El paro total de transporte público de varios días en San Miguel de Tucumán hizo caer el velo del negocio cautivo que tienen las empresas que poseen la concesión del servicio.
Martes 16 de julio de 2019
El paro total de transporte publico de varios días en San Miguel de Tucumán hizo caer el velo del negocio cautivo que tienen las empresas que poseen la concesión del servicio. Frente a cientos de miles de personas que viajan a diario en colectivo para ir al trabajo, la escuela, la facultad, o a atenderse en algún centro de salud.
Es política de Estado desde 2002 el otorgamiento de subsidios al transporte público de pasajeros. Desde ese año, el Estado desembolsa millones todos los meses en calidad de subsidios para que las empresas prestadoras mantengan sus ganancias sin ningún riesgo.
En los últimos años del kirchnerismo los fondos que repartía el gobierno representaba el 80% del gasto de las empresas, con el macrismo se mantuvieron estos subsidios pero se redujeron aproximadamente a un 50% entre fondos nacionales y provinciales. Esta reducción del 30% de subsidios no significó una merma en la ganancia empresarial ni mucho menos, sino que el gobierno lo compensó aprobando constantes incrementos del boleto para que los empresarios mantengan sus beneficios millonarios. Es decir que si el Estado ahora subsidia el 50% de las empresas, el otro 50% del ingreso total de las empresas provendría del las tarifas.
Según información difundida por los organismos nacionales de transporte, lo que le queda al empresario del transporte en términos de ganancias serían un 10% de ese ingreso total, aunque es muy probable que sea más. Asumiendo estos datos como verdaderos, por ejemplo en Tucumán, donde el gobierno provincial reconoció que aporta mensualmente $126 millones en calidad de subsidios, y que nación aporta otros $54 millones, las empresas tendrían una ganancia mensual de $36 millones.
Es decir que las empresas de transporte, que brindan un mal servicio, tienen conflictos salariales con los trabajadores y mantienen una tarifa cada vez mas cara, se llevan millonarias ganancias todos los meses de las familias trabajadoras a las que no les queda otra que pagar el precio que sea del boleto para llegar al trabajo o a estudiar.
Eliminando la ganancia empresarial el estado se ahorra en la ciudad aproximadamente $432 millones al año. Equivalente a la incorporación de al menos 140 unidades nuevas en un año, que ayudarían a reducir las frecuencias de colectivo en la periferia de la ciudad. O por ejemplo si ese dinero se volcara al salario de los trabajadores, sus ingresos podrían aumentar $12.000 pesos mas por mes. Con esos recursos, que hoy se apropian las empresas, también se podrían construir 225 viviendas al año.
Desde el Frente de Izquierda - Unidad consideramos que hay que dar vuelta las prioridades, el transporte público es un servicio básico indispensable como la electricidad para enchufar una heladera, el gas para una hornalla o el agua para bañarnos, que no debería generar ganancias. A su vez, quitando la rentabilidad empresarial de la lógica en que funciona el sistema de transporte, se podrían buscar alternativas donde el transporte público se planifique de manera conjunta con el crecimiento de la ciudad, con mayores criterios de sustentabilidad económica, social y ambiental.
Por eso proponemos la estatización de las empresas de transporte público pero administradas por los trabajadores, controlado por los usuarios y con el asesoramiento de técnicos de las universidades.
