Caja negra. Transporte público en Jujuy: ¿Qué pasa con los subsidios?

A partir del último paro de la UTA el gobierno provincial retomó su planteo sobre una supuesta discriminación a las provincias respecto al Amba en materia de distribución de subsidios destinados al transporte público de pasajeros.

Este reparto de fondos que califican de “desigual” estaría motivando las medidas de fuerza, que recordemos el gremio explicó que se deben al incumplimiento del pago de la última paritaria por parte de las empresas, aunque este reclamo del sector trabajador no es mencionado por el gobierno en su propaganda.

La omisión, tal vez, responda a que dan por sentado que en la estructura de subsidios nacionales, una parte de los mismos se destina a cubrir los salarios. De esta forma, el gobierno provincial, pretendería “matar dos pájaros de un tiro”; satisfacer el reclamo sindical y el de los propios empresarios que pagarían los aumentos de paritarias con fondos públicos. En sus palabras, “que el transporte público sea sostenible.”

Y es en este punto, el de los subsidios, donde el propio gobierno entra en un terreno escabroso, en una caja negra, dado que el Estado nacional, provincial y municipal, efectivamente aportan millones todos los meses, pero ninguna empresa muestra cómo impactan los subsidios en sus costos. Dicho de otra forma, ¿en cuánto abaratan sus costos los subsidios? Desde 2017, en el Concejo Deliberante de la capital jujeña, el bloque del PTS-FIT presentó distintos pedidos de informe al respecto pero no hubo respuesta.

Sin embargo, el gobierno provincial trata de sortear esta cuestión, cambiando el eje de la discusión sobre el impacto de los subsidios en los costos de las empresas por otra. Es entonces que argumentan que el gobierno nacional aporta 270.000 pesos por colectivo en Jujuy, cuando en el Amba aportan 750.000 pesos por unidad.

Y es sobre este punto donde hay que detenerse. ¿Por qué? Justamente, considerando que el gobierno provincial sostiene una metodología de subsidios respecto a unidades (coches) para pedir más fondos al Estado nacional, pero utiliza otra al momento de aumentar el boleto de colectivo. Veamos.

La metodología actual utilizada en el municipio capital (Ordenanza 7402/19) establece un cálculo del boleto de manera tal que se garantice un ingreso a la empresa que cubra el beneficio y los costos por Km. En ningún momento se hace el cálculo según las unidades como insiste el gobierno en su propaganda pública.

De seguirse la metodología aplicada por ordenanza el impacto de los subsidios sobre el boleto sería realmente significativo. Por ejemplo, en marzo las seis empresas que operan en la capital recibieron subsidios por 86.338.264 pesos de Nación. Según el informe-técnico (N° 01/19 Dec. 1623-19-040) con el que se constituyó la ordenanza mencionada una empresa recorre 424.000 km mensuales, considerando el total (6), serían 35.616.000 Km mensuales en la capital. Por ende las empresas reciben 33,9 pesos de subsidios por Km. Si se considerase estos subsidios hoy el boleto en vez de subir a 53,4 debería rondar los 20 pesos. La pregunta del millón es, ¿Por qué entonces se paga mucho más caro el boleto?

La respuesta está en un “pequeño” detalle. En la tabla polinómica utilizada para actualizar el boleto se contemplan distintos costos (salariales, combustibles, depreciación de las unidades, impuestos y otros gastos) pero NO se incluyen los subsidios. Entonces, ¿el problema es como dice el gobierno de una "injusticia distributiva" o hay una avivada? Evidentemente, los gobiernos juegan a favor de los bolsillos empresarios que disfrutan de los millonarios subsidios vivitos y coleando.

Por este motivo, desde el concejo el PTS-FIT solicitó la presencia de funcionarios públicos que expliquen este “olvido” en la fórmula de actualización de los subsidios.

Una llamada al pie, el cálculo de subsidios por Km no incluye los 50 millones de pesos mensuales que el gobierno provincial afirma le entrega a las empresas. Sería conveniente que en aras de la transparencia se informe el destino de estos fondos empresa por empresa.

Si se busca un sistema de transporte sostenible una primera medida debería comenzar por el sinceramiento de este estado de cosas. Frenar el último aumento del boleto, recuperar los informes de costos y las audiencias públicas (lo que implica derogar la ordenanza 7402/19) y establecer un control permanente del sistema por parte de los mismos trabajadores, usuarios, organizaciones de defensa del consumidor y profesionales de la UNJu. En otro artículo, se desarrollará lo que queda picando en este análisis, ¿Es necesario que el transporte público siga en manos del sector privado?