Militares a los cuarteles. Tres sexenios de militarización y un nuevo gobierno. Una crítica socialista a la estrategia de seguridad

En ese agitado clima político, había un problema que venía siendo más visible debido a su exposición mediática: el narcotráfico y la violencia que provocaba la pelea de los grupos del crimen organizado por el control de las plazas y de los mercados ilícitos por todos el país. Y pese a que no era un problema nuevo, la percepción de inseguridad producto de la entrada de grupos contrainsurgentes y ex militares a los cárteles, había aumentado la brutalidad de los asesinatos y los crímenes contra comunidades inocentes.

Y es por ello, que, tras apenas unos días en el cargo, Felipe Calderón, anunció públicamente que le declaraba la Guerra al narcotráfico; de un día para otro miles de efectivos militares tomaron tareas de seguridad pública. Aquello sería el inicio de uno de los planes más catastróficos de seguridad que el país ha vivido y desde entonces, la violencia no ha dejado de aumentar. Hasta el día de hoy hay quién cuestiona si aquello no era un plan que buscaba disciplinar al movimiento social, frente la tentativa de ajuste que el presidente y su equipo estaban preparando.

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Del “ejército a los cuarteles” al “ejército es pueblo armado”

De 2006 a 2011 los asesinatos, desapariciones forzadas y feminicidios fueron en aumento, importantes poblaciones fronterizas vivieron atemorizadas, Cd. Juárez, Tijuana, Reynosa, etc. Curiosamente la situación empeoraba entre más militares llegaban a la zona.

La “Guerra contra el Narco” como finalmente se le llamó a la estrategia de seguridad del presidente, para 2011 tenía cerca de 120 mil muertos y el feminicidio había alcanzado la cifra de 10 mujeres asesinadas al día. Y aunque en mayo de 2011 importantes movilizaciones cuestionaron a lo largo del país la militarización, exigiendo un regreso inmediato a los cuarteles del ejército, la política no cambió, sino que se recrudeció.

Sin embargo, el día 8 de ese mismo mesuna imponente movilización con cerca de 200mil personas marchó de Ciudad Universitaria el Zócalo del entonces DF; el Movimiento por Paz con Justicia y Dignidad tomaba las calles y aunque su dirigente, el poeta Javier Sicilia, rápidamente desecharía la consigna de desmilitarización inmediata, un ala consecuente, que se agrupó en la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización y la Violencia (COMECOM) haría la primer oposición organizada a una política de Estado.

Durante el siguiente sexenio, el del priista Peña Nieto recordado por la brutal represión en Atenco en mayo de 2006 que contó con tortura y violencia sexual contra las mujeres que fueron detenidas ─como haría el PRI durante los años más duros de la Guerra sucia en los 70’s-, esta política tuvo continuidad.

Al grado que, durante ese periodo, sucedió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, uno de los hechos de violencia más atroz de los últimos 25 años, donde el ejército tuvo una participación directa junto a grupos del crimen organizado; se suma la matanza de Tlatlaya donde elementos del ejército ejecutaron extrajudicialmente a varias personas presuntamente implicadas en narcotráfico. Y la lista puede seguir, hasta el momento cúspide, cuando a inicios de 2017 a través de la llamada Ley de Seguridad Interior, el gobierno en turno buscó hacer constitucional la militarización del país, cosa que fracasó por el profundo cuestionamiento que existía hacía las fuerzas armadas.

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A todos estos hechos se le opusieron movilizaciones, las más importantes las que tuvieron lugar durante el último tercio del 2014, cuándo millones a nivel nacional tomamos una y otra vez las calles de cientos de ciudades por la aparición de nuestros 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa, denunciando que los responsables eran el Estado y el Ejército. Hasta el día de hoy se recuerda la consigna #FueEl Estado que invadía la manifestaciones en repudio al gobierno de Peña Nieto.

Durante todo este tiempo, el ahora expresidente AMLO fue un importante opositor a la política de militarización e incluso una de sus promesas de campaña para llegar a la presidencia en 2018 fue decir que en menos de un año el ejército estaría de fuera de las calles, pues esa no era su tarea.

Sin embargo, como si un encanto post-electoral hubiera surtido efecto, esto nunca sucedió. La promesa de “abrazos no balazos” que tan duramente fue criticada por la derecha, escondía tras de sí la voluntad de rehabilitar ante los ojos de la sociedad a las fuerzas castrenses, históricamente perpetradores de asesinatos, torturas, persecuciones y espionaje contra sectores disidentes.

Dejó de prometer ese regreso a los cuarteles, para empezar a llamarlos “pueblo armado” y, sobre todo, para crear un cuerpo de seguridad que está formado inicialmente por elementos que estaban adscritos al Ejército y la Marina, además de un importante caudal proveniente de la extinta Policía Federal que estuviera a cargo de García Luna, a este nuevo cuerpo de seguridad le llamó la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional, su adscripción a la SEDENA y Claudia Sheinbaum

En las últimas semanas, la Guardia Nacional fue oficialmente adscrita a la SEDENA, esto tras una reforma constitucional muy parecida a la que Peña Nieto buscaba construir con su Ley de Seguridad Interior.

AMLO, logró lo que 12 años de gobiernos conservadores no pudieron; hacer constitucional la militarización del país, aunque busque ponerle otro nombre, resulta difícil no ver la continuidad de una política con el plan anterior de seguridad.

De manera furiosa, la derecha salió a decir que, con esto, el supuesto autoritarismo de AMLO y la 4T se acentuaba, sin decir una palabra del criminal papel que jugaron para que los niveles de violencia en el país hayan llegado al estado actual de las cosas.

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Las promesas de continuidad en la política de seguridad pública ─que no rompió con la lógica militarista del prianismo en el sexenio de AMLO, a pesar de lo que dice el oficialismo- tras la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta se expresan en los cuatro ejes formulados en la materia: el primero, que se refiere a la supuesta atención a las causas; el segundo, que habla de la consolidación de la Guardia Nacional con su adscripción a la Sedena; el tercero que plantea el Fortalecimiento de Inteligencia e Investigación; y el cuarto, referente a la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, con la Fiscalía General de la República y con las Entidades Federativas

Además, un mensaje importante fue lanzado con la incorporación de Omar García Harfuch, descendiente directo de una larga dinastía de represores, y Ernestina Godoy, la ex fiscal de la CDMX que acompañó y respaldó la continua represión al movimiento de mujeres en la capital, que habla de un respaldo a la estrategia seguida durante el sexenio pasado.

A esto, se suma la nueva verdad histórica que quiere exculpar a las fuerzas armadas de los sucesos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, pretendiendo decir que no tuvieron nada que ver, cuándo la participación activa del ejército y del Batallón núm. 27 ha quedado muchas veces en evidencia.

Que diputados y gobernadores que son parte del PRI y del PAN tengan algún nexo con grupos del narcotráfico no nos sorprende, su historial histórico lo demuestra, pero siendo que la 4T se reclama progresista, alerta mucho que gobernadores como el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya quien ha sido parte de la vida política de su estado desde hace décadas, haya sido señalado por vínculos con el crimen organizado, lo cual muestra la continuidad de la vieja política.

Lo mismo el nuevo Secretario de Seguridad, Harfuch, quien aparte de su tradición familiar, fungía en tareas de seguridad la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y ha sido señalado por sus nexos con grupos del narcotráfico que operan en la CDMX.

Y estos son sólo algunos ejemplos, de que cuando hablamos de estrategia de seguridad, no importa el sexenio del que estemos comentando, nos estamos refiriendo a una continuidad en la estrategia policiaco militar de seguridad pública que, lejos de haber reducido la violencia, la ha llevado a cifras inusitadas.

Desde hace 18 años en México urge construir un amplio movimiento que rechace la militarización de los gobiernos conservadores y la continuidad que la 4T le ha dado a la misma política. Donde los pueblos originarios asediados por el narco, el movimiento de mujeres que lucha vs el feminicidio, los estudiantes que son hostigados y desaparecidos por las fuerzas de seguridad y el movimiento obrero que es reprimido cuándo pelean por sus derechos sean la punta de lanza, para que de una vez y por todas, con mando militar o civil, los militares regresen a sus cuarteles, y el presupuesto usado en ellos se destina a educación, salud y cultura.

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