Hoy 3 de Junio en una fecha emblemática luego de 6 años de la primera marcha por Ni Una Menos, símbolo de la lucha contra las violencias hacia las mujeres, el SUTE y el Gobierno se volvieron a reunir en Comisión Mixta de Género. Allí avanzaron en la reglamentación de la licencia por violencia
Jueves 3 de junio de 2021 20:35
Foto de la Comisión Mixta del SUTE y el gobierno
Este acuerdo entre el Área de Legales de la Dirección General de Escuelas(DGE), el Secretariado Provincial y las Consejerías de Género del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación(SUTE), establece que trabajadoras de la educación podrán hacer uso de su derecho a la licencia en caso de violencia de género, por unos primeros 15 días, con la sola comunicación, petición y/o por propia decisión avalada en una Declaración Jurada. Sin otra certificación acreditativa más que la de su voluntad. Desde la perspectiva del #YoSiTeCreo es un paso adelante en la conquista de derechos.
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Desde el SUTE expresaron que "la reglamentación de esta licencia es una deuda enorme del Estado. Desde la sanción de la Ley 8806 han pasado 6 años, tres gobiernos, cada uno con sus asesores letrados. Esta conducción del SUTE ha presentado un proyecto de ley sobre el cual venimos debatiendo. Empezar a plasmar los acuerdos por escritos significa un avance fundamental".
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Virginia Pescarmona, como parte de las mesas técnicas comentó "los debates ya llevan tiempo. La pandemia y las dilaciones del gobierno fueron postergando, pero hoy se logró un primer acuerdo muy importante. La agenda sigue con otros temas muy importantes hacia una reglamentación integral de la Ley 8806".
En lo que va de este 2021 hubo 127 femicidios registrados, y desde el sindicato aseguraron que "la pandemia ha profundizado las situaciones de violencia hacia las mujeres ante la cual se encuentran numerosas compañeras docentes, celadoras, preceptoras, directivas, etc. Desde la Prosecretaría de DDHH y Género y las Consejerías hemos acompañado a cientos de compañeras para garantizar derechos, tomar decisiones y resolver situaciones de violencia machista. Se lograron licencias, traslados, reubicaciones, acelerar procesos judiciales y restricciones aún en el confinamiento de la pandemia. La reglamentación de la Ley haría todo más sencillo".
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También en su comunicado apuntaron a que "las denuncias se cajonean o ni se reciben. Los teléfonos no se atienden. Por eso también exigimos la Emergencia en Violencia de Género, presupuesto y dispositivos estatales de acompañamiento (económicos, psicológicos, sanitarios, legales). Porque hacen falta respuestas integrales".
