BOLETIN OFICIAL. Tras décadas de criminalización, se autorizó por decreto el autocultivo de cannabis medicinal

El Gobierno legalizó este jueves el autocultivo de cannabis con fines medicinales y la venta en farmacias de aceites y cremas cuya producción tiene a esa planta como materia prima. Así, el cultivo personal, solidario y asociado de cannabis con fines terapéuticos pasa a tener un resguardo legal que antes no tenía, facilitando que millones de personas puedan tratarse con esos productos con menos riesgo a ser criminalizadas e incluso terminar presas.

El Gobierno modificó la reglamentación de la ley 27.350, de uso medicinal de cannabis. El Decreto 883/2020, firmado por Alberto Fernández, fue publicado a las 0 de hoy en el Boletín Oficial y reemplaza al Decreto 738 de septiembre de 2017 (que reglamentaba hasta ayer aquella ley). A partir de ahora, las obras sociales, el Estado y las empresas de medicina prepagas deben garantizar el acceso a esos productos.

El decreto oficializa lo que en julio ya se había anunciado desde el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a la necesidad de una nueva reglamentación de la legislación sobre este tema.

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Se trata de un paso adelante para una parte considerable de la población que utiliza aceites y cremas basadas en el cannabis, que hace décadas luchan por un marco legal que no criminalice ni encarcele a quienes con ese fin plantan en sus casas marihuana o integran redes de cultivo asociado y solidario.

En las últimas década el Estado convalidó una situación más que compleja, ya que por un lado se enaltecen las cualidades medicinales de la planta, pero por el otro quienes la cultivan en sus casas con fines medicinales son perseguidos como “delincuentes” que violan la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En estos momentos cientos de personas están presas desde hace meses (incluso años) en todas las cárceles del país por plantar, lo que llevó en algunos casos, incluso, a que esas personas no solo fueran privadas de su libertad sino que debieran suspender tratamientos con cannabis (presas no pueden usarlo) empeorando su salud.

El decreto firmado en las últimas horas plantea el objetivo de impulsar “la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos” del cannabis, asegurando “el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias”. Los médicos, a partir de ahora, tendrán “un rol fundamental en el acompañamiento de los pacientes”. Y además se contempla el suministro gratuito “por parte del Estado” de los derivados de la planta bajo “indicación médica”.

A su vez el decreto anuncia la creación del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales, que estará bajo la órbita del Ministerio de Salud. Si bien ese programa estaba estipulado ya en la Ley 27.350, nunca se había puesto en marcha.

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La ley 27.350, de “Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, fue promulgada el 29 de marzo de 2017 por el Congreso Nacional. Pese a su título, fue muy cuestionada por miles de usuarias y usuarios, cultivadoras y cultivadores, médicas y médicos e incluso por empresas que buscan lucrar con la producción masiva de la marihuana medicinal. En ese marco, el decreto de Alberto Fernández considera “impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica”.

La Ley 27.350 también había creado un “registro nacional voluntario” para usuarias y usuarios pudieran acceder gratuitamente al aceite de cannabis y sus derivados. Pero ese registro, según lo dice el nuevo decreto, no se encuentra operativo. Ahora, al menos en la letra, comenzará a funcionar.

“Estas restricciones reglamentarias configuraron barreras al acceso oportuno del cannabis por parte de la población y como respuesta a ello, un núcleo significativo de usuarias y usuarios han decidido satisfacer su propia demanda de aceite de cannabis a través de las prácticas de autocultivo, y con el tiempo se fueron organizando redes y crearon organizaciones civiles que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico sino también de legitimación social”, dice el decreto.

El nuevo decreto afirma que, “a los fines de proporcionar una respuesta equilibrada entre el derecho de acceso a la salud y la seguridad sanitaria”, se establecerá “un registro específico para usuarias y usuarios que cultivan cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos”, y se promoverá “la creación de una red de laboratorios públicos y privados asociados que garanticen el control de los derivados producidos”. En la “letra chica” de la implementación de ese registro habrá que ver los alcances reales de la libertad para cultivar y producir cannabis medicinal por parte de la población.

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Tras décadas de lucha por la legalización del autocultivo y uso de cannabis por parte de usuarias, usuarios, organizaciones y parte de la comunidad médica, claramente la nueva reglamentación es un paso adelante hacia una mejor calidad de vida de miles de personas. A su vez, es un resguardo más contra la criminalización de cultivadores (aunque no dejarán de ser perseguidos por las policías y demás fuerzas represivas del Estado con la ley 23.737 en la mano). La reglamentación anterior había sido promovida por el macrismo, con la impronta criminalizadora de, entre otros funcionarios, Patricia Bullrich.

La lucha de las organizaciones cannábicas y de la población en este tema no se detendrá. Aún resta conquistar una verdadera ley de regulación del uso integral del cannabis y sus derivados, que existe en otros países pero que en Argentina el régimen político y judicial están lejos de atender. Así como la derogación de la ley 23.737 que criminaliza con durísimas penas a quienes portan marihuana y otras sustancias.

La legalización de la marihuana para uso medicinal pero también para uso recreativo, es una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad. Pero sigue imperando la decisión de los sectores de poder más conservadores y reaccionarios, que parecen gozar de llenar las cárceles y comisarías de jóvenes que portan un par de porros mientras los grandes narcotraficantes (verdaderos magnates de la industria ilegal) son amparados por el aparato del Estado, que incluso participa de esas ganancias.

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