Este martes una comisión de trabajadores pertenecientes al Sindicato del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA) se manifestó a las afueras del Palacio Nacional para solicitar al gobierno federal que impida la incorporación del IMTA a la Conagua.
Miércoles 19 de enero de 2022
El pasado viernes 17 de diciembre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció, a través de un comunicado, una reforma administrativa en la que pretende incorporar a su estructura al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), mientras que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se integraría a la Comisión Nacional del Agua (Conagua); esto, argumentando la necesidad de “utilizar los recursos públicos en objetivos claros, evitar la duplicidad de funciones y cerrar espacios a la corrupción".
Se supone que a través de esta iniciativa gubernamental las actividades del IMTA se sumarán a la estructura de la Conagua. Sin embargo, estas dos dependencias cumplen roles distintos y no hay ningún dato que compruebe que esta incorporación signifique el ahorro presupuestal que el gobierno argumenta, ni la certeza de que los 350 trabajadores del instituto, entre científicos, investigadores y personal administrativo, vayan a conservar sus empleos.
Al respecto, más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil, como Cántaro Azul, la Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua, Centinelas del Agua, entre otros, así como sus propios trabajadores, se manifestaron en contra, ya que esta acción significa un desmantelamiento del sector administrativo en el área ambiental.
Aunque podría ir más allá, según la opinión de los doctores en geografía y agua, salud y desarrollo respectivamente, Mónica Olvera Molina y Fermín Reygadas Robles Gil, quienes mencionan en el artículo “¿A quién beneficia la incorporación del IMTA a Conagua?”, publicado por Contralínea (25/12/2021), que la reforma que conlleva la incorporación del instituto a la Conagua beneficiaría a varios acaparadores, contaminantes y sobreexplotadores del recurso, que actualmente son investigados por el IMTA, permitiéndoles controlar la generación de conocimiento de datos e información sobre este bien estratégico para seguir justificando que les sean brindadas concesiones de explotación del agua.
Estos personajes también son los creadores de la actual Ley de Aguas Nacionales y quienes han entorpecido la aprobación de una Ley General de Aguas propuesta por la Coordinadora Nacional Agua para Todos, una organización independiente del gobierno, que impulsa esta ley desde 2012, aún con las limitaciones que tiene esta propuesta dentro del ámbito jurídico de nuestro país.
Es por eso que trabajadores del IMTA están iniciando la lucha por sus derechos laborales. Hasta ahora han enviado oficios solicitando una audiencia a la presidencia de la República, a la Semarnat, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Consejería Jurídica y a comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores (locales y federales), solicitando una audiencia para exponer la gravedad de extinguir el IMTA, sin respuesta.
Por lo que declararon que si antes del próximo jueves 20 de enero no hay una audiencia por parte de la Federación para evitar la desaparición del instituto, ese mismo día a las 8 horas acudirán de conjunto al Congreso del Estado de Morelos, sede de este organismo, para instalar un plantón hasta que se cumpla dicha audiencia.
¿Por qué son cuestionables los argumentos del gobierno para justificar la incorporación del IMTA a la Conagua?
Las y los trabajadores del IMTA enfrentan la incertidumbre de lo que sucederá con el actual funcionamiento de la institución al no coincidir con las actividades administrativas de Conagua.
Cabe recordar que en diciembre de 2015, su sindicato se enfrentó a la negación de su emplazamiento a huelga por mejores condiciones laborales, por parte de las autoridades del IMTA, por lo que no es la primera vez que se desconocen sus derechos laborales, pues la incorporación a la Conagua, que está en el apartado B del artículo 123 Constitucional, que corresponde al ámbito laboral, significa la pérdida del Contrato Colectivo de Trabajo del IMTA y de su sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA).
Por otra parte, el argumento de que esta acción ahorraría economía al país no parece cierta. El presidente del Comité de Honor y Justicia del Sindicato, Luis González Hita, mencionó que desde la descentralización del instituto en 2001 los trabajadores comenzaron a generar ingresos propios, que actualmente representan la mitad del presupuesto anual que ejerce el IMTA, que es de 500 millones de pesos, incluyendo todos los gastos, desde el pago de salarios hasta el mantenimiento de las instalaciones y el equipo.
Mientras que el presupuesto que les es asignado por la federación para el año 2022 es de 211 millones de pesos, lo que equivale al 0.62 % respecto al presupuesto fiscal asignado a la Conagua, que es de 33 mil 916 millones de pesos.
El IMTA se encarga, entre otras cosas, del diseño de los sistemas regulatorios y tarifarios para el agua potable, la certificación de laboratorios de calidad del agua y de sistematizar y publicar la información técnica asociada con los recursos hídricos del país, así como preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno desde 1987; su desaparición dejaría al país sin la institución estratégica para defender el recurso del agua, que hoy es contrapeso a las concesiones irregulares de la Conagua.
Defendamos nuestro derecho al agua y a la vida
Para que todas y todos contemos con agua potable y terminemos con el actual manejo del agua, que es acaparada y altamente contaminada por unos cuantos, no basta con recuperar el carácter autónomo del IMTA, ya que, mientras las concesiones de la explotación del vital recurso sigan estando en manos del gobierno y los altos empresarios, el saqueo del agua continuará.
Lo que significa que menos del 40 % de la población en México cuente con acceso al agua segura en las zonas urbanas y menos del 80 % en las comunidades rurales, además del daño para la salud y la vida por la contaminación fecal, los altos niveles de arsénico, fluoruros o nitratos que envenenan el cuerpo y a la naturaleza.
Son las y los trabajadores que operan el instituto quienes pueden recuperarlo y ponerlo a funcionar al servicio de las familias trabajadoras en el país, los pueblos indígenas y quienes usan el agua para cubrir sus necesidades básicas. Pero para que ello sea posible es necesario que la Conagua también funcione al servicio de las grandes mayorías, lo que sólo puede ocurrir si sus trabajadores y el conjunto de los usuarios se organiza y lucha por la defensa del vital líquido, contra el saqueo y el deterioro ambiental al que nos conduce el sistema de explotación capitalista actualmente.
