Muerte en custodia. Tras la muerte de una detenida ordenan a Alak dar atención médica en penal de Los Hornos

Mientras se continúa investigando la muerte de Andrea Navarro Tejeda, ocurrida días atrás en el penal de Los Hornos, el juez en lo penal José Nicolás Vilafañe ordenó que el Servicio Penitenciario garantice la atención médica a las personas detenidas en la plaza penitenciaria ubicada en las afueras de la capital bonaerense. A su vez el magistrado indicó que se deben realizar arreglos edilicios y garantizar la provisión "continua y suficiente"de comida y elementos de higiene.

“El antecedente de que una mujer privada de libertad perdiera la vida, y ante la posibilidad de que su solicitud no hubiera obtenido respuesta con asistencia médica interdisciplinaria, resulta crucial para la presente intervención”, explica el fallo del Juzgado de Ejecución N° 2, tomando los informes realizados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En la inspección que llevó a cabo dicho organismo, las compañeras de "Beba" denunciaron que llevaba una semana pidiendo atención psicológica sin recibir ninguna respuesta de las autoridades de la Unidad Penal 8 de Los Hornos.

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El juez Villafañe reclamó que en los próximos 30 días se tomen las medidas necesarias para garantizar la atención integral de las detenidas, a su vez requirió información sobre la cantidad de personas que reciben o solicitaron en el último mes tratamiento psicológico o psiquiátrico. En el mismo informe se denunció el hacinamiento, las malas condiciones de detención y la escasa provisión de alimentos y elementos de higiene, sumada a la permanente sobrepoblación. Con una plaza para 165 personas, actualmente se encuentran alojadas 269.

En el mes de noviembre el gobierno provincial presentó la tercera etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria. La misma incluye la construcción de 5500 nuevas plazas penitenciarias en cárceles y alcaldías, lo que completará un total de 12 mil en toda la provincia."Estamos llevando un plan de infraestructura penitenciaria como no hubo nunca en 200 años de la historia de la provincia", dijo el mandatario bonaerense en una decisión consciente de salir a disputar con la derecha de Juntos por el Cambio la agenda securitaria de cara a la campaña electoral.

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Sin embargo, los lugares de encierro de la provincia se encuentran en las mismas condiciones inhumanas desde hace décadas, gobierne quien gobierne. Según datos brindados por la CPM, a enero de 2023, 51.983 personas que se encuentran en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, el 51% se encuentra bajo modalidad de prisión preventiva o sin condena firme. La sobrepoblación en cárceles y alcaidías alcanza el 116%. Solamente en 2022 se registraron 190 muertes en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

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Estos datos dejan al desnudo, una vez más, las inhumanas condiciones en las que están encerradas, en su mayoría por delitos menores contra la propiedad o venta de drogas al menudeo (no narcotraficantes). Además el 50% aproximadamente de la población carcelaria está en situación de prisión preventiva, es decir, que no se ha demostrado en juicio sin son culpables o inocentes de los supuestos delitos de los que se los acusa.

Sobrepoblación y condiciones de hacinamiento se han vuelto una fórmula característica de la política carcelaria llevada a cabo por todos los gobiernos, aún de aquellos que, como el Frente de Todos, se arrogan discursos de derechos humanos pero entran en la disputa por la agenda histórica de la derecha con vistas a la carrera electoral.