La ley de Bachelet ha quedado en deuda con cientos de mujeres que no pueden acceder a las tres causales, sumado al aumento de la objeción de conciencia a nivel nacional.
Domingo 23 de junio de 2019
Luego de que la Superintendencia de Salud denunciara el incumplimiento de la Ley de Aborto en 3 causales en Iquique, el hospital de la ciudad iniciará un sumario en busca de resposables.
El caso corresponde al de Candy Jamett de 40 años, quien en enero del presente año inició sus controles de embarazo, enterándose a las 12 semanas de la inviabilidad fetal por una severa malformación cardiaca, como una de las causales para Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) contemplada dentro de la Ley.
Lo irregular comienza cuando, dado que la usuaria tiene previsión DIPRECA, se atendió en el Hospital Militar de Iquique, donde se negaron a realizar la intervención y de vuelta en el Hospital de Iquique decidieron “respetar la decisión” del centro asistencial militar, pasando completamente por alto la decisión de Candy y por lo tanto la Ley en vigencia. Pese a esto la Corte de Apelaciones ya había cerrado el caso afirmando que no había ningún conflicto con la ley.
Este caso no corresponde a uno aislado, y si bien a diferencia de otros no puso en riesgo la vida de la madre, sigue siendo una vulneración de derechos que, pese a que la misma legislación lo permite a través de la objeción de conciencia, hace caso omiso de las garantías del aborto en 3 causales mostrando su insuficiencia.
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Por otro lado, el pasado martes la Mesa de Acción por el Aborto y Fondo Alquimia, entregaron un informe que mostraba la ineficiencia de la norma, que hasta ahora ni siquiera a logrado llegar con la información a las usuarias.
El monitoreo se llevó a cabo en centros asistenciales públicos de salud de Antofagasta, valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Aysén. Además es importante destacar que según cifras del MINSAL ha habido un aumento de los médicos especialistas se declara objetor de conciencia de 47% a 50,5% en el último año, mostrando otro de los obstáculos que implementó la actual legislación sobre el aborto en Chile.
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El documento destacó que “la atención en los establecimientos observados en este monitoreo está lejos de los estándares establecidos en la ley y en la propia normativa del Ministerio de Salud. Las falencias parecen asociadas a una implementación de mínimos, focalizada en los y las profesionales directamente involucrados/as en la atención; allí se concentran las capacitaciones, se cuenta con protocolos, y se mencionan discusión clínica y orientación en las entrevistas”.
En esa línea, Consuelo Contreras, directora del INDH, afirmó que el informe del monitoreo debe constituir una alerta de como ha sido el funcionamiento de la ley en los hechos pues “las mujeres sabemos que nos se nos ha regalado nada y que el hacer efectivo nuestros derechos ha sido una lucha permanente”.
Además el informe da aviso de que “el Ministerio de Salud no ha distribuido material de información a las mujeres en los consultorios y en las comunidades”. Concluyendo que “estas falencias en la implementación requieren una pronta respuesta de las autoridades sanitarias ya que muestran una vulneración grave a los derechos humanos de las mujeres en el acceso a una prestación de salud autorizada por ley”.
Pese a esto, los trabajadores de la salud no podemos esperar pasivamente la respuesta de los organismos e instituciones, debemos hacerle frente a la Objeción de Conciencia, instalada a través de la Ley de Aborto en tres causales de Bachelet, que ha fortalecido la derecha, viéndola como una herramienta conservadora para impedir el derecho sexual y reproductivo de cientos de mujeres.
Están en las manos de las y los trabajadores de hospitales y consultorios las herramientas para garantizar una adecuada salud sexual y reproductiva, que garantice anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, que en caso de ocurrir se pueda acceder al aborto dentro de las hoy estrechas tres causales, pero también levantar una tremenda lucha exigiendo su legalidad para que sea financiado por la salud pública en plenitud.
