Este próximo 30 de julio se cumplen 10 años de huelga en las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco. El Sindicato Minero llama a resolver las huelgas frente a la cerrazón de la empresa Grupo México y se abre un debate con la dirección minera.
Domingo 30 de julio de 2017
El 30 de julio del 2007 estallaron las huelgas en Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, impulsadas por demandas como la seguridad en las minas, el reconocimiento de la representación sindical y el cumplimiento de distintos acuerdos violados por la empresa.
Estos conflictos encabezados por el Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgico y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) contra la empresa Grupo México, del magnate Germán Larrea, han pasado por distintos momentos durante estos diez años de férrea lucha de la base minera.
Desde la exigencia de Germán Larrea para declarar las huelgas ilegales hasta pedir la intervención de las fuerzas militares para desalojar a los mineros, pasando por varios intentos de terminar la relación laboral o ganarle al Sindicato Minero la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de la mano de sindicatos patronales como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), los mineros han sostenido sin titubear 10 años las huelgas y preparan para este fin de semana acciones para recibir el aniversario, exigiendo solución a sus demandas.
En 2011 la empresa Grupo México consiguió un fallo para terminar la relación laboral con los mineros de la sección 65 de Cananea y reabrir la mina con otros mineros y, claro, la CROC, como titular del CCT con perores condiciones laborales para los nuevos mineros.
Pese a que el sindicato fue notificado el 11 de julio del 2011 del término de su huelga, la base minera decidió continuar en huelga y seguir peleando por que se reconociera la terrible violación a sus derechos laborales y la ilegalidad del fallo a favor de la empresa.
Durante la lucha en Cananea, tuvo lugar el derrame de 40 millones de litros de desperdicios tóxicos al río de Sonora, el 6 de agosto del 2014, afectando a miles de pobladores y realizando el desastre ambiental más grande en la historia de México, cuestión que los mineros de la sección 65 retomaron y sumaron a sus reclamos contra la empresa Grupo México.
La actitud propatronal de las instituciones del Estado como las juntas locales y la federal de conciliación y arbitraje, junto con la actitud déspota de la empresa Grupo México, se combinan con la persecución política del Estado al dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia.
Este panorama aunado a los 10 años de lucha donde los mineros han tenido que enfrentar todo tipo de argucias por parte del Estado y la empresa, nos llevan necesariamente a tener que hacer un balance político más que un recuento de fechas y movilizaciones.
La fuerza minera y las posibilidades de vencer
Partimos de reconocer el enorme coraje de las familias mineras de Sonora, Zacatecas y Guerrero, ya que pensar el sostenimiento de la huelga por más de 10 años es irreal sin el enorme apoyo de las compañeras de los mineros que, como las guerreras de plata en Taxco, han sido clave para el sostenimiento de la huelga.
Sabemos que enfrentar a uno de los magnates más influyentes del país, junto con instituciones hechas para la defensa de su riqueza como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no es fácil. Sin embargo, consideramos que hay varias cuestiones que la dirección del sindicato ha pasado de largo y a su vez a preferido levantar un plan de lucha que denota confianza en el Estado y organismos internacionales que no velan por los intereses de los trabajadores.
Decimos lo anterior por las múltiples ocasiones en las que la dirección del sindicato minero ha llamado al Estado a intervenir, como si el mismo fuera un árbitro entre la empresa y el sindicato y no una maquinaría lista para administrar los negocios de los grandes empresarios, mantener el orden y reprimir en caso de que las ganancias y la “paz laboral” sean tocadas.
La clave no es negarse a exigirle al Estado ciertas demandas, sino en función de que esta esa exigencia: si está en función de sembrar confianza en él y sus instituciones o si es en función de desenmascarar su rol como administrador de los negocios capitalistas -cuestión que pondría a discusión la tan necesaria independencia política de la clase trabajadora- y vía una correlación de fuerzas plantear proyectos como la expropiación de las empresas siempre bajo control de sus trabajadores, es decir, en debilitarlo.
También es alarmante el acompañamiento en foros o movilizaciones de parte de presidentes municipales como el priista Fernando Herrera Moreno, ya que es imposible que los integrantes de los partidos del régimen estén dispuestos a ver triunfos de los trabajadores y no negociaciones ventajosas para los patrones.
En segundo lugar, nos parece cuestionable la decisión tomada en el 2012, cuando la dirección sindical decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar el ilegal término de contrato que implicó el fin de la huelga y la reapertura de la mina. Porque esta medida siembra esperanzas en la base trabajadora en que el camino es esperar –cuatro años- a que la CIDH tomara su caso sólo para darse cuenta lo inútil que fue esta medida y no pensar en un plan de lucha para rodear a los mineros de solidaridad nacional e internacional, aprovechando el peso del sindicato minero dentro de IndustriAll para, vía una correlación de fuerzas distinta, obligar al Estado a negociar en condiciones favorables para los mineros.
Por último, si bien la huelga se ha mantenido durante diez años, vale la pena preguntarse qué carácter tiene la huelga y en función de qué está puesta.
Para nosotros este tipo de huelgas denota la enorme combatividad de la base minera combinada con la poca audacia política de la dirección minera que, lejos de pensar la huelga como escuela de guerra para el desarrollo de la conciencia de los trabajadores, simplemente se limita a administrar las huelgas, apoyarlas monetariamente y exigirle al Estado su intervención, negándose a avanzar en demandas más serías como podría ser la exigencia de la expropiación de las minas a Grupo México, sin indemnización, bajo control de los mineros en vías de pensar incluso una explotación racional de los minerales.
Pero para el secretario general Napoleón Gómez Urrutia parece que la lucha sindical y la política están desvinculadas. Por un lado reconoce y dirige las luchas y huelgas mineras, pero por otro lado cuenta sin empachos que antes el Sindicato Minero era priista, hasta que ellos los “traicionaron” por darles la espalda en los ataques que recibieron en sexenios panistas.
Él mismo reconoce que su modelo de país es Finlandia dadas las altas tasas de sindicalización. Con todo lo que antes hemos argumentado, hemos desnudado los peligros de desvincular lo sindical del plano político y al secretario general del sindicato minero le diríamos más PepsiCo y menos Finlandia para las futuras luchas obreras.
La clave para que los mineros, que han mostrado disposición de lucha, puedan vencer es avanzar en una independencia política del sindicato respecto del Estado y de los partidos patronales.
Es confiar en sus fuerzas no sólo como secciones en huelga, sino como uno de los sindicatos más importantes del país con un peso estratégico. Y desde ahí pensar en un plan de lucha que requiere toda la solidaridad nacional e internacional para plantearse golpear duramente al magnate Germán Larrea y golpear duramente a Larrea pasa por pensar como posibilidad no sólo el fin del conflicto y la continuidad de la vida laboral, sino la expropiación sin indemnización de las tres minas y que las mismas estén bajo control de los combativos mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco.
