USOC (Union Sindical Obrera de Catalunya), acusa a CELSA, empresa siderúrgica de Castellbisbal en la provincia de Barcelona, de contratar detectives privados para espiar a trabajadores y sus delegados sindicales.
Miércoles 11 de enero de 2017
Foto de archivo
En una querella admitida a trámite por el juzgado número 7 de Sant Feliu Llobregat en Barcelona.
la central sindical asegura que se realizaron seguimientos en coche de una forma agresiva y acosadora, poniendo en peligro y coaccionando tanto a delegados sindicales como a sus familiares, incluso con menores de edad, con intrusión en la vida privada y familiar por un periodo aproximado de un año.
En la misma denuncia se explica que en el mes de noviembre pasado se encontraron dos micrófonos con cámaras ocultas instalados de forma secreta en dos dependencias. La empresa explicó al sindicato que el fin era prevenir robos aunque solo lo dio a conocer tras la denuncia de los representantes de los trabajadores, por lo cual USOC también presentó denuncia en la Inspección de Trabajo.
Además se incluye en la querella que los directivos de Celsa usaron los micrófonos del sistema de emergencias instalado en la factoría para “escuchar las conversaciones de los trabajadores sin que se dieran cuenta”.
Usoc afirma que la familia Rubiralta, fundadora de la empresa siderúrgica Celsa, multinacional de capital familiar con más de 8.000 trabajadores en todo el mundo y una de las productoras de acero más grandes de Europa, han aplicado un sistema que somete a la plantilla a una “vigilancia que puede infringir los límites de los derechos individuales de los trabajadores”.
En el año 2008 el diario El Mundo atribuía a Francesc Rubiralta, gerente de Celsa, una fortuna valorada entre 2.000 y 2.200 millones de euros, pero a día de hoy Celsa se ve obligada a renegociar con los bancos una deuda de 2.700 millones de euros y sus 1.200 trabajadores de la planta de Castellbisbal luchan por negociar un convenio que deje atrás cuatro años de recortes salariales y un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal), así como la readmisión de trabajadores despedidos después de 8 años de contratos.
Para ello se ha fichado a Ramón Bonastre como director de Recursos Humanos, exdirector general de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, donde intervino nefastamente en conflictos como el de Cacaolat, Alstom y en la huelga indefinida de 8 meses de Panrico, durante el transcurso de la cual abandonó el cargo oficial, para fichar por la empresa privada.
Este elemento fue acusado y sentenciado por la Audiencia provincial de Tarragona a un año de prisión y seis años y un día de inhabilitación absoluta como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos.
Entre mafias anda el juego, contra más nefasto e impresentable pareces ser, más se engorda tu caché y tu curriculum y más apetecible eres para las grandes multinacionales liquidadoras de derechos laborales.
