Se dio a conocer un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que señala que México ostenta el récord en horas de trabajo anuales por trabajador: 2,228, y tienen los salarios más bajos. Este es el resultado de las reformas estructurales del PRI y sus aliados.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Viernes 10 de julio de 2015
Aunque no hay cifras homogéneas y aceptadas como oficiales, este estudio de la OCDE refleja la realidad del pueblo trabajador en México.
Esto se suma al resultado de una investigación realizada por la organización no gubernamental Oxfam México que concluyó que el 1% de la población del país concentra el 43% de la riqueza. Sólo entre Carlos Slim (Grupo Carso), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Grupo Bal) y Salinas Pliego (Grupo Salinas) concentran el 9% del Producto Bruto Interno de México.
Según el estudio de la OCDE, que toma en consideración sólo los países que son parte de la OCDE, luego siguen Costa Rica en el segundo puesto, con 2,216 horas, corea del Sur en el tercer lugar con 2,057 horas y en el cuarto Grecia con 2,042.
El promedio de horas de trabajo de los países industrializados que son parte de la OCDE es de 1,770 por año.
Reformas estructurales y condiciones de trabajo
En 2012 el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, con la complicidad del charrismo sindical, aprobaron la reforma laboral que legalizó las precarias condiciones laborales de los trabajadores en México.
De acuerdo con el artículo “Efectos negativos de la reforma laboral”, publicado en la revista Fortuna, la reforma laboral “Crea figuras de contratos temporales: a prueba, de capacitación inicial, de labores discontinuas, por horas (artículos 39 A, B, F y 83); no prohíbe las renuncias en blanco, anticipadas o “voluntarias”; quita la sanción a los patrones en caso de falta de aviso de despido (artículo 47); legaliza la subcontratación (artículo 15 A); limita el pago de salarios caídos a 1 año más el pago de interés del 2 por ciento mensual sobre el importe de 15 meses de salario (artículo 48); establece medidas que predisponen la prolongación de los juicios (artículos 878, fracción VIII, y 880).
Permite el despido por la queja de clientes o proveedores del patrón en contra de los trabajadores (artículo 47, fracción II); legaliza el trabajo ‘multihabilidades’ sin el pago complementario que implica realizar otras funciones (artículo 56 Bis); reduce significativamente la bilateralidad en las relaciones de trabajo; desaparece de la Ley Federal del Trabajo la tabla de enfermedades y riesgos de trabajo y otorga facultades a la Secretaría de Trabajo para su expedición y modificación (artículos 514 y 514).
Además, evade penalizar conductas patronales negligentes que afecten la salud y la vida de los trabajadores y en su lugar impone multas económicas (artículo 992); mantiene los mecanismos legales que dificultan la elección democrática de representantes sindicales y que sostienen el corporativismo sindical.”
En 2014 fue el turno de la reforma energética, que abre las puertas a la inversión privada para la extracción y explotación de los recursos energéticos. Y a inicios de este año se anunciaron 60,000 despidos en Pemex. Asimismo, se recortarán salarios y se limitarán las pensiones, con la complicidad de Carlos Romero Deschamps, el líder sindical que juega a favor de las trasnacionales y el gobierno, a cambio, claro, de una millonaria fortuna.
Si se aplica la reforma energética –cuestión que está por verse y es parte de las tareas estratégicas de la segunda parte del gobierno de Peña Nieto– implicará un ataque en toda la línea contra los trabajadores petroleros, uno de los sectores obreros que mantienen algunas conquistas.
Y ahora, los maestros luchan contra la aplicación de la reforma educativa, votada en el congreso en 2013, cuyo eje es precarizar sus condiciones laborales, uno de los sectores más combativos de la clase trabajadora mexicana históricamente.
Todas estas reformas estructurales fueron respaldadas por el Pacto por México firmado por el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este último partido, que gobernaba el estado de Guerrero cuando fue la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, terminó por abandonar el Pacto, pero demasiado tarde. Ya era cómplice de un ataque estratégico contra los trabajadores en México.
A cambio de salarios y prestaciones millonarios –sin contar los consabidos regalos extraoficiales–, los funcionarios de los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), vendieron la vida de la mayoría de la población residente en México.
Como telón de fondo, se desarrolla la militarización del país para amedrentar la protesta social, impulsada desde Estados Unidos y aplicada por los gobiernos mexicanos.
Un mano a mano entre el capital y el trabajo
Así es que México, a los ojos del empresariado nacional e internacional, tiene una gran ventaja comparativa –hagan o no berrinche los empresarios del acero–. De aplicarse hasta el final las reformas estructurales, la clase trabajadora producirá cada vez más ganancias para las fortunas de los magnates a cambio de salarios cada vez más miserables.
Eso explica, el arribo incesante de inversiones en la industria automotriz, por ejemplo.
Pero no está dicha la última palabra: el ejemplo de la lucha de los jornaleros de San Quintín, los más explotados entre los explotados demuestra que los trabajadores no están dispuestos a entregar su vida sin lucha a la voracidad del gran capital.
Hoy son las y los maestros que enfrentan la reforma educativa quienes pueden cambiar el eje de la balanza si se ponen a la cabeza de una lucha nacional contra las reformas estructurales.
