A poco de cumplirse 39 años del golpe genocida, tres fallos resultan favorables a Blaquier, Massot, Magnetto y Ernestina Herrera de Noble. Sectores de la justicia cómplice con la dictadura y la respuesta del gobierno manteniéndose a fuerza de (doble) discurso.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Martes 17 de marzo de 2015
El dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el gerente administrativo de la empresa, Alberto Lemos durante la dictadura, fueron beneficiados con un fallo donde se les dicta la “falta de mérito” en dos causas en las que estaban procesados por su accionar en el genocidio en la provincia de Jujuy. Tanto sobre Blaquier como sobre Lemos pesaba el procesamiento por su comprobada responsabilidad en secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976, como el del exintendente Luis Arédez, y otros más de veinte que se ejecutaron durante la Noche del Apagón, cerca de cuatro meses después, donde la empresa no sólo marcó a los trabajadores sino que activamente participó brindando la logística a Gendarmería con las camionetas de Ledesma para el operativo.
Sin embargo, a pesar de la multiplicad de testimonios y pruebas, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, determinó el pasado viernes 13 que no había mérito, pruebas, suficiente para mantener el procesamiento. Hay que señalar que también fue desplazado, por decisión de la Cámara, el fiscal Pablo Pelazzo, que fue quien llevó adelante la instrucción.
Pelazzo dijo al diario Tiempo Argentino (15/03): "Existen denuncias previas del sindicato de que se usaban camionetas para detener a militantes obreros. Está probada la estrecha relación entre la empresa y las fuerzas represivas."
Este fallo, no puede soslayarse, se da no sólo a poco de cumplirse un nuevo aniversario del golpe genocida cívico militar, sino en medio de la disputa del gobierno con un sector de la justicia, con el denominado partido judicial, que sale a jugar su partida en este caso a favor de los sostenes de la dictadura. ¿Qué otra cosa podríamos haber esperado del juez Eduardo Riggi? Fue nombrado juez en 1978, e integra la Cámara de Casación Penal desde 1992 cuando Menem lo impulsa a ese cargo luego de la reforma penal de Arslanián. Entre otras denuncias recientes, Riggi está acusado por cohecho y tráfico de influencias para intentar beneficiar a José Pedraza, en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. El resto de los jueces de Casación (Hornos y Gemignani) han revocado fallos que sobreseían a luchadores por corte de ruta argumentando que tal acción de lucha es delito. Hornos por su lado fue, además, docente de la Academia Superior de la Policía Federal.
Reacción del gobierno y el desgaste del doble discurso
El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, se mostró preocupado por este fallo, así como por el que también dispone la falta de mérito a Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, acusado del homicidio de dos obreros gráficos, y por el tercero de la semana, por el cual el juez federal Julián Ercolini había rechazado tomarle declaración indagatoria al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a la dueña del multimedios, Ernestina Herrera de Noble, y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros, por su intervención en el saqueo de Papel Prensa.
No hay dudas de que implican un golpe para los que luchamos por el castigo a todos los responsables del genocidio y que son una muestra de que sectores del poder judicial en muchas de sus instancias tiene lazos intrínsecos con lo más rancio del empresariado local, que no dudaría en volver a usar los métodos más aberrantes para intentar doblegar a la clase trabajadora.
En sus declaraciones, Fresneda ha señalado que "es llamativo que justamente esta semana se hayan dictado tres fallos que absuelven de toda responsabilidad a los civiles implicados en el terrorismo de Estado. Lamentablemente parece que la justicia no quiere avanzar sobre este delito.” (Telam 14/03)
Pero el funcionario no ha dicho que también debería ser llamativo, al menos, que el gobierno nacional, que ha hecho de la defensa de los derechos humanos su bandera, mantenga en sus puestos a jueces provenientes de la dictadura, como Riggi, siendo la justicia uno de los poderes que más continuidad manifiesta con la dictadura. Tampoco le ha resultado llamativo que Pedro Blaquier y Ledema durante los últimos años siguieran amasando fortunas superexplotando a miles de obreros en sus plantas y campos. El gobierno nacional fue uno de los que más los beneficiaron, concediéndole enormes ventajas fiscales para el negocio millonario del bioetanol. Tanto valora Blaquier al kirchnerismo que hasta se reivindicó “cristinista”.
Por último, el propio armado de los juicios contra los genocidas, y los pocos que se llevan adelante contra civiles, favorecen la atomización de las causas, la dispersión de las acusaciones y el hecho denunciado por víctimas y familiares que es la permanente revictimización al tener que declarar decenas de veces. En otros casos, causas y casos que no se elevan jamás a juicio y quedan durmiendo en Tribunales. Esto no le resulta llamativo a Fresneda.
A una semana de cumplirse 39 años del golpe genocida, no sólo la apertura de todos los archivos de la dictadura es una demanda pendiente, sino la imputación inmediata de todos los que ya se sabe han sido parte del genocidio, y la unificación de los juicios por zona y circuito clandestino. El reclamo de elección directa de los jueces y su revocabilidad se impone como urgente en un poder plagado de jueces que han jurado por las actas del proceso.
No podemos, no queremos seguir esperando años que los asesinos de nuestros 30 mil y sus sostenes civiles y eclesiásticos vayan a cárcel común y efectiva.
