Las y los trabajadores de Cocinas Comunitarias denuncian que desde hace dos meses el gobierno no paga los salarios, que oscilan entre 48 y 60 mil pesos, y advierten que hay una política de vaciamiento que pone en riesgo de continuidad este programa que abarca a más de 100 cocinas y miles de niños.
Sábado 11 de marzo de 2023 16:38
En un comunicado difundido por la asamblea de trabajadores de Cocinas Comunitarias, dependientes de la Dirección de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, dieron a conocer la grave situación laboral que están atravesando.
“Actualmente somos más de 60 técnicas y técnicos territoriales que nos encontramos en lucha, a raíz de la precariedad de las condiciones laborales en las que se enmarca nuestro trabajo. El mismo, llevado a cabo en territorio y articulado desde distintas disciplinas, consiste en acompañar a los diferentes dispositivos alimentarios desde su rol comunitario; y esto se llevó a cabo durante estos años, desde una perspectiva de derechos humanos, abogando por la soberanía alimentaria, que aspira a un ejercicio de ciudadanía activa y responsable”.
De esta manera inicia el comunicado, denunciando las situaciones de precarización laboral que sostiene el gobierno provincial a trabajadores que realizan tareas esenciales. Sucede que estos trabajadores –al igual que otros cientos en la provincia- se encuentran terciarizados y bajo la modalidad del monotributo, una situación fraudulenta que sostiene el estado para no hacerse cargo de estos trabajadores, que no cuentan con derechos básicos como el resto de los estatales, como paritarias, o licencias laborales varias –como la de embarazo o por distintas enfermedades- .
“Trabajamos con más de 100 cocinas, que representan a 12 mil niñxs y adultos, que se ubican en diferentes localidades de la provincia de Tucumán, abarcando tanto capital, como norte y sur. Trabajamos principalmente con mujeres que ocupan un rol activo en su comunidad, y acompañamos procesos tanto grupales como individuales, garantizando y promoviendo el acceso a derechos”. Durante la pandemia, el Gobierno nacional había declarado la labor de estos trabajadores como "esencial", por acompañar a organizaciones barriales que garantizan el derecho a la alimentación de miles de niños y adultos de la provincia, pero al igual que con los trabajadores de la Salud, el gobierno los declara esenciales para trabajar pero descartables a la hora de reconocer sus derechos laborales.
“A raíz de las condiciones en las que nos encontramos hoy, estamos desde hace un tiempo en proceso de lucha, a través de espacios de asamblea. En primer lugar reclamamos el pago inmediato de nuestros honorarios, que al día de la fecha 09 de Marzo de 2023, no hemos percibido lo correspondiente al mes de Enero ni de Febrero. Anteriormente, en el mes de diciembre de 2022 las y los trabajadores ya hicimos una serie de reclamos, reuniéndonos con las autoridades correspondientes y teniendo que llevar a cabo acciones para garantizar a fin de año el pago de dos meses de honorarios adeudados. Todo esto, intensificado por la innegable crisis económica que atravesamos como país, en la que, debido a la alta inflación, nuestros honorarios - que nunca son percibidos en tiempo y forma - quedan devaluados mes a mes”.
El comunicado denuncia que el gobierno no paga sus salarios en tiempo y forma, en un contexto de crisis económica y social. Mientras algunos trabajadores de Desarrollo Social cobran entre 48 y 60 mil pesos, la canasta básica total oscilo alrededor de $163.539 en febrero de 2023, según el INDEC.
“Así mismo, tampoco se garantiza la continuidad sostenida del proyecto y de sus trabajadores y trabajadoras en él, exponiéndonos desde sus inicios a incertidumbres laborales en las que, al final de cada convenio nos quedamos sin trabajo por meses hasta que vuelve a iniciar el próximo convenio, sosteniendo la irregularidad agravante de no percibir el pago de los honorarios en tiempo y forma”. Al igual que con otros sectores de trabajadores en la provincia de Tucumán, el trabajo por temporadas parece ser ley para los empresarios y el gobierno tucumano.
“Como mencionamos anteriormente, el trabajo aún así se vino sosteniendo estos 12 años, desde una perspectiva de derechos y a fuerza de convicción política y compromiso ético con las mujeres de las Cocinas. Sin embargo, el reciente cambio en la dirección de la que dependemos, actualmente a cargo de la CPN Carolina Díaz Taballione, plantea una perspectiva diferente de abordaje del proyecto, la cual se encuentra centrada en garantizar únicamente el acceso a la alimentación, restando valor a otros aspectos de nuestro trabajo que tienen que ver con la promoción y el ejercicio de derechos, como así también a la formación y el acompañamiento colectivo que garantiza el crecimiento comunitario. Este cambio de perspectiva nos anuncia el peligro de continuidad del proyecto, ubicando en más incertidumbre laboral a los técnicas y técnicos que hoy sostenemos el mismo, y a los dispositivos “Cocinas Comunitarias”, que al día de hoy cumplen un rol fundamental en la vida de las mujeres que las constituyen, ya que no sólo permite garantizar la alimentación de sus familias, sino que además posibilitan tejer redes colectivas fundamentales para el desarrollo, en grupos sociales muy vulnerados económica y culturalmente”.
Como comentan los trabajadores en su comunicado, se avecinan mas recortes en materia de políticas sociales a la medida del FMI, como ya vimos en los recortes al Potenciar Trabajo, cuando el gobierno dio de baja alrededor de 160 mil titulares en todo el país.
Las y los trabajadores están llamando a rodear de solidaridad esta lucha: “Es por todo esto que queremos dar a conocer nuestra situación de lucha por derechos laborales básicos, buscando que se reconozca y valore nuestro trabajo, y pidiendo a la comunidad hacerse eco de nuestros reclamos, que además de implicarnos como trabajadores nos implica como sujetos sociales al encontrarnos ante dispositivos que trabajan comunitariamente”.
Finalmente el comunicado exige “el pago inmediato de los honorarios adeudados, pedimos mejoras laborales que respeten los derechos básicos de trabajo y contratación, esperamos continuidad del proyecto “Cocinas Comunitarias” desde una perspectiva de derechos y nos declaramos en emergencia alimentaria”.