El Tribunal Supremo sentencia a tres años de cárcel a ocho jóvenes del 15-M por haber participado en una masiva movilización llamada con la consigna “Paremos el Parlament" en el año 2011, cuando se estaban votando medidas de recortes históricos en Cataluña.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Jueves 19 de marzo de 2015
Nuevo ataque del poder judicial burgués contra luchadores y luchadoras. Este podría ser el titular de la historia de este proceso judicial iniciado ya hace 3 años. El Gobierno de Cataluña, personado como acusación particular (junto al Partido Socialista de Cataluña, Partido Popular y la asociación de derechas Manos Limpias) no ha parado en su búsqueda de penalizar judicialmente a los activistas que participaron en Junio del 2011 del acto “Paremos el Parlament”.
Aquel día cientos de manifestantes se dirigieron a la sede del Parlament (Congreso) de Cataluña para expresar rabia y rechazo a las políticas de austeridad que el Gobierno de Artur Mas estaba (y está) llevando adelante para hacer recaer las penurias de la crisis en la clase trabajadora y sectores populares.
#JotambéEstavaAlParlament i ho tornaria a fer... #victòria pic.twitter.com/6c1d47f6g5
— Manel (@manelrosalvador) julio 7, 2014
En esta cruzada iniciada por el Gobierno catalán han ido apareciendo actores a lo largo del camino que han tendido la mano sin ningún problema al ejecutivo catalán, mostrando una vez más la verdadera cara de un régimen que se blinda frente a las movilizaciones que atacan y cuestionan sus intereses y sus reglas.
En este sentido el Tribunal Supremo ha sido esta vez el garante de este régimen represivo. Hace unas horas este órgano judicial contradecía la sentencia emitida previamente por la Audiencia Nacional y condenaba de este modo a 3 años de cárcel a 8 encausados, absolviendo a los otros 12.
El mismo presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha sido el encargado de redactar los 94 folios de los que consta la sentencia. En este escrito, una oda a la represión en toda regla, el magistrado sentencia que “el derecho al ejercicio político es el inicio del sistema democrático” dejando claro que “ el derecho de reunión o participación política de los ciudadanos no puede nunca entorpecer el ejercicio de la cámara legislativa”. Se configura así un texto de 94 folios que protege una vez más a los políticos que gobiernan contra las clases trabajadoras y populares.
Esta sentencia será recurrida por los abogados, que esperan que esta “sentencia política” caiga por su propio peso. Eva Labarta, abogada de uno de los condenados, opina que esta decisión no llegará a buen puerto puesto que esperan que el Tribunal Constitucional, órgano al cual van a recurrir, ponga freno a “este ataque contra las libertades de expresión y de reunión”.
Resonaban aún las palabras del representante del ejecutivo catalán en los medios de comunicación, Homs, que ya dejó claro al inicio de este proceso que no se quedarían de brazos cruzados. Las políticas de austeridad, traducidas en paro, pobreza, eliminación de servicios sociales y un largo y duro etcétera para la clase trabajadora, deben ir acompañadas de duras medidas represivas que frenen las movilizaciones en la calle. Y este es un ejemplo claro. Un ejemplo de todo un régimen funcionando para el beneficio de los capitalistas.
En definitiva, puño cerrado para las movilizaciones populares y mano tendida a al fraude fiscal de los Pujol, a los despidos de los trabajadores de Panrico, a las subvenciones de ERE’s y a las palizas y montajes policiales.
