El lunes 25 de noviembre el Tribunal Constitucional de Perú declaró fundado el Habeas Corpus a favor de Keiko Fujimori, con lo cual se anula la prisión preventiva contra la ex candidata presidencial quien, desde octubre del año pasado se encontraba en prisión acusada de haber recibido dinero de la empresa constructora Odebrech.
Martes 26 de noviembre de 2019 22:30
Foto: Diario La República
Esta decisión del Tribunal Constitucional se da en un contexto en el cual se hicieron públicos los aportes económicos de importantes empresas nacionales como el Banco de Crédito o Leche Gloria a la candidatura de Keiko Fujimori, lo cual puso en evidencia la estrecha relación entre los grandes empresarios, los partidos políticos y los gobiernos de turno. Así mismo, con la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional quedó demostrado una vez más que las diversas instituciones del Estado están permeadas por los intereses económicos y políticos de determinados sectores que desde estas altas esferas van construyendo la inmunidad e impunidad para quienes les son necesarios a fin de mantener sus privilegios de clase.
Tener en cuenta esto es doblemente importante ya que el Tribunal Constitucional es el órgano jurídico de mayor jerarquía en el Perú ya que tiene un carácter dirimente cuando se presentan determinadas controversias. Como bien lo establece la legislación peruana: “El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad”, osea, es el que define en última instancia lo que es “bueno o malo”.
Para que las reuniones del pleno del Tribunal Constitucional tengan el quórum del caso se hace necesaria la presencia de siete miembros. Para votar sobre la viabilidad del habeas corpus en el caso Keiko Fujimori participaron los siete miembros requeridos de los cuales 4 votaron a favor y 3 en contra. A favor estuvieron los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos y en contra se pronunciaron Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda y Marielena Ledesma.
Como se recuerda, Keiko Fujimori cumplía prisión preventiva en la cárcel de Santa Mónica, la cual fue sancionada por el juez Concepción Carhuancho, al haberse demostrado pagos irregulares de la constructora brasileña Odebrecht a la ex candidata presidencial y su partido, Fuerza Popular, los mismos que fueron confesados y confirmados por los directivos de esta empresa. Esto permitió a la Fiscalía impulsar las investigaciones que derivaron en la orden de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko.
La empresa Odebrech, según declaraciones de su ex superintendente, Jorge Barata, aportó en total 1,2 millones de dólares a la candidatura de Keiko Fujimori en las elecciones de 2011. Sin embargo, esta práctica no se limitó a la hija del ex dictador, Alberto Fujimori, sino más bien fue muy común entre los políticos peruanos de las diferentes tiendas y posturas que van desde la derecha más conservadora, el centro y la izquierda reformista. Por eso las declaraciones de Barata terminaron demostrando que la constructora brasileña financió también las campañas políticas del APRA, Alianza por el Gran Cambio, Perú Posible y las candidaturas de Keiko Fujimori, Alan García Pérez, Pedro Pablo Kuzcynski, Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala y últimamente – a través del caso de los CODINOMES - salió a la luz la vinculación del líder de Juntos por el Perú, Yehude Simón, a los turbios negocios de la constructora brasileña.
Fue precisamente el destape de estos hechos lo que gatilló la crisis política abierta el 2016 que terminó con la caída de Pedro Pablo Kuzcynski y la asunción de Martín Vizcarra, quien para desviar el descontento social y paliar la embrional crisis orgánica que se empezó a vivir en el Perú a raíz del descrédito de los partidos políticos y las instituciones del régimen, terminó cerrando el congreso y convocando a elecciones complementarias para el 26 de enero del 2020. Esta medida, debido al gran desprestigio del fujimorismo y del parlamento, ha permitido al presidente en su momento elevar considerablemente sus niveles de popularidad y poder implementar - vía decretos supremos - sus políticas de ajuste contra los trabajadores y el pueblo pobre en un marco de estabilidad social.
Por esa razón, esta última decisión del Tribunal Constitucional de liberar de prisión a Keiko Fujimori ha generado mucho descontento, a ello se debe que el mismo lunes se dieron movilizaciones espontaneas en Lima. Sin embargo, el descontento que hoy empieza a vivirse en el Perú también está motivado por la desaceleración de la economía que ya ha empezado a sentirse en los bolsillos de los trabajadores y el pueblo pobre, por eso empiezan a generarse expresiones concretas de lucha social como las huelgas campesinas contra la minería en el valle de Tambo, Moquegua o el corredor minero, así como las huelgas docentes del pasado 21 y 26 de este mes y la huelga nacional de los trabajadores mineros que empieza este 27 de noviembre. Todas ellas en síntesis confrontan la política de “reactivación” económica de Martín Vizcarra que se sostiene en promover más privatizaciones y recortes a los derechos de las y los trabajadores.
En ese entender, si queremos que los corruptos como los Fujimori sean sancionados realmente, nada podemos esperar de las actuales instituciones del Estado que, como el tribunal constitucional o el poder judicial, han demostrado estar al servicio de los empresarios y los políticos de turno. Tampoco podemos esperar nada de Martín Vizcarra quien representa los intereses de esos mismos empresarios que no dudaron en financiar a Keiko Fujimori. Para empezar a sancionar realmente a los corruptos y poner la economía al servicio de las grandes mayorías explotadas y oprimidas, necesitamos recuperar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nazca de la movilización social y de la ruina del viejo régimen de 1993 que legaliza el funcionamiento amañado de las actuales instituciones que están al servicio de la corrupción, el saqueo nacional y la explotación de la clase trabajadora.
