La muerte de un obrero mientras trabajaba, y graves amenazas del SEBIN contra los trabajadores, incluyendo apuntarlos a la cabeza con armas, son los desencadenantes de un llamado a paro de brazos caídos.
Jueves 5 de abril de 2018
Alrededor de quinientos trabajadores de Hidrocapital protestaron este martes frente al Ministerio Público para pedir protección, luego de acudir al cementerio para despedir a su compañero que falleció el pasado sábado, además denuncian que son víctimas de amedrentamiento y acoso laboral, que incluyen amenazas por parte de funcionarios del Sebin. Alertaron que a partir de este 4 de abril iniciarían un paro de brazos caídos hasta ser escuchadas sus demandas, exigiendo la renuncia de la Junta Directiva de la hidrológica de la región capital.
Luis Sánchez, soldador, falleció ahogado como consecuencia de una violación de los protocolos de seguridad por parte de sus superiores jerárquicos. Exfuncionarios de la compañía precisaron que ocurrió una violación del programa LOTO (Lock Out Tag Out). Por órdenes superiores se restableció el flujo de agua dentro de la tubería de 72 pulgadas en la que trabajaba junto a cuatro trabajadores más, antes de que lograra salir. Sus cuatro compañeros lograron salir pero Sánchez fue arrastrado por el agua y falleció.
Los trabajadores denunciaban que lo que sucedió con Luis Sánchez no fue un accidente, sino una mala decisión y pedimos que se haga justicia. “Ayer fue él y mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros”. Y pedían que se coloquen al frente de la hidrológica "personas con experiencia en el área y no militares que no tienen conocimiento".
“Nos sacan de nuestros trabajos, nos arrodillan y nos ponen pistolas en la cabeza”
Además denuncian que son castigados cuando reclaman por la ausencia de equipos e insumos básicos. Alegan que las cuadrillas carecen de vehículos para trasladarse, trabajan sin guantes, mascarillas, herramientas, equipos hidráulicos, radios. La empresa llegó a la perfidia de amenazar a los trabajadores para que no divulgaran la información sobre la muerte de su compañero de labores, quería mantenerlo en secreto.
Denunciaron que son intimidados durante horas laborales por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Nos sacan de nuestros trabajos, nos arrodillan y nos ponen pistolas en la cabeza”, manifestó uno de los trabajadores. Otro manifestó que “los escoltas del presidente de Hidrocapital nos han dicho que nos van a caer a cachazos, que nos van a dar tiros en la cabeza”. “Un terrorismo laboral que se vive a diario”, apuntó otro trabajador.
Los trabajadores exigieron la renuncia del Capitán Johan Sotillo, gerente de la compañía y de su presidente el Mayor Edison Torrealba, y los hicieron responsables de todo lo que les pueda ocurrir pues temen por su integridad física y su estabilidad laboral.
Una vez más: los trabajadores dicen la verdad sobre las empresas y los servicios, el gobierno los reprime por eso
Esta situación no hace sino reafirmar una nefasta política del gobierno de Maduro y los militares, como lo es amedrentar a los trabajadores de las empresas y servicios públicos que protestan contra el mal estado de las mismas, y hacen saber la verdad a la población.
Lo vimos en febrero con el encarcelamiento de los trabajadores de Lácteos Los Andes que, entre otras cosas, denunciaban la mala gestión y negocios turbios de las administraciones de la empresa estatizada. Es el caso también de los trabajadores del Metro de Caracas, que son los que han alertado a los usuarios del deplorable estado del mismo y los riesgos que se corren. Es el caso de Elio Palacios, dirigente sindical de Fetraelec, preso en el SEBIN desde el 14 de febrero, por denunciar mediante un audio las deplorables condiciones de la infraestructura eléctrica del país, los riesgos de apagones y la persecución a que son sometidos los trabajadores.
El estado de las empresas estatales y servicios públicos es deplorable, con graves problemas de infraestructura, no pocos casos de corrupción, y una constante: mandos militares al frente de esas gestiones. Cuando los trabajadores se quejan o dicen la verdad al país, el gobierno les responde con persecución y represión.
