Crisis política. Tribunal Constitucional de Bolivia bloquea la candidatura de Evo Morales para 2025

En medio de otros asuntos sobre la elección de los miembros y competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ese órgano emitió el 28 de diciembre una resolución donde se pronuncia, entre otras cosas, sobre la “reelección indefinida” y en concreto la legalidad o no de una posible postulación de Evo Morales a las elecciones del 2025.

En esta nueva resolución el TCP se alinea con la jurisprudencia internacional de la CIDH que declaró que esta figura, la de la reelección continua e indefinida, no es un derecho humano. Esta alineación de la reciente resolución del TCP deja de lado la escandalosa resolución que este mismo tribunal, aunque con otros miembros, emitió el año 2017 para facilitar la candidatura de Evo Morales a una cuarta elección presidencial, sin considerar el rechazo a esta figura en el referéndum del 21F del 2016, que impidió que Evo Morales pudiera modificar la constitución para una nueva reelección.

Las disputas entre el evismo y los renovadores del MAS, impactan al interior de las reparticiones estatales, incluido el parlamento y también en el órgano judicial y el TCP quienes deberían haber cesado sus funciones el pasado 31 de diciembre. El sabotaje por parte del TCP, a los diversos proyectos de ley para que las elecciones judiciales pudieran efectivizarse en los plazos establecidos, dio resultados, alentando a este mismo tribunal a emitir una declaración que prorroga sus funciones hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda garantizar elecciones judiciales, según ellos, que sean constitucionales.

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De esta manera el gobierno de Luis Arce se asegura el control de este organismo que ya ha venido interviniendo en la vida política no solo del MAS sino de diversas organizaciones sociales y sindicales, arrogándose el derecho a determinar incluso la legalidad o no de diversos eventos, como por ejemplo el pasado congreso del MAS, en la localidad de Lauca Ñ, que ha sido declarado nulo por el OEP (Órgano Electoral Plurinacional) luego de una resolución del TCP.

TCP se erige como un súper poder de Estado

Durante el último año el TCP ha venido interviniendo en forma creciente en la vida política del país. Esto es resultado de la implícita tendencia de todas las fuerzas políticas a mantener las disputas y toda la polarización social y política en los estrechos marcos de la legalidad e institucionalidad estatal, sobrecargando a este organismo de peticiones cuyas resoluciones tienen efectos directos e inmediatos en la política y en el régimen. La posibilidad de que este organismo político – jurídico de establecer sin recurso de apelación posible, lo que es constitucional –y por lo tanto legal- de lo que no lo es, lo empieza a convertir en un súper poder del Estado, posición que va en contra de la misma constitución que solo determina la existencia de cuatro órganos estatales (órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial y órgano electoral) que concentran el poder político del Estado.

Este creciente papel de árbitro, es decir bonapartista, en todas las disputas políticas, teniendo la posibilidad de dejar fuera de las elecciones a representaciones políticas con alcance nacional y fuerza social, condiciona el rumbo político del país y acelera las tendencias a la degradación de la misma democracia burguesa, cuyas reglas de juego pueden ser modificadas discrecionalmente a voluntad de los 7 miembros del TCP.

Postulación de Evo Morales a la presidencia el 2025 ¿imposibilidad jurídica o jugada proscriptiva?

La STC (Sentencia del Tribunal Constitucional) 1010/2023, con un ampuloso desarrollo argumentativo, busca impedir la postulación de Evo Morales a la presidencia para las elecciones del 2025, afirmando que:

“Finalmente cabe señalar que el art. 168 constitucional prevé una norma idéntica a la antes analizada 156 de la misma norma fundamental, en cuanto al periodo de mandato de cinco años de los asambleístas, que rige también para la presidenta o presidente, vicepresidenta y vicepresidente, pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua lo que significa, tal como se señaló precedentemente, que el ejercicio de dicho cargo puede extenderse a otro periodo similar de manera continua, no siendo posible pretender posterior a ello, volver a candidatear y menos ejercer dichas funciones por un tercer periodo, porque como ya fue dicho anteriormente, no existe derecho absoluto a la postulación indefinida, y su prohibición es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta Democrática Interamericana; así como el postulado contenido en la Constitución Política del Estado, en su art. 168; pues la habilitación de la reelección indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa, y busca evitar que una autoridad se perpetúe en el poder y esa manera se asegura el pluralismo político, la alternancia en el poder, así como el sistema de frenos y contrapesos (…) Entender a partir de lo previsto por el art. 168 de la CPE, luego de ser reelegido por una sola vez de manera continua dejando un periodo, se puede nuevamente acudir al derecho de ser elegido, no es conforme a la constitución (destacado nuestro, NdR) porque este criterio interpretativo no condice con el sentido finalista de la constitución, bajo ningún concepto (…) Si el pacto constituyente hubiera tenido otra intencionalidad no hubiera colocado la frase de ´una sola vez´” [1].

Con estas afirmaciones el TCP, en línea con el gobierno de Arce en sus disputas con el evismo, y también con los golpistas de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y de Creemos de Luis Fernando Camacho, encubre la voluntad política antidemocrática de proscribir, de aquí en adelante, la postulación de Evo Morales a la presidencia. La resolución, lejos de afectar únicamente a Evo Morales, es en realidad proscriptiva de la voluntad política de cientos de miles de seguidores del ex presidente Morales.

Encubren esta decisión política mediante la palabrería y la chicanería jurídica, método muy arraigado en todos los tribunales del país y que ha conducido a un agravamiento de la deslegitimidad del Órgano Judicial y del conjunto de la institucionalidad estatal, apenas contenida por la voluntad de todos los actores políticos y sociales de mantener, por el momento y producto de su debilidad, la lucha política en el terreno legal e institucional.

Empero, esta contención cada vez más débil, puede terminar estallando y conducir toda la polarización política al terreno callejero. La consolidación o no de esta resolución constitucional, dependerá en definitiva de cómo se desarrolle la lucha política y en particular de sus manifestaciones callejeras. Creer que el evismo o diversas organizaciones sociales y sindicales no reaccionarán ante semejante jugada antidemocrática es como mínimo pecar de ingenuidad legalista e institucional.

Evo Morales, “víctima” de su “propia medicina”

El ex presidente denunció por la red social X, apenas conocida la resolución constitucional, la voluntad política del TCP para impedir su postulación electoral.

Nunca hubo prohibición a la reelección discontinua. La Opinión Consultiva 28 se refiere a la reelección de presidentes que están en el poder. Por eso el hermano Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil de manera discontinúa. Existe jurisprudencia. Además de eso, la…

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 31, 2023

Así también, ex ministros y representantes del evismo en el parlamento y en algunas organizaciones sociales rechazaron esta resolución y denunciaron los intentos de impedir que Evo Morales pueda volver a ser candidato y eventualmente presidente. Sin embargo, la correcta denuncia de esta política antidemocrática, no puede ocultar que fue el mismo Evo Morales, a través de su ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, y de Álvaro García Linera, quiénes negociaron con la derecha la inclusión del art. 168 que hoy es utilizado para impedir la re-postulación de Evo Morales [2].

Luego fue él mismo quien impulsó la instrumentalización judicial de la lucha política. Como se recordará, Evo Morales luego de haber perdido el referéndum del 21F, para modificar la constitución y abrir paso a una nueva reelección continua, la tercera según la nueva CPE, recurrió a este mismo tribunal para obtener la resolución 084/2017 que calificaba la reelección indefinida como un Derecho Humano. También, por ejemplo, cuando las y los trabajadores de la Universidad Nacional de Siglo XX (UNSXX) y del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (SMTMH) estuvieron a la vanguardia en la formación del Partido de Trabajadores (PT) basado en la COB y los sindicatos, Morales impulsó una sañuda persecución judicial contra las y los trabajadores hasta la caída del sindicato y el abandono del PT por parte de la burocracia cobista.

Las denuncias contra Arce sobre la instrumentalización y división de las organizaciones sindicales y sociales mientras se judicializa a toda oposición política, olvida que fue el evismo quien hizo uso y abuso de estos métodos antidemocráticos de gestión de la política. Hoy recibe una pequeñísima parte de lo que fue habitual por lo menos en sus últimos 5 años de gobierno, hasta su renuncia y fuga del país durante el golpe de Estado del 2019.

Contra la derechización y judicialización de la política: impulsar la movilización independiente

Quiénes formamos parte de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI) y que también hemos palpado la persecución política y judicial de Evo Morales y su gobierno por haber denunciado no solo una política de colaboración de clases con la oligarquía cruceña, basada en pactos y acuerdos, combinando esto con tendencias autoritarias contra sectores obreros, campesinos y populares, como fue con el PT, en la lucha del TIPNIS o Tariquía y otras, rechazamos y llamamos a movilizarnos para enfrentar las fuertes tendencias derechistas y autoritarias que emanan desde el Órgano Judicial y con el visto bueno del gobierno de Arce.

Todo ataque a los derechos y las libertades democráticas es un ataque que más temprano que tarde se expresará contra las y los trabajadores y el pueblo. Lejos de limitar la lucha a la eventual candidatura de Evo Morales, como pretenden burócratas afines al evismo, es urgente impulsar la movilización para enfrentar las tendencias autoritarias y promover la lucha por una verdadera y genuina ampliación de derechos y libertades democráticas.

Un primer paso en este camino pasa por exigir la elección libre de las y los magistrados al Órgano Judicial, terminando con el filtro parlamentario y las componendas que agravan la naturaleza derechista y conservadora de este órgano estatal. También se trata de exigir la revocabilidad de sus mandatos, así como exigir que todo funcionario y funcionaria judicial gane el equivalente al salario de una maestra de escuela o de un trabajador fabril calificado. Estas son algunas de las medidas orientadas a poner fin a todos los privilegios que convierten a lxs miembros del órgano judicial en una verdadera casta divorciada de los intereses y las necesidades de las y los de abajo. Sin embargo, llevarlas adelante no dependerá de nuevas y más acciones judiciales, sino que solo podrán efectivizarse a partir de la organización independiente y desde abajo del pueblo trabajador del campo y la ciudad. Basta de seguir mirando cómo los de arriba disputan y negocian con impunidad sus intereses mientras tienen en común vulnerar los derechos de las y los de abajo.