El lunes el tribunal máximo de EEUU aprobó un fallo que prohibe los despidos a personas LGBTIs. Un traspié para Trump en el marco de la crisis política que atraviesa su gobierno y el movimiento Black Lives Matter.
Pablo Herón @PhabloHeron
Martes 16 de junio de 2020 20:32
La medida de la Corte se ampara en la Ley de Derechos Civiles sancionada en 1964 y surge como respuesta a 3 casos que denunciaron despidos discriminatorios. Sienta jurisprudencia en todo el país de acá en adelante, en un contexto de crisis económica donde en los últimos meses más de 40 millones de personas llegaron a solicitar un seguro de desempleo. Según una encuesta realizada por Human Rights Campaing (Campaña por los Derechos Humanos) un 17% de LGBTIs fue despedido durante la pandemia, cifra que aumenta al 22% para las personas LGBTI negras.
Un traspié para Trump
A pesar de estar compuesta por una mayoría conservadora, la medida adoptada por la Corte muestra cambios y realineamientos que atraviesan el establishment político norteamericano en un contexto de crisis. Sectores alineados con Trump desde el comienzo de su gobierno, hoy toman distancia y mesuran su apoyo mientras el país se encamina a las las elecciones de noviembre en medio de la incertidumbre. En agosto del año pasado el Departamento de Justicia de la administración de Trump presentaba un documento a la corte intentando influir en este fallo, el mismo afirmaba con una transfobia brutal que “el Título VII no prohibe la discriminación contra las personas transgénero basada en su status de transgénero”. Sí, una invitación a discriminar abiertamente.
Trump hizo suya la agenda de los sectores ultraconservadores, como el recorte constante de derechos conquistados en las últimas décadas por el movimiento de mujeres y LGBTI. Una batalla que viene dando en todos los terrenos posibles, queriendo legitimar que LGBTIs no puedan adoptar alegando la “objeción de conciencia” de las instituciones, así como también dando de baja las políticas que abordaban la discriminación a personas trans en las escuelas.
En mayo de 2019 el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS por su sigla en inglés) dispuso una regla por la cual se buscaba permitir que entidades y profesionales de la salud se nieguen a realizar procedimientos como intervenciones o tratamientos en defensa de su “libertad religiosa”. Esta disposición, que apuntaba a limitar aún más el acceso al aborto legal que ya viene siendo atacado en muchos estados y también perjudicaba a LGBTs, fue rechazada en un tribunal federal.
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El viernes pasado el gobierno decidía volver a darle un marco legal a la discriminación en el sistema de salud en medio de la crisis sanitaria. El HHS pasó a definir el concepto “sex” de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio (más conocida como Obamacare), como “hombre o mujer según lo determinado por la biología”. Esto da pie a que los proveedores de salud y los seguros les nieguen a las personas trans atención médica, cirugías para transicionar o la continuación de tratamientos como la hormonización.
No todo es color rosa en la corte
Es imposible leer este fallo sin tomar en cuenta el escenario de protestas contra el racismo y el apoyo que muestran las manifestaciones en algunas ciudades para las demandas de las personas trans. Dos años atrás la Corte Suprema fallaba contra una pareja homosexual, argumentando que un panadero de Colorado tenía permitido discriminarlos según su creencia religiosa. Este mismo lunes, en medio de las protestas por el asesinato a George Floyd, se negó a tratar 8 casos que cuestionaban la llamada “inmunidad calificada”, una defensa legal que permite proteger funcionarios del gobierno ante reclamos por daños y perjuicios ocasionados en el desempeño de sus funciones. Un atributo legal que es utilizado para defender el accionar brutal de la policía ante la justicia. Una vez más, la casta de jueces puestos a dedo garantizando la impunidad de las fuerzas represivas.
El fallo, que es el primero en defender explícitamente derechos de las personas trans, fue escrito por Neil Gorsuch, un juez designado por el propio Trump que se unió a los denominados “liberales” de la corte para que salga a favor. Esto se suma a que tanto el Partido Republicano como mandos militares vienen siendo críticos de las medidas que tomó el mandatario ante la crisis, como cuando declaró que “si las ciudades y los estados rehúsan tomar las acciones necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, yo desplegaré las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y les resolveré rápidamente el problema”.
Hace algunas semanas el mandatario decidió despejar el camino de la Casa Blanca a una Iglesia mediante la utilización de gases lacrimógenos contra manifestantes. Tras la viralización de las imágenes de Trump caminando con una biblia en mano junto a Mark Milley, el militar de mayor rango del ejército, este último declaró “no debería haber estado allí. Mi presencia en ese momento y en ese lugar creó la percepción de que los militares están involucrados en la política interna”.
El mes del orgullo en EEUU se encuentra atravesado por las movilizaciones masivas al grito de Black Lives Matter (las vidas negras importan). Quince días atrás una multitud se reunía frente al bar Stonewall en reclamo al asesinato de Tony McDade en manos de la policía en Florida. El domingo pasado en varias ciudades del país se realizaron manifestaciones donde también se levantaron demandas de las y los LGBTIs. En Brooklyn resonó fuerte la demanda Black Trans Lives Matter (las vidas negras tras importan) en una marcha de más de 15 mil personas, que se realizó en respuesta a los asesinatos de dos mujeres trans negras la semana pasada, Riah Milton y Dominique "Rem’mie" Fells.
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Las manifestaciones no tienen nada de casualidad, el repudio en las calles al racismo y la violencia institucional tiene de telón de fondo una situación donde la discriminación racial, por orientación sexual o identidad de género se conjugan en con combo explosivo con la crisis económica. En la vereda opuesta de saludar el proceso de movilización que incluye iniciativas como el CHAZ, un barrio que funciona sin policías, el Partido Demócrata aspira a canalizar el descontento hacia las elecciones con su candidato Joe Biden, quien hace poco declaraba que había que enseñar a los policías a dispararle a las personas en las piernas en lugar del corazón.
Lo que hoy reconoce la Corte es lo mínimo que le exigimos a una sociedad que se dice democrática. Cada derecho conquistado fortalece la lucha de quienes pelean contra la opresión y la desigualdad en una sociedad desigual por definición. La igualdad formal que prometen los derechos se choca con una creciente desigualdad en la realidad de la mayoría de la población cuyas condiciones de vida se degradan aún más día a día.
Pablo Herón
Columnista de la sección Género y Sexualidades de La Izquierda Diario.