Mejor niñez es el nuevo programa que reemplaza al cuestionado SENAME. Sin embargo, este no implica transformación alguna en las condiciones de vida de cientos de niñas, niños y jóvenes que son parte del SENAME, manteniendo el financiamiento estatal a la Iglesia Católica y Partidos Políticos del régimen.
Sábado 2 de octubre de 2021
Este viernes se dio inicio al funcionamiento de “Mejor Niñez” que viene a reemplazar el cuestionado SENAME. Dentro de los cambios que se implementan es que el área de protección del Sename queda bajo el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que el área de infractores juveniles se mantendrá a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con una supuesta lógica de “reinserción social juvenil”, dividiendo el servicio en un espacio para la “niñez vulnerable” y otro para “infractores juveniles”
El sindicato de trabajadoras y trabajadores subcontratados del SENAME, se manifestó frente al ex Congreso Nacional, entregando una carta a constituyente, denunciando que SENAME o “Mejor Niñez” es más de lo mismo.
En este sentido, anuncian un plan de movilización ascendente en contra de “Mejor Niñez” y asimismo denunciar el interés de este gobierno de “acelerar la creación del servicio de reinserción social bajo el paradigma subsidiario” y demandar la creación de una nueva institucionalidad que se oriente a los derechos de niñeces y juventudes
“¡Sin trabajadoras, trabajadores, sin los niños, sin las niñas, sin les niñes, sin los jóvenes ni la comunidad: nunca más!”
Mejor niñez, lo mismo que el SENAME
Han surgido diversas voces críticas de este proceso, el cual sigue manteniendo la precariedad como característica sustancial al servicio de atención y protección a menores. Según Camila de la Maza, abogada de la Corporación Opción, no toma el peso de que “más del 90% de los niños y niñas que requieren de prestaciones de protección especializada, están en el sistema ambulatorio de atención, para el cual no hay mayores innovaciones con la nueva ley” incluso teniendo retrocesos importantes, como el hecho de que ingresan “menores de 14 años por una conducta delictual, sin un debido proceso que determine la participación del adolescente”.
Y además instala un nuevo servicio sin una Ley de Protección Integral de la Niñez que garantice un piso mínimo de derechos sociales para la niñez, sin cambios sustantivos a que el Estado tome una responsabilidad efectiva, y sigue sin reconocer a la infancia como titular de derechos humanos, agravándose por la declaración de inconstitucionalidad de la autonomía progresiva de derecho de niñas, niños y adolescentes.
Hay que recordar las cifras alarmantes que anuncian que entre el 2020 y 2021 han muerto 122 bajo el cuidado del Estado, en manos de privados. El “nuevo” sistema mantiene la lógica de privatización, donde un 90% del servicio sigue dependiendo de instituciones privadas.
La razón de estos "no cambios” son para no afectar a los “organismos colaboradores Acreditados” (OCAS) que son centros privados ligados a la Iglesia Católica y algunos partidos políticos.
Dirigentes de organizaciones sindicales del sector privado y público ejecutores de políticas orientadas a la niñez y organizaciones populares y comunitarias hacia niños rechazan el nuevo servicio de “mejor niñez”
“Manteniendo la tercerización, subcontratación y la precarización encubierta en esta área tan sensible, delegando responsabilidades del Estado al mundo privado, mediante sistema la licitación de instituciones públicas y el pago de subvención por niñas, niño, joven atendido. Dicha forma de funcionamiento aparada en un modelo de atención que se basa en una óptica subsidiaria no hace mas que profundizar la lógica mercantil con la que se abordan las políticas públicas dirigidas a la niñez y juventud.
Exigimos a los gobernantes de turno un mínimo gesto de humildad, y detener una política publica que nació con fecha de caducidad para avanzar por una vez por todas a una política nacional de cuidados transversal e intersectorial, de manera de construir una institucionalidad de carácter publico, local, intercultural, con perspectiva de género y con participación efectiva de los trabajadores, trabajadoras, niñeces, juventudes y organizaciones afines a las comunidades.
Anita Jaramillo, profesora de la educación pública y candidata a diputada por el Distrito 13 por el Frente de Unidad de lo Trabajadores, manifestó
“Las y los trabajadores subcontratados del SENAME ya lo dijeron claro, "mejor niñez" no cambia nada. No modifica el modo de financiamiento a ONGs y fundaciones que prestan servicios a la red SENAME y que están ligados a la iglesia católica y los partidos políticos de los 30 años (desde la derecha hasta la nueva mayoría)
Necesitamos una red integral de protección a la infancia financiada directamente por el Estado, sin organismos privados y administrada por trabajadores de la salud y educación.”
