Marcela, Norma y Vilma acusaron a la Bonaerense por extorsionarlas para dejarlas trabajar. Los mismos delincuentes y sus cómplices judiciales les armaron una causa que las llevó tras las rejas.
Lunes 31 de diciembre de 2018 00:09
Marcela vende barriletes. Su hija, plantines. Su compañera Norma se gana la vida con la venta de carteras. En tanto Vilma ofrece pochoclo en su puesto de la feria del Parque Pereyra Iraola, ese extenso territorio que une los partidos de Berazategui y La Plata.
“Ustedes van a quedar detenidas, con o sin pruebas”, les dijeron hace casi un año. Y así fue.
Las tres mujeres feriantes pasaron este 2018 las fiestas presas, como rehenes de un entramado de intereses poderosos, en el que la Policía, el Poder Judicial y el poder político han avasallado sus derechos, con tareas de inteligencia sobre ellas como si se tratara de peligrosas jefas de una banda narco. Son jefas, sí. Pero de hogar. Porque llevan el sustento a sus casas, de donde faltan desde febrero.
“La orden política parece haber sido limpiar el Parque de ‘estos sujetos’, y la Policía quiere coima a toda costa. Pero aún antes de las detenciones ellas se movieron para conseguir otro lugar y les cerraron todas las puertas, les dijeron que no había diálogo con ellos y después las mandaron presas, porque es un caso donde este era el objetivo”, explicó a La Izquierda Diario el abogado Christian Parodi.
“Hay una justicia clasista que encarcela a los pobres, las compañeras están destruidas, tienen fobias, depresión y ataques de pánico, los peritos oficiales dijeron que les den la domiciliaria pero no hacen lugar”, agregó el letrado.
Marcela es devota de la Virgen. Lourdes, su hija mayor, de 28 años, le armó una capillita en el patio de la comisaría. Rocío, de 24, y Ángel, de 18, también la extrañan, como sus compañeras y compañeros de la feria.
Marcela Gutiérrez, Vilma Díaz y Norma Marín, todas de unos cincuenta años, se hicieron vendedoras ambulantes en 2002 en el Parque Pereyra Iraola. Trabajaron nivelando el terreno, poniendo empalizadas en la zona del Camino Centenario y habilitando baños para visitantes y trabajadores.
Para consolidar el proyecto y trabajar con permiso gestionaron y obtuvieron su personería jurídica como Asociación Civil del Molino Holandés (resolución 5277).
Aunque la crisis fue aumentando el número de vendedores, algunos quedaron por fuera de la feria. Pero ellas avanzaron sin problemas durante quince años. Ante la justicia la Asociación presentó todos los documentos de su actividad comercial y su estatuto.
El desalojo
“No saben qué hacer con los que sobran del sistema, nuestro destino está signado por la suerte de los trabajadores desocupados”, escribieron en una carta pública luego del desalojo del 28 de febrero de este año.
Ese día la feria amaneció con la presencia de cuatrocientos policías de la Guardia de Infantería de la Policía Bonaerense, que con topadoras arrasó con todo.
Hubo luego allanamientos en los domicilios de las mujeres, donde no secuestraron nada que las comprometiera. Las tres feriantes fueron esposadas y encarceladas en la Comisaría Quintra de Florencio Varela, en calabozos de cuatro metros por tres y medio, junto a otras veintiséis mujeres.
A Marcela una vez le subió la presión arterial y por la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria fue trasladada a la alcaidía de Melchor Romero, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. En tanto sus compañas siguen en la comisaría de Florencio Varela, con una sola visita permitida por semana y solo de familiares directos.
Este diario preguntó al abogado Parodi cómo comenzó todo esto.
¿Ellas sufrieron violencia policial?
¿Qué hay detrás de tanta saña?
Ellos no son una mafia. Hacen un fondo común para sus necesidades. Todos nos cerraron las puertas, hasta el propio (intendente Patricio) Mussi en Varela y en Asuntos Agrarios lo mismo, el subsecretario (Sergio) Roberts. Les dijo ‘ustedes feriantes no valen ni un centavo en mi vida, no me llamen más’. Ellos quieren migrar la feria a otro lugar y pagar el canon correspondiente. ¿De qué actividad ilícita hablan si le están pidiendo al propio Estado un predio para seguir trabajando? Son todos monotributistas.
En ese sentido la Defensoría se pronunció a favor de ellos, ¿es así?
El instructor de la Fiscalía, Daniel Ichazo, y el juez Gustavo Mora se lo avisaron al decirles en la cara “ustedes tres van a terminar presas”, como si la Justicia ya tuviera una postura por alguna bajada de línea política de algún sector. Estoy seguro de que tuvieron un accionar espurio porque cumplieron con lo que dijeron.
Además están mal detenidas, porque siempre se mantuvieron a derecho, fueron todas las veces que las llamaron a la Fiscalía, producimos prueba, ofrecimos testigos, dijeron que iban a apartar a los policías de la Tercera de Berazategui y al final el fiscal terminó trabajando con los mismos policías que les habían pedido las coimas bajo la amenaza de que les iban a cortar el cuello con un cuchillo o pegarle un par de tiros.
¿Cómo sigue el proceso?
La defensa técnica ejercida por Parodi proseguirá su batalla a pesar del armado de la causa. Pero no hay razón que justifique el encarcelamiento de estas trabajadoras de la economía llamada informal. En un intento de interceder por ellas la semana pasada acudió al Juzgado de Garantías el obispo auxiliar de Quilmes Marcelo Magni. Vale recordar que el apoyo que recibieron en su momento de los curas nucleados en la Opción por los Pobres no fue suficiente para evitarles este calvario a Marcela, Vilma y Norma, que sufren por ejercer su derecho a trabajar.
