FMI. Tras el discurso de Alberto en el Congreso, ¿qué pasará con las tarifas?

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente de la nación Alberto Fernández se refirió a las tarifas como uno de los puntos clave del acuerdo con el FMI, que admitió aún no está cerrado.

En el marco de un discurso que pretende conciliar la idea de un acuerdo con el FMI a diez años "sin ajuste, sin reforma laboral y previsional", Fernández afirmó que “en Argentina se acabaron los tarifazos". Pero a renglón seguido se refirió a la segmentación, con los siguientes lineamientos generales:

• "Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”.

• “Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”.

Debe recordarse que la semana pasada el Gobierno ya aumentó un 22 % las tarifas eléctricas para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mediante la resolución 105/2022 del jueves 24 de febrero firmada por Darío Martínez, autorizando un aumento del 34% del precio regulado estacional de la energía. Es decir, que la discusión con el FMI ya toma como base este aumento (que redunda en un 22% para los hogares) al cual se sumarán nuevos incrementos.

Según publicó el periodista Marcelo Bonelli, trascendidos del ministerio de Economía indican que Martín Guzmán ya habría cerrado esta mañana el "trazo grueso" del acuerdo con el Fondo, y según fuentes cercanas a la Casa Rosada el aumento tarifario de la energía será entre 40 % y 42 %, exceptuando al sector de mayores ingresos que pagará la tarifa plena y a quienes perciben la tarifa social, que sí abonarán la suba del 22 %. Es decir, el Gobierno terminó cediendo a las exigencias del Fondo y el aumento de tarifas será mayor al 20 % que prometió.

La tarifa aumentaría para este sector alrededor de un 80 % de la suba salarial (CVS), que si el año pasado acumuló 53% entre el primero de enero y el 31 de diciembre (según el índice diario publicado por Indec), el aumento final de las tarifas sería de 42,5%. El periodista Iván Schargrodsky escribía en su newsletter de Cenital la misma información respecto al 80 % de la variación salarial al que estarán atadas las tarifas. Por lo tanto, una suba semejante sumado al 22% ya aplicado, sumará el 60 % de tarifazo que el FMI vine solicitando al Gobierno. A menos que el 22 % se tome "a cuenta" del aumento a aplicar. Todas dudas válidas cuando sigue sin conocerse la "letra chica" del acuerdo.

También debe señalarse que la indexación como un porcentaje del aumento de salarios (CVS) termina atando los subsidios y las tarifas a un índice determinado que es un promedio de salarios (afectando más a quienes menos ganan), garantizando un piso de aumento a las empresas privatizadas de las que nunca se menciona ni se cuestiona su rentabilidad.

Otro aspecto indefinido es la población que pagará la tarifa plena, es decir, que no tendrá aplicado ningún subsidio y que el presidente definió como "el 10% de mayor capacidad económica". Según Schargrodsky, "el aumento para este convoy sería de entre 2,5 y 3 veces más de lo que paga hoy. La segmentación se hará, en este y todos los casos, por ingreso y patrimonio -para esto último, más para descartar que incluir, se utilizará la cuestión geográfica-".

¿Pero cómo se determina cuál es el decil (el 10%) que más gana? Si nos guiamos por las publicaciones del instituto de estadísticas oficial, el Indec, alguien que en el tercer trimestre del 2021 ganaba más de $ 62.500 ya ingresaría en el decil 10. Pero este número no representa la realidad, se sabe que en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que es la base sobre la cual se confecciona el informe de distribución del ingreso, hay subdeclaración de ingresos, especialmente de los sectores de mayores ingresos. Por lo tanto, dependiendo cómo se determine el umbral de ingresos, la segmentación tarifaria odría afectar a muchísimas más familias abonando la tarifa sin subsidios que el 10 % que aduce el Gobierno.

En cualquier caso, las tarifas demuestran una vez más que es imposible conciliar un acuerdo con el FMI sin realizar un ajuste. Bajar los subsidios manteniendo intacto sistema de privatizaciones heredado del menemismo, no es otra cosa que garantizar la rentabilidad de las empresas mediante nuevos tarifazos descargados a los usuarios.

Basta de lucrar con un servicio básico

Los tarifazos son un golpe al bolsillo del pueblo trabajador. Los servicios públicos son un derecho esencial y su provisión no puede estar regida por la lógica de la ganancia capitalista.

El sistema energético opera en partes (producción, transporte y distribución) realizado por distintas empresas privadas, herencia del menemismo. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y la distribución a los usuarios.

Es necesario que se abran los libros de contabilidad de las compañías que gestionaron los servicios en estos años para realizar una auditoría de las compañías como Edesur, Edenor, Metrogas, y el resto para que demuestren qué hicieron con los subsidios y que tengan que pagar por el deterioro del servicio.

El sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que voten los órganos de dirección y administración. También tiene que incluir la participación de comités de usuarios populares. Hay que terminar con el negocio de las privatizadas.

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