Tucumán. Transporte: extorsión, amenazas y la previa de un nuevo tarifazo en Tucumán

La película ya la conocemos. Los empresarios del transporte de pasajeros coordinan para interrumpir todos juntos y al mismo tiempo el pago de los salarios de los choferes; la UTA convoca a un paro por el pago de los salarios adeudados y desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), aprovechan la fuerza del paro para poner sobre la mesa su propia agenda de reclamos: más subsidios y aumento de tarifas. El gobierno amenaza con rescindir contratos, adelanta subsidios y finalmente llega el tarifazo. Esto ocurre dos y hasta tres veces por año.

Esta vez, la deuda es por el 60 por ciento de los salarios de febrero. La semana pasada hubo una primera advertencia de paro, pero inmediatamente aparecieron los fondos para desactivar la medida, al menos eso prometieron.

Según relata Cesar González, Secretario General de la UTA, la provincia transfirió 153 millones de pesos (28/2), 31 millones de pesos (4/3) y 51 millones de pesos (6/3). Es decir, en poco más de una semana las empresas recibieron 235 millones de pesos. Sin embargo, lejos de cancelar la deuda como habían prometido, los empresarios del transporte actuaron en forma coordinada para que ni un solo peso de esa suma vaya al pago de los salarios de manera de sostener la medida de fuerza en reclamo de más subsidios del gobierno nacional.

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Los subsidios previstos para este año ascienden a 2100 millones de pesos, a los que hay que sumar otros 600 millones que salen del presupuesto de la legislatura por el boleto universitario. Además vienen logrando aumentos de tarifas que duplican la inflación anual. Solo en 2019, los tres aumentos de tarifas autorizados por el gobierno de Manzur, implicaron un aumento del 93% en el costo del transporte.

Ahora los empresarios reclaman una deuda de subsidios nacionales por 385 millones de pesos. La respuesta del Poder Ejecutivo provincial fue amenazar con la rescisión de contratos a las empresas de transporte. Esta misma amenaza ya la había espetado el año pasado el intendente, Germán Alfaro, antes de votar junto a los ediles que responden al gobernador el último tarifazo que llevó el boleto interurbano a 30 pesos.

En ese momento desde el PTS en el Frente de Izquierda, se presentó un recurso de amparo para dejar sin efecto la medida, dado que el aumento dispuesto en un año viola incluso la ley provincial que regula en la materia y que sostiene que las tarifas deben ser "justas y razonables", también para los usuarios. Sin embargo, la justicia dejó correr la medida y recién tres meses después está pidiendo al gobierno y a los empresarios el informe de costos.

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Hace apenas apenas dos semanas las declaraciones del Secretario de Transporte, Benjamín Nieva, anticipando un nuevo tarifazo para el mes de abril pasaron inadvertidas. "Esto tiene una explicación, un sentido. Recién en esa época se van a discutir los presupuestos a nivel nacional. Se conversó con el ministro de transporte de la nación mantener ese esquema de subsidio dándole a las provincias lo que corresponde", manifestó.

Mientras tanto, también se están registrando fuertes aumentos en las boletas de luz a pesar del virtual congelamiento de tarifas dispuesto nacionalmente hasta junio. No obstante los tarifazos, el colapso de los servicios públicos parece ser generalizado: cortes de luz recurrentes, inundaciones en la capital por la falta de inversiones de la SAT y un servicio de transporte que además de no invertir, amenaza con bajar las frecuencias para disminuir sus costos.

Alejandra Arreguez, referente del PTS en el Frente de Izquierda, sostuvo que "nos solidarizamos con los trabajadores del transporte y su reclamo salarial, pero hay que abrir los libros de contabilidad de estas empresas y que se investigue qué hacen con toda la plata que reciben y estatizarlas bajo control de comités de trabajadores y usuarios. Tenemos uno de los servicios de transporte más caros y más deficientes a nivel nacional porque a pesar de lo que reciben por venta de pasajes y subsidios, estas empresas no invierten un peso. Pero si siguen en manos privadas es por la complicidad del gobierno provincial que le quita a los docentes para subsidiar a los empresarios y avala tarifazos siderales. Hemos presentado un amparo, pero sabemos que ninguna solución vendrá de la mano de una justicia adicta al gobierno, sino de la más amplia movilización".