablada (La Matanza) llegará a juicio.

Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2019 y enero de 2020, cuando una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dejó al descubierto el accionar de policías contra las personas privadas de su libertad.

Como reflejamos en el seguimiento de la causa, las víctimas contaron cómo en dicha comisaría, además de atentar contra su integridad, se las sometía a sanciones y castigos abusivos, como aislamientos extremos hasta de cuatro días, impedimento de comunicación con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atención médica, además de obligarlas a orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon.

Ante las denuncias, recién el 13 de mayo del año pasado, pasados cinco meses de relatados los hechos, fueron detenidos inicialmente ocho policías, mujeres y varones.

La jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mabel Mari Castillo, tuvo que reconocer "situaciones de humillación, abuso, discriminación y destrato, entre otras vivencias que generaron -en mayor o menor medida- sentimientos de indefensión, temor y angustia, siendo la piedra angular de tales diagnósticos, asimilables a los episodios narrados en autos".

Las víctimas y los organismos que las apoyaron tuvieron que luchar contra la impunidad con que se manejan las fuerzas policiales, tanto con María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo (gobernadora y ministro de Seguridad cuando se denunciaron los primeros hechos), como con Axel Kicillof y Sergio Berni, junto al intendente Fernando Espinoza.

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A juicio

En las últimas horas se conoció que la Ayudantía Fiscal de Gravedad Institucional de La Matanza requirió la elevación a juicio de la causa. Catorce policías están acusados de ser coautores y/o participes secundarios de los delitos; otros seis fueron imputados por encubrimiento.

Así lo informó este viernes la Agencia Andar, que detalló que “a pesar de reconocer la sistematicidad de estas prácticas y el daño infligido, la Fiscalía no imputó por torturas como sí reclama la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a 17 de las víctimas y fue aceptada como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura”.

En la requisitoria, la fiscalía destacó “la coherencia y veracidad de los testimonios de las víctimas, la declaración de los integrantes del Comité Contra la Tortura de la CPM que realizaron la inspección y, finalmente, valoró los informes presentados por el Centro de Asistencia a la Víctima del departamento judicial y por el programa de salud mental de la CPM”, informa Andar.

Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la CPM, dijo a la misma agencia que “es importante haber llegado a esta instancia de la causa y a la espera del juicio, que será también el espacio para reponer algunas de las cuestiones que surgen de la instrucción: por un lado, la falta de perspectiva de género en el accionar policial y, por otro lado, volver a discutir la calificación del delito. Por realizarse en el encierro, de manera sistemática y durante un periodo de tiempo prolongado, por tratarse de prácticas generalizadas de varios policías y sobre la casi totalidad de las detenidas, y por el daño tanto físico como psíquico que produjeron, no tenemos dudas que se trata de delitos de torturas y que así deben ser juzgados”.

Más que nunca, sigue la pelea por justicia a todas las víctimas de la violencia policial y las complicidades políticas y judiciales, en todas sus formas.