En el XII Foro Económico “Desafíos de la Economía y Efectos del Covid-19” organizado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), realizado el 23 de abril, el ministro de Economía, José Luis Parada, participó planteando la ‘necesidad’ del uso de los transgénicos, entre otros temas. Los agroindustriales que venían negociando con Evo Morales hoy directamente imponen sus intereses.
Danica Chungara Militante de Pan y Rosas y de la LOR-CI
Viernes 24 de abril de 2020
Foto: Página Siete
El 23 de abril, el ministro de Economía, José Luis Parada, en un foro organizado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) planteó que Bolivia tiene que cambiar sus medidas en cuanto al tema de los transgénicos para poder competir con otros países que tienen mejores precios. En palabras de Parada:
Aquí estamos en un estudio del sector primario que tiene que tener una prioridad, no solo aquí, sino en todos los países porque todo el mundo requerirá alimentos, y es Santa Cruz en este caso y Bolivia, que tiene un potencial muy grande como para poder seguir desarrollando. Hay que cambiar muchas de las medidas, por ejemplo el tema de los transgénicos, ya no podemos competir sin los transgénicos con los países vecinos que tienen costos más bajos y los hacen competitivos
Esto viene de parte de un ministro que forma parte de un Gobierno que entró gracias a los empresarios, entre los cuales se encuentran los agroindustriales que si bien tenían una relación de consensos y pactos con el Gobierno del MAS, hoy en día son de los sectores que mayor incidencia (directa) tienen en las decisiones gubernamentales.
Con el anterior Gobierno, producto del acuerdo, tras bambalinas, entre miembros del parlamento del Movimiento al Socialismo (MAS) y partidos de aposición lograron pactar a las espaldas de lo que fue la Asamblea Constituyente y diversos sectores que depositaban esperanzas en ese partido. Acordaron cambiar el artículo Art. 408 que establecía: “se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos” por el Art. 409 (el que finalmente fue pactado) que terminó estableciendo que la “producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”. De esta manera, dejaron abiertas las puertas a los transgénicos en la CPE.
Luego, fueron legalizando desde el 2011 productos genéticamente modificados mediante la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (Ley Nro. 144) que establece que “todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado e indicar esta condición”. Sin embargo, dejaron una medida en la que se prohibiría la introducción de “paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.
Hoy en día, vemos como las puertas que el anterior Gobierno de Evo Morales dejó semi-abiertas, el autodenominado Gobierno de transición las está abriendo por completo para que se concentre cada vez con mayor intensidad la producción de alimentos en manos de los agroindustriales. Lamentablemente el agronegocio atenta contra la soberanía alimentaria, nos quita la posibilidad de saber qué se come y produce y atenta contra las especies nativas.
La crisis socio-sanitaria desatada por el Coronavirus está permitiendo que Áñez y sus ministros, aprovechando la cuarentena militarizada, puedan avanzar casi sin resistencia en estos planes.
Sin embargo, para poder tener soberanía alimentaria no podemos seguir la farsa que nos ha vendido el MAS, mientras su Gobierno también constitucionalizaba la propiedad terrateniente. Hoy el espectro golpista, en tiempo récord, empieza a imponer un programa abiertamente neoliberal.
Estos sectores siempre han velado por su ganancia económica, dejando de lado la alimentación de los trabajadores y trabajadoras, los campesinos y los pueblos indígenas, por lo que necesitamos tomar el asunto en nuestras manos y organizarnos para acabar con el agronegocio y sus ganancias millonarias a costa de nuestras vidas. Es necesario pelear por la expropiación de estas grandes propiedades y ponerlas bajo el control de las y los trabajadores agroindustriales y de las comunidades campesinas e indígenas que históricamente se vieron impedidas incluso de consumir de sus propios cultivos.
