Ante la incertidumbre por la continuidad del Programa de regularización de asentamientos, trabajadores y trabajadoras del PMB se movilizaron para denunciar el virtual vaciamiento del mismo y solicitaron entrevista con la Ministra Irene Moreira.
Martes 3 de noviembre de 2020
Foto: Gentileza del Colectivo de Trabajadores de la Unidad Coordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios
En el día de hoy, decenas de trabajadoras y trabajadores vinculados al Programa de Mejoramiento de Barrios que desarrollan sus actividades en Montevideo, Canelones y en la Unidad Coordinadora (central) se movilizaron hasta el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para solicitar una reunión con la ministra, que no los atendió, pero se comprometió a recibirlos el próximo miércoles 11 de noviembre.
El Programa de Mejoramiento de Barrios atiende la población más vulnerable que vive en asentamientos irregulares donde hay serios problemas de habitabilidad. A través del mismo, se ejecutan obras de infraestructura como la conexión al saneamiento y a los servicios de agua y electricidad, se instala el alumbrado público, se realizan calles, se construyen equipamientos urbanos como plazas, centros Caif, policlínicas y salones comunales.
Esta intervención implica a su vez, la incorporación de la población beneficiaria de los asentamientos fomentando la participación en estos procesos.
Según contaron a la prensa los trabajadores y trabajadoras, la situación del Programa es alarmante dado que las autoridades nacionales no terminan de definir la continuidad del PMB, ni su financiamiento, ni su dependencia.
Según el Comunicado emitido por los distintos colectivos, el PMB interviene actualmente en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Paysandú, Rivera y Artigas. En todos estos departamentos peligra tanto las obras de infraestructura previstas para los próximos años, como así también la continuidad laboral de más de 160 técnicos y técnicas de distintas profesiones que supervisan y ejecutan dichas obras.
Desde que asumieron las nuevas autoridades, el Programa ha sufrido una serie de recortes y reducciones de presupuesto, lo que ya tuvo un primer impacto en que varias obras que debían iniciar, no lo hicieran. A su vez, se reprogramaron varios proyectos de regularización, en algunos casos para el 2024. Además, hay una prórroga del contrato de préstamo que el Estado mantiene con el BID que requiere la firma de Presidencia, y que aún no se ha realizado, lo que pone en peligro la continuidad del Programa, cuyo financiamiento alcanza hasta el 31 de diciembre, y que no está cubierto ni siquiera para el 2021.
En los proyectos de regularización en curso, la población beneficiaria también hay preocupación, ya que no han recibido de las autoridades ministeriales una información certera de qué pasará con las obras previstas.
El hilo se corta por lo más delgado
Son los sectores más vulnerables de la sociedad quienes terminan siendo afectados, ya que existe un compromiso de urbanizar el lugar que habitan, y que hoy ven postergados sus sueños y aspiraciones de vivir en un barrio que no se inunde, que no tenga aguas servidas que ingresen a sus viviendas y que vean una mejora sustancial en las condiciones de vida.
Por otra parte, la modalidad de contratación precaria – algo que fue fomentado y mantenido por la administración anterior – también contribuye a que, al momento de reducir costos, sean los primeros en recortarse. Hay trabajadores que tienen este tipo de contrato hace casi 20 años, y que cuentan con un acumulado de experiencia en este trabajo y un proceso que han realizado con las familias beneficiarias, que hoy se perdería.
