DEBATE FONDO DE PENSIONES. Trabajadores del sector público y minero se suman al llamado de los portuarios ¡No aceptaremos letra chica!

A través de la publicación de distintos pronunciamientos públicos, la Mesa Social Pública y la Federación de Trabajadores del Cobre, se sumaron al llamado de los trabajadores de la Unión Portuaria, y en tono de advertencia, llamaron al Senado, a no incluir modificaciones al proyecto de ley que permitiría el retiro del 10% de nuestros fondos de pensiones controlados hoy por una verdadera mafia de especuladores.

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Desde la Mesa del Sector Público (MSP) plantean que “Rechazamos fuertemente todos los intentos de la mayoría de los parlamentarios de derecha en la defensa corporativa de las Administradoras de Fondos de Pensiones (...) Con la clara intención que no se dé este golpe a los más ricos de este país, que son los que usufructúan de nuestros fondos invirtiendo en sus grandes empresas”

Por su parte desde la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) hacen un llamado a la creación de un nuevo sistema previsional, “Por su trascendencia, la seguridad social y la protección de la salud de las personas, no pueden ser objeto de lucro, ni menos regularse por las leyes del mercado. Para nuestra organización sindical, la seguridad social implica respetar los principios de universalidad, suficiencia, equidad de género y solidaridad”

Ahora bien, si las direcciones del colegio de profesores, ANEF, FTC y portuarios llamaran a un gran paro nacional efectivo unidos a las poblaciones, mujeres y estudiantes, podríamos ir por el 10 % y por mucho más, la rebelión de octubre echó las bases para acabar con este modelo basado en la protección y defensa de los intereses de los capitalistas. Ya ha quedado demostrado que la rebelión no fue derrotada y que incluso solo la silueta en forma de cacerolazos y barricadas de esta, aterroriza a los partidos del régimen que corren tanto por la positiva como por la negativa a intentar mediante este proyecto evitar que el gigante vuelva a despertar.

Tenemos las fuerzas para poner fin a las AFP, y así terminar la tarea que empezamos con la rebelión y con la huelga general del 12 de noviembre, y derribar a Piñera, su gobierno y toda la herencia de la dictadura e ir por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

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Hoy podemos ver claramente las consecuencias criminales que la Mesa de unidad social y los parlamentarios del FA y el PC hayan permitido la permanencia del gobierno, sacando unilateralmente de su pliego de peticiones el “Fuera Piñera”, negándose además a llevar hasta el final la huelga general del 12N. ¿Consecuencias criminales? si, ya que además de todos nuestros muertos y mutilados durante la rebelión, enfrentamos esta pandemia con un grupo de asesinos de terno y corbata a la cabeza, lo cual nos han traído miles de muertes mas de nuestros hermanos y hermanas de clase, cientos de miles de cesantes y muchísimos contagiades más de lo que las estadísticas del gobierno confirman.

Por otra parte ya hemos aprendido que los empresarios no sueltan nada sin resistirse ni gratuitamente, por eso sería un error que depositemos nuestra confianza en los mismos parlamentarios que han protegidos y profundizado el modelo y el mismos sistema de AFPs y que ahora posan como “aliados del pueblo” oportunistamente, ya que saben que el escarnio popular ante una actitud negativa les podría costar sus puestos y por ese medio su vida parasitaria de privilegios a costa de los fondos públicos.

Retomemos el camino de la huelga general del 12 de noviembre y la exigencia de millones de #FueraPiñera, y la lucha por una asamblea constituyente libre y soberana, para que este gobierno asesino, que tiene a más de 2.000 presos políticos de la revuelta, y los hipócritas privilegiados del parlamento de millonarios, dejen de decidir por nosotros. Recursos hay, en el cobre, en las riquezas minerales, pero deben estar al servicio del pueblo y no de las ganancias empresariales. La crisis la deben pagar los grandes empresarios y no los trabajadores. Es por eso que peleamos por el término de la maldita ley de "protección del empleo", que ha generado cientos de miles de despidos y suspensiones sin sueldo, contra la precarización y la represión que impone este gobierno asesino. Por un sistema de pensiones tripartito, solidario, gestionado por trabajadores/as y jubilados/as, donde sea el pueblo el que decida qué hacer con los ahorros y en qué necesidades invertir los recursos, con pensiones mínimas acorde a la canasta básica familiar de $500.000. Y por la nacionalización del cobre y de los recursos naturales bajo gestión obrera, para ponerlos al servicio de la comunidad y de la reconversión del país tras la crisis sanitaria y económica.