La decisión del intendente radical de cesantear a 460 empleados designados por el intendente saliente derivó en una jornada agitada de protestas. Postales de una transición marcada por la división del peronismo y la asunción de los intendentes opositores.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Miércoles 11 de noviembre de 2015
Fotografía: Primerafuente
La mirada de los medios nacionales, sobre todo de los opositores, se centró nuevamente en Tucumán. Tras dejar sin efecto el pase a planta permanente de más de 460 empleados municipales, Roberto Sánchez (Acuerdo para el Bicentenario-Cambiemos) tuvo que enfrentar su primer conflicto como intendente en “la perla del sur”: manifestantes rodearon la sede municipal con quema de gomas, exigiendo que se respeten los nombramientos. Sánchez sostiene que detrás de estas protestas se encuentra el intendente saliente Osvaldo Morelli (Frente para la Victoria), quién firmó los decretos en los últimos meses, y “punteros kirchneristas”.
El conflicto que comenzó hace unas tres semanas tuvo su pico de tensión el lunes por la noche y en la jornada de ayer. Tras el fracaso de las negociaciones, el intendente junto a un grupo de funcionarios pasaron la noche en la municipalidad. Afirman que los manifestantes no los dejaron salir el edificio y que inclusive hubo disparos al aire.
Por la tarde, tras unas 20 horas en el edificio, Sánchez salió fuertemente custodiado por un operativo policial que incluyó la presencia del secretario de Seguridad provincial, Paul Hofer. Desde la gestión de Sánchez denunciaron por privación ilegítima de la libertad a los manifestantes, y la Justicia liberó la orden de detención de 11 sujetos. Para el intendente la protesta está organizada por “una barra brava mandada por el ex intendente Morelli, dirigida por él”.
A pesar de los cruces, las declaraciones de Sánchez concordaron con los dichos del Ejecutivo provincial. “Algunos trabajan como contratados y otros fueron netamente punteros. Trabajan un día y cobraban todo el mes. Nosotros les propusimos que sólo le renovaremos a los que realmente trabajan, pero están muy intransigentes”, declaró el intendente a Radio Continental. En una rueda de prensa, el secretario de Gobierno Regino Amado afirmó que “nunca estuvo en la voluntad del intendente ni de este gobierno dejar gente en la calles” y ofreció como solución que los empleados permanezcan “en la situación anterior, o sea pertenecientes a algún programa nacional o provincial de trabajo o en una planilla de contratados”.
Finalmente se dio esta salida al conflicto, produciendo el ingreso a planta permanente de un sector (unos 160 trabajadores) mientras se evalúa caso por caso, aunque en un principio se mantendrían la totalidad de los contratos. Por la mañana se firmará en la Casa de Gobierno el acuerdo.
Transición desordenada
La crisis política abierta tras los comicios provinciales de agosto dejó a la gestión de Juan Manzur con un escaso margen de error y maniobra, al menos en los primeros tiempos. En su discurso de asunción reconoció, elípticamente, errores en los doce años de gobierno alperovichista. Convocó a la oposición al diálogo con la perspectiva de una “reforma política” que relegitime al régimen político provincial.
Un primer ensayo del “dialogo” para una transición ordenada se dio en el municipio de Yerba Buena. Allí se encontraron el intendente saliente Daniel Toledo (FpV) con el electo Mariano Campero (ApB-Cambiemos) e inclusive el nuevo concejo deliberante realizó un coaching ontológico “para afianzar vínculos”. Finalmente, Campero denunció que Toledo no le dejó “ni el papel higiénico”.
El discurso de Manzur encontró un eco en el discurso de asunción de Germán Alfaro, intendente capitalino. Entre Alfaro y Manzur opera la división del peronismo tucumano, una de las razones de la crisis de los acoples, y en los primeros tiempos se esperan una convivencia de tensa calma que dependerá de las reconfiguraciones que experimente el peronismo a nivel nacional.
Esas divisiones del peronismo se mostraron solapadamente inclusive dentro del oficialismo cuando asumieron los nuevos legisladores y se tuvo que reordenar la composición del cuerpo. Aunque hubo un acuerdo con los radicales para ocupar la presidencia subrogante y dos vicepresidencias, trascendieron las disputas entre los referentes de los acoples, con amenazas de conformar un bloque propio por fuera del oficialista. Entre ellos se encontraban los legisladores Ruiz Olivares (Acción Regional) y Enrique Orellana (Tucumán Innovador). Los legisladores ligados a Roberto Palina, dirigente de la FOTIA, conformaron un bloque propio.
Las divisiones quedaron aplacadas cuando se puso en discusión los gastos reservados en el presupuesto legislativo. Amparados por la ley, cada legislador recibe entre $80.000 y $200.000 mensuales en gastos reservados, el monto depende de la cercanía con la casa de gobierno. Aquí el consenso opera positivamente, oficialista y opositores cobran mensualmente miles de pesos que no deben ser rendidos. Tras la última ampliación presupuestaria de septiembre la cifra para los “gastos sociales” se triplicó llegando a $506 millones. La mayoría de los cheques fueron cobrados con premura en tiempos electorales.
La crisis en el municipio de Concepción es parte de las tensiones provinciales latentes en la arena política provincial tras los comicios señalados como fraudulentos. El escenario nacional de balotaje enrarece aún más el aire. Las transiciones entre las intendencias suelen estar marcadas por las disputas pero no se limitan a cuando asumen alguien de otro color político. En Famaillá, la intendente Patricia Lizárraga asumió con una protesta de empleados cuyos contratos no fueron renovados ya que desde el municipio se alega “que no hay fondos”. Lizárraga heredó el municipio de su esposo Enrique Orellana.
Está por verse como jugará el resultado del conflicto en Concepción en las tensiones entre la oposición y el oficialismo. A pesar de culparlos por la situación, la oposición tuvo una gran ayuda por parte del Ejecutivo provincial. Rápidamente, Manzur se ufanó de ser un mediador en la solución, para mostrar que su gobierno “preserva las fuentes de trabajo” mientras la oposición busca justificar despidos.
Además de las tensiones, las transiciones evidencian el modus operandi de una casta política en la que no se distinguen oficialista u opositores. La “falta de fondos” es la excusa para despedir o mantener en la precarización a centenares de trabajadores municipales. Seguramente los hechos de Concepción hayan sido motivados por punteros con intereses propios, pero esto no niega que los trabajadores sean la primera variable de ajuste y una prenda de negociación. Mientras que sus sueldos y privilegios crecen obscenamente, sobre esto montan su aparato de punteros (la municipalidad capitalina tiene más de 2000 contratos políticos, por ejemplo). Contra esta casta política, el Frente de Izquierda hace su llamado a votar en blanco en este balotaje, para dar un mensaje político a los candidatos del ajuste, y ser el puntapié para organizar a quienes van a enfrentarlos.
